Miguel Pichetto pasó un mal momento en el inicio del debate del Código Procesal Penal, cuando defendió la expulsión de extranjeros que delinquen y el radical Gerardo Morales le recordó que el Gobierno ya tiene esas atribuciones y por lo tanto esta incorporación no tiene otro fin que intentar seducir a la opinión pública, agobiada por los casos de inseguridad.

El caso es similar a aquella reforma del Código Penal de hace diez años alentada por Juan Carlos Blumberg, que luego de las multitudinarias marchas que encabezó tras el secuestro y asesinato de su hijo, empujó a los Kirchner a ordenar su aprobación, pese a que especialistas en derecho penal anticipaban que iban a desarmar la lógica interna del Código Penal, sin ofrecer mayores soluciones a la crisis de inseguridad.

En uno de sus tantos barquinazos en la materia, Cristina Kirchner impulsó después una reforma del Código Penal, diseñada por los jueces kirchneristas Eugenio Zaffaroni y Alejandro Slokar que avanza precisamente en sentido contrario, acentuando en algunos aspectos la mirada garantista, pero al mismo tiempo tratando de ordenar el desbarajuste que causaron las leyes Blumberg.

Congelada esa reforma por la embestida de Sergio Massa, hoy como entonces, Cristina Kirchner no dudó en pegar un nuevo viraje y retomó el populismo penal de derecha, agitando la xenofobia y subiéndose a la línea de su secretario de Seguridad, Sergio Berni, que busca concentrar en los extranjeros el origen de todos los problemas de inseguridad.

Con un agravante: El supuesto endurecimiento de penas de deportación para los extranjeros que delinquen es apenas cosmético. Hoy se puede deportarlos. Como entonces, lo que falla es bastante más amplio que la ley penal y alcanza a todos los niveles del Estado, desde las Policías hasta la administración de Justicia. Estas contradicciones quedaron en evidencia hoy en el Senado.

Las contradicciones

El Gobierno inició el debate del Código Procesal Penal en un plenario de comisiones del Senado, con la presencia del ministro de Justicia Julio Alak, el secretario Julián Álvarez y el subsecretario de política criminal, Juan Carlos Mena.

Alak y Álvarez destacaron los beneficios de pasar del sistema inquisitivo al acusatorio, que implica una investigación del fiscal y un proceso oral que reduce los tiempos de la causa.

“En Neuquén se resolvió a un caso de flagrancia en 3 días y acá dura meses”, ejemplificó el ministro. El jueves los representantes de las provincias donde se aplica este código lo explicarán en el Senado.

La UCR y el FAP aceptaron darle poder a los fiscales, sólo que exigieron más independencia para la Procuración General, controlada por la kirchnerista Alejandra Gils Carbó.

Pero la discusión más tensa se dio con la posibilidad de suspender el proceso a un extranjero y mandarlo a su país. Como explicó LPO, el artículo 35 del proyecto extiende ese procedimiento a los casos de delitos menores a 3 años -esto es, excarcelables-, mediante una audiencia previa entre las partes.

El senador radical Gerardo Morales denunció que además de superfluo el hincapié público del Gobierno en esta norma entraña un “peligroso intento de estigmatización” de los extranjeros que viola los artículos 16 y 18 de la Constitución.

El primero de esos artículos de la Carta Magna no admite “prerrogativas de sangre, ni de nacimiento” y aclara que “todos habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

El 18 dice por su parte que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.

Alak y Álvarez ni atinaron a defender la iniciativa, otra muestra de que este tema lo propicia Berni en soledad, aunque con el respaldo hasta ahora monolítico de la propia Cristina Kirchner, que si logró que Miguel Pichetto se calzara el traje de mano dura. “Los países desarrollados hablan de un pacto de convivencia social”, saltó.

Y dijo que ese pacto se viola “con delitos de gravedad extrema, como el narcotráfico y la trata de personas. Son delitos organizados, que tienen determinados perfiles y responden a determinadas características”.

La respuesta de Morales lo dejó absorto: Le recordó que la actual ley migratoria ya permite deportar a los extranjeros que delinquen, por lo que esta incorporación será para la tribuna con el riesgo no menor de una estigmatización a los extranjeros por parte de las fuerzas de seguridad.

“Acá se está engañando a la gente. Se está diciendo que vienen los extranjeros a delinquir y que hay que sacarlos corriendo, y acá hay normativa. Esto va a generar una persecución de extranjeros frente a los delitos”, alertó el radical.

“Lo que pasa es que no las cumplen (las leyes) y hacen de la frontera un colador. Cuando fuimos con (el senador) Sanz, el juez Reinoso nos decía que venían a vender muebles en cuotas y se los pagaban vendiendo droga. Entraban y salían del país. Somos una puerta giratoria”, denunció Morales.

El jujeño recordó que el artículo 29 de la ley migratoria marca diez causales para expulsar extranjeros, entre ellas tener antecedentes por actividades ilícitas que merezcan más de 3 años de prisión o haber participado de crímenes de lesa humanidad.

Fue precisamente esa ley la que aplicó Aníbal Fernández, cuando era ministro de Justicia, para expulsar a un ex criminal nazi.

Incluso, el artículo 62 de esa norma habla de expulsar al residente condenado por delitos mayores de 5 años y su inciso D es bien laxo: Permite cancelar la residencia permanente, temporaria o transitoria cuando “se hayan desnaturalizado las razones que motivaron su concesión o cuando la instalación en el país hubiera sido subvencionada total o parcialmente, directa o indirectamente por el Estado Argentino y no se cumplieran o se violaren las condiciones expresamente establecidas para la subvención”.

Pichetto sacado

Ante la contundencia de la respuesta del jujeño, Pichetto se sacó. “¡No es lo mismo una norma que regula las migraciones que una norma prevista en el Código Procesal Penal! La otra es una norma de carácter administrativo, no es lo mismo, son categorías de leyes distintas”, gritó. Contradictorio: En su primera participación, el rionegrino se había citado la ley inmigratoria para quejarse de que "las vías administrativas a veces van por delante de las leyes".  

Nerviosísimo, miró fijo a un asesor que seguía el debate desde una tribuna a no menos de 20 metros y lo increpó. “¿De qué te reís querido? No es para reírse esto”, lo patoteó. De inmediato, los agentes de seguridad del Senado cruzaron unas palabras con el joven pero advirtieron que no era nada grave y lo dejaron en su lugar.

Alak y Álvarez siguieron el cruce en silencio y la defensa de Mena fue llamativamente tibia: "Lo que estamos haciendo es ampliar estas razones de expulsión de la ley migratoria. Y lo hacemos con audiencia previa entre las partes", apuntó. No sorprende la tibieza, la línea xenófoba que están empujando Cristina y Berni genera mucho malestar en amplias franjas del kirchnerismo duro.

“Entonces le agregan que se hace con garantía del debido proceso y listo”, le sugirió Morales. Todo el bloque kirchnerista permaneció en silencio.

Los radicales no se conformaron con la respuesta. “No quiere que se estigmatice en los extranjeros la falta de seguridad”, protestó el chubutense Mario Cimadevilla.

“Berni dijo que estamos infectados de extranjeros. No lo vamos a permitir”, agregó el formoseño Naidenoff. Nadie más del oficialismo habló del tema.