Embanderada en la lucha contra la corrupción, Elisa Carrió se imagina al frente de una posible “Conadep” que investigue los delitos cometidos durante el kirchnerismo, una idea nacida en el seno del Frente Amplio Unen pero que todavía está lejos de acercarse a la realidad.

Aunque el proyecto todavía es apenas una expresión de buenas intenciones, Lilita ya empezó a plantearle a algunos colegas la posibilidad de presidir esa comisión, según comentaron a LPO desde bloques opositores.

La diputada nacional juega desde hace algunos meses con sus posibilidades para 2015. En algún momento fue la jefatura de Gobierno porteña, luego la Gobernación bonaerense, para volver a pensar en la presidencia.

Lo cierto es que todavía no tiene un horizonte claro y es por eso que ante la mínima coincidencia de buena parte de la oposición para la creación de una comisión investigadora de la corrupción, Carrió ya se promociona para ser la conductora de ese proyecto.

La idea de la “Conadep de la corrupción” es impulsada fuertemente por el radicalismo y ha sido tomada con pinzas por el PRO, el Frente Renovador y la misma Carrió. Lilita impulsa principalmente un proyecto para que puedan confiscarse los bienes de los funcionarios condenados por estos delitos, pero sí ve con buenos ojos comandar una comisión de ese estilo.

Pero hasta ahora la principal duda es por la naturaleza del proyecto, ya que no ha pasado de declaraciones entusiastas de algunos dirigentes como Ernesto Sanz y Julio Cobos. Un integrante de la bancada radical admitió que por ahora no hay ninguna novedad y difícilmente la haya en las próximas semanas.

En otra fuerza opositora dijeron a LPO que no tienen para nada claro cómo sería la puesta en práctica del proyecto y consideran que es inviable realizar algo similar a lo que hizo la Conadep. Sin embargo, no pondrían reparos a acordar con el resto de la oposición que la comisión quede en manos de Carrió.

Los proyectos más viables

La idea de avanzar contra la corrupción por parte de la oposición tiene coincidencias en tres iniciativas: imprescriptibilidad de los delitos, incautación de bienes y aumento de las penas.

Ayer, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzó a debatir quince proyectos que proponen la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La autora de uno de ellos y presidenta de la comisión, Patricia Bullrich argumentó que es necesaria esta medida debido a que “los gobiernos, previa o simultáneamente con sus actos de corrupción, desquician el sistema jurídico y, de tal modo, dificultan en gran medida la aplicación de la ley”.

“Se demanda entonces un tiempo muy largo para reconstruir el sistema de persecución penal y los controles que hagan posible la investigación y penalización de los delitos”, agregó Bullrich.

Hasta ahora, la prescripción está atada al tiempo de la condena. Es decir, un delito prescribe cuando el tiempo que pasa desde que se cometió es superior a la pena máxima para el delito que se imputa, salvo con determinadas excepciones.

Bullrich presentó el año pasado un proyecto que prevé modificar el Código Penal y establecer que “los delitos cometidos en ejercicio de la función pública son imprescriptibles en relación a las personas que participaron del mismo desempeñando un cargo público”, un texto que va en sintonía con las otras iniciativas.

Sin embargo, si en algún momento esta modificación llega a ser ley, podría plantearse un conflicto judicial ya que los tratados internacionales con rango constitucional van en línea con lo que plantea actualmente el Código Penal.

El artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre sostiene el derecho a “ser juzgado sin dilación injustificada”. El 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos plantea el derecho a “ser juzgado dentro de un plazo razonable” y el 14.3 inciso c establece la garantía a “ser juzgado sin dilaciones indebidas”. Finalmente, el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también inscribe el derecho a “ser juzgado dentro de un plazo razonable”.

Es decir que el primer escollo que enfrentaría una modificación de este tipo es la normativa internacional a la que adhiere el país y que en principio obligaría a cualquier juez a voltear la imprescriptibilidad.