El atropello a la soberanía mexicana por parte del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador no motiva de momento una reacción enérgica por parte de Estados Unidos.

El comunicado emitido por el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, es escueto, no menciona a Noboa ni condena fuertemente a su gobierno, señala más bien la violación de pactos internacionales e insta a retomar el diálogo poniendo al mismo nivel a las dos partes sin reparar en quien agredió a quien. La OEA emite una música similar.

Es notable: el secretario de Estado Antony Blinken organiza foros para defender la democracia global pero esgrime una actitud cauta ante la violación de la Convención de Viena, que es una piedra angular de las relaciones internacionales en Occidente.

Pregunta ineludible que por estas horas diplomáticos mexicanos enarbolan en Washington: ¿Cómo se leerá esta actitud de tibieza en aquellas autocracias donde el refugio en embajadas es la última opción de quienes escapan de las tiranías? El gobierno mexicano espera una afirmación contundente y en lo posible desde la Casa Blanca, lo cual todavía no sucede.

La clave de esa mesura, según pudo conocer esta redacción, podría pasar más por París que por Washington. Allí despacha como embajadora de Ecuador Ivone Baki, que ocupó el mismo cargo en Estados Unidos para cinco presidentes ecuatorianos. Su primera misión fue a finales de los 90, cuando la designó el entonces mandatario Jamil Mahuad quien en 1999 logró dolarizar la economía del país sudamericano. Es la arquitecta del tratado de libre comercio entre Ecuador y Estados Unidos y además fue candidata presidencial.

Graduada en la Sorbona y con estudios en Harvard, la agenda de Baki en Washington es extensa y no conoce de diferencias políticas, es amiga personal de Donald Trump pero también se lleva bien con la familia Obama y con el staff de Joe Biden. En su última despedida de Washington, antes de trasladarse a Francia, en la celebración estuvieron tanto Daniel Erikson, actual consejero para América Latina de la Casa Blanca como la generala Laura Richardson, mandamás del Comando Sur. También estuvo Chrstopher Landberg, subsecretario de Asuntos Antinarcóticos.

A partir de estas relaciones Baki ha instalado en Washington, desde hace una semana, la tesis de que Andrés Manuel López Obrador fue quien en realidad violó la soberanía ecuatoriana primero al concederle asilo a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa condenado por presunta corrupción.

Un movimiento calculado porque la principal acusación sobre Glas es la trama Odebrecht, que es una pesquisa judicial iniciada en una fiscalía de Estados Unidos cuando gobernaban los demócratas, en las administraciones de Obama.

El caso Odebrecht rediseño prácticamente las relaciones de este partido político con América Latina. El mejor ejemplo es Brasil, donde Obama pasó de decir que Lula Da Silva era uno de los presidentes más importantes del mundo a rechazarlo públicamente por el papel que jugaron funcionarios de su gobierno en ese expediente.

Noboa, a través de su diplomática estrella, ha desplegado con estas ideas un cabildeo que de momento lo preserva de sanciones más graves y que hace juego con otra realidad que es la guerra que su gobierno ha emprendido contra mafias y grupos narcos que tienen vinculaciones con los principales cárteles de la droga mexicanos.

Es una diferencia sideral porque mientras republicanos y demócratas abrazan la causa ecuatoriana, los primeros prácticamente no dejan pasar una semana sin acusar al gobierno mexicano de una supuesta colusión con el crimen organizado. Algo que los segundos tampoco cuestionan demasiado.

El gobierno de Noboa además insiste con un argumento que agrada en Estados Unidos y que tiene que ver con el trasfondo de las crisis diplomáticas de López Obrador en Sudamérica: siempre se generan por una situación de "auxilio" a políticos con problemas judiciales. Sucedió en Bolivia y en Perú y ahora ocurre en Ecuador. Y generalmente suelen ser dirigentes con mala prensa en Washington.