Jorge Capitanich no pudo ocultar el nerviosismo del Gobierno por el allanamiento a la empresa que maneja los hoteles de Cristina Kirchner en El Calafate y denunció una "estrategia golpista" de parte del Poder Judicial.

"Forma parte de un golpismo activo. Los ejecutores son jueces que hostigan permanentemente al Gobierno o a funcionarios del Gobierno", se quejó el jefe de Gabinete, apuntando contra el juez federal Claudio Bonadio, quien además de allanar la sede Hotesur en Buenos Aires, ordenó operativos en la AFIP y la Inspección General de Justicia.

Bonadio es un viejo enemigo del Gobierno, que tiene contra las cuerdas a varios funcionarios. Amado Boudou, por caso, está a punto de ser enviado a juicio oral por su auto con papeles truchos. Hace poco el magistrado allanó el PAMI y ayer mismo llamó a indagatoria al fiscal kirchnerista Carlos Gonella. Guillermo Moreno y Ricardo Jaime, entre otros, también han sido sus "víctimas".

"Hay un ataque despiadado del Poder Judicial, una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad", recalcó Capitanich, que mencionó la causa por las irregularidades en la entrega de fondos del Fútbol para Todos, por la que está imputado.

Según el chaqueño, "el golpismo activo del Poder Judicial tiene varias patas: una pata comunicacional de ataque despiadado; y una pata política o institucional, de articulación desde la oposición política. Esta pata comunicacional e institucional tiene ejecutores a través de jueces que hostigan permanentemente a funcionarios del Gobierno, en este caso, con denuncias falsas contra la Presidenta". 

LPO fue dando cuenta durante los últimos meses de una creciente rebelión en los tribunales de Comodoro Py, donde se tramitan todas las causas de corrupción. Bonadio es uno de los más activos de un grupo de jueces federales que ya no responde a los operadores judiciales del kirchnerismo y está decidido a avanzar fuerte contra la Rosada. Rodolfo Canicoba Corral, Ariel Lijo y María Servini de Cubría son otros nombres que integran ese grupo.

Meses atrás, Wado de Pedro y Julián Álvarez intentaron cerrar un pacto con el radicalismo en el Consejo de la Magistratura para avanzar con un jury contra Bonadio, a cambio de "entregarles" a Daniel Rafecas o Norberto Oyarbide. El organismo citó a Bonadio, pero nunca avanzó en su destitución.

Hoy, los medios kirchneristas se encargaron de tratar de ensuciar a Bonadio, vinculándolo a la campaña presidencial de Sergio Massa y acusándolo de buscar "impacto mediático" con sus operativos contra la empresa de Cristina y Lázaro Báez.

La sospechosa Hotesur

Además de despacharse contra la Justicia, Capitanich también tuvo que salir a defender a la sospechosa firma Hotesur S.A. y negó que esté "floja de papeles", como surge de los registros de la Inspección General de Justicia, donde no presenta balances desde hace años.

"Hotesur presentó la documentación solicitada. No se necesita ningún allanamiento judicial. La operatoria fue clara y transparente", señaló el jefe de ministros, cumpliendo su rol de defender todas y cada una de las acciones del Gobierno.

"Quiero ser muy preciso: de las 150.855 sociedades inscriptas ante la Inspección General de Justicia, 83.319 presentaron las declaraciones juradas. Hotesur S.A. se encuentra entre las activas que han presentado la declaración jurada y cuya documentación aún se encuentra en etapa de análisis", señaló Capitanich.

DyNLuciano Thieberger

Ayer, Bonadio ordenó un allanamiento en las oficinas porteñas de Hotesur, empresa de Lázaro Báez que administra el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner.  "Estaba todo vacío. No había ni mobiliario", señalaron fuentes judiciales a la agencia DyN.

El magistrado también dispuso operativos en la IGJ y AFIP, de donde la Policía Metropolitana se llevó documentación vinculada a la firma. Esto provocó la bronca del organismo que conduce Ricardo Echegaray, que  sostuvo que "este tipo de información la Justicia la pide por oficio, siendo extraordinario y poco frecuente que haga este requerimiento mediante una orden de presentación, como ocurrió en este caso".

Por su parte, la IGJ, que conduce La Cámpora, informó que "hizo entrega de la totalidad de la documentación existente en poder del organismo relativa a la firma Hotesur S.A. (originales de Constitución de la Sociedad, Reformas de Estatuto, Cambio de Domicilio y declaración Jurada Res. IGJ N°1/10), así como copia certificada de la documentación presentada en soporte digital (Balances)" y "se hizo entrega de la documentación obrante relativa al ejercicio sobre dicha Sociedad, de las facultades de control propios de la Inspección General de Justicia". 

La causa contra Hotesur se activó la semana pasada a partir de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, pese a que el tema salió a la luz a fines del año pasado. La dirigente del GEN solicitó que se investigue a Cristina Kirchner y Julio Alak por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en base a lo que considera "ocultamiento de información" de parte de la IGJ.

"La investigación, los allanamientos, no tienen que ver con la investigación de lavado de dinero, sino con incumplimientos de la sociedad respecto a los balances, tasas, directorio; lo otro vendrá después si el fiscal o el juez entienden que hay mérito para investigar otra cosa", explicó ayer Stolbizer.

Pero en realidad, el eje del caso es la operatoria que llevaban adelante las firmas de Lázaro Báez con los hoteles de Cristina. Las empresas del santacruceño "garantizan una transferencia millonaria de recursos por el alquiler de habitaciones que no hay constancia de que se ocupen", indicó la diputada.

"Por eso advertimos que la actividad hotelera es muy utilizada para el lavado de dinero. La Presidenta debería tener el cuidado de la presentación de la documentación, para que no sea pasible de la sospecha", agregó Stolbizer, que ya en la denuncia que presentó hace diez días había advertido que "surge de todos los manuales y trabajos técnicos y jurídicos que se conocen, que el rubro hotelero es uno de los más usados y eficaces para operaciones de blanqueo o lavado de activos".

En esa presentación, Stolbizer indicó que "sel análisis de la Declaración Jurada Patrimonial de la Presidenta surge como dato por ella misma aportado que es titular de acciones (sin que se mencione en qué cantidad o porcentaje de participación) de la Empresa HOTESUR S.A. Esa participación está valuada en $ 9.367.528.- y reconoce luego una deuda con la misma sociedad sin que se aclaren conceptos o razones de dicho endeudamiento".

"La sociedad Hotesur es la propietaria del hotel Alto Calafate, en Santa Cruz. Existen sospechas de que es un alojamiento 'fantasma' que usó el matrimonio presidencial para hacer negocios turbios con el empresario más beneficiado con la obra pública, Lázaro Báez", detalló en la presentación Stolbizer, que recomendó al juez "abrir diferentes líneas de investigación" para sacar a la luz los negocios ocultos.