El kirchnerismo continúa con su política de persecución a los medios independientes y ahora busca clausurar a los portales de noticias.

Pese a que la propia Cristina Kirchner despenalizó las calumnias e injurias, ahora dos sus diputados más radicalizados, Remo Carlotto y Diana Conti, presentaron un proyecto que otorga al INADI la atribución para clausurar por 30 días a los medios de comunicación digitales "que admiten que los usuarios publiquen contenidos, opiniones o dejen mensajes en sus respectivos dominios" de carácter racista o xenófobo.

Según adelantó el portal Periodismo.com, el proyecto de ley, al que accedió LPO, se titula “Actos discriminatorios e instrumentos de Derechos Humanos. Promoción de la no discriminación en Internet” y fue promovido con el objeto de "propiciar la diversidad, el pluralismo y el respeto por la dignidad y privacidad de las personas en internet, evitando la difusión de mensajes con contenido discriminador a través de plataformas de contenidos producidos por los usuarios, en el marco del estricto respeto por la libertad de expresión".

Las sanciones para los medios en cuyas páginas los usuarios hayan emitido expresiones discriminatorias, van desde un apercibimiento o multas de entre 5 y 20 salarios mínimos hasta la “clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días”. La medida podría llegar a “la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare”.

De acuerdo con el proyecto de Conti y Carlotto, "será considerado contenido discriminador aquellos mensajes publicados en las plataformas de contenidos producidos por los usuarios que menoscaben o insulten a las personas por su condición étnica, de color, de nacionalidad, religión, género, identidad de género o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, trabajo u ocupación, caracteres físicos, capacidad psicofísica, condición de salud, perfil genético o pobreza".

Las medidas se podrían aplicar a "páginas, blogs, redes sociales, agencia de noticias, medios de prensa, diarios on line, revistas electrónicas y otros sitios de internet que admiten que los usuarios publiquen contenidos, opiniones o dejen mensajes en sus respectivos dominios", según el texto.

Censura

En diálogo con LPO, la titular de la Fundación Led, Silvana Giúdici, señaló que el proyecto “es inconstitucional” porque viola los artículos 14 y 32 de la Carta Magna y los tratados internacionales como el pacto de San José de Costa Rica.

“No me extraña del kirchnerismo, que intenta controlar los medios gráficos con Papel Prensa, los medios audiovisuales con la Ley de Medios y la pauta oficial para marcar la línea editorial, y les falta regular internet”, advirtió Giúdici.

“Esto ni siquiera es censura previa, es represión del disenso, y merece el repudio de toda la oposición”, aseguró la ex diputada y recordó que su Fundación había denunciado un proyecto similar en la provincia de Entre Ríos (ver recuadro).

Por su parte, en diálogo con LPO, el diputado Luis Sacca, vicepresidente de la comisión de Libertad de expresión advirtió su “rechazo a un intento directo de limitar la libertad de prensa y de expresión”.

En tanto que Esteban Eseverri, abogado especializado en derecho constitucional y administrativo, dijo a LPO que “es un proyecto que ignora la naturaleza de la red internet y está claramente en contra de la declaración conjunta de libertad de expresión en internet de la ONU y la OEA”

“En primer lugar es censura previa”, señaló el abogado y agregó que “en segundo lugar es inaplicable porque el Inadi no tiene facultades constitucionales para cerrar medios”

“Está en contra del artículo 13 del pacto de San José de Costa Rica”, señaló Eseverri y agregó que “es una restricción indirecta a la libertad de expresión que se podría encuadrar en abuso de control oficial”.

“El único caso de censura previa que se puede admitir es el de los espectáculos públicos, en los que se puede regular el acceso a niños y adolescentes”, señaló Eseverri y explicó que todo el resto de las acciones pueden tener “reparaciones posteriores que las disponga un juez, no un organismo administrativo”.

“Es una muestra más de que el kirchnerismo no comprende la sociedad de la información”, advirtió el abogado y añadió que “los actores de internet son emisores y receptores libres”. “Están en la época previa de la segunda guerra mundial”, concluyó Eseverri.