La famosa desrregulación total del mercado telefónico que impulsó el ex secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, se presentó como un gran avanece que permitiría terminar con el monopolio de Tlefónica y Telecom instaurado durante el menemismo y que redundaría en mejor servicio a costos más baratos, para los usuarios .

Sin embargo, detrás del supuesto beneficio la justicia descubrió una maniobra aparentemente ilegal para quitarle dinero a los usuarios, que ahora podría llevar a juicio a Aguiar y otros funcionarios dellaruistas, así como a los entonces responsables de las principales empresas telefónicas.

Con el aval e impulso de la Cámara Federal, el fiscal federal Federico Delgado reclamó días atrás la indagatoria de cuatro presidentes de compañías de telefonía celular por no haber cumplido con la aplicación del Fondo Fiduciario para el Servicio Universal, que debía ser sustentado por las propias empresas y no por los usuarios, tal como ocurrió en la práctica.

Si el juez federal Norberto Oyarbide que instruye la causa accede, los citados serán los directivos entre el 1999 y el 2001 de las empresas de Personal, Unifón (ahora Movistar), CTI (ahora Claro) y Nextel, los que podrían desfilar por el banquillo de los acusados.

La causa tomó impulso en el 2005, cuando organizaciones de usuarios plantearon sus reclamos y, a instancias del Poder Ejecutivo, las empresas fueron intimadas a devolver los fondos en cuestión.

Según se determinó, las compañías lograron embolsar unos 350 millones de pesos financiados por los usuarios para concretar el llamado "Servicio Universal", que se debía ser sustentado por las empresas de telefonía celular a partir de sus propios ingresos.

De qué los acusan

Sintetizando, el fiscal Delgado acusa a las telefónicas de trasladar a los usuarios el costo de implementar una desrregulación del servicio telefónico, que debían absorber; y en consecuencia pidió la indagatoria de los funcionarios y los ejecutivos de las telefónicas que instrumentaron esta “desviación” de lo que exigía la ley que desrregulaba el mercado telefónico.

"Reclamamos que convoque a prestar declaración indagatoria a los directivos de las empresas prestatarias del servicio telefónico que se beneficiaron con los frutos derivados de este acontecimiento ilegal", dice el dictamen de la fiscalía ante el juez Oyarbide.

El fiscal Delgado sostuvo en su dictámen que las empresas estaban obligadas a aportar el 1 por ciento neto de los ingresos generados por la prestación del servicio por la desregulación telefónica, pero increíblemente a partir del 1 de enero de 2001 trasladaron a los usuarios ese costo.

"En otras palabras, en vez de contribuir con dinero propio “tomaron” de sus clientes el 1% más de lo que habían gastado en realidad para hacer frente a la obligación antes individuada. Expresado con mayor claridad: una forma segura de asumir compromisos sin riesgo", agrega el fiscal en su dictámen.

Procesados

La noticia, que apenas apareció en los diarios pero circuló por todo el mundillo empresarial, preocupó a los directivos de las empresas telefónicas.

La Fiscalía promovió además el procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público de dos ex funcionarios en el gobierno de la Alianza: el entonces secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar; y su par del área del Consumidor, Carlos Winograd.

A Winograd y Aguiar les cayó como un balde agua fría la noticia del procesamiento: es que los dos ya habían sido sobreseídos (es decir, encontrados libres de sospechas) por el juez Norberto Oyarbide, pero la apelación fiscal llevó a la Sala I de la Cámara Federal a revisar la causa y revocar la resolución.

Ellos fueron los ideólogos de la desrregulación total del mercado telefónico y quienes cerraron el acuerdo en junio del 2000, que se promocionó como el fin del monopolio que habían tenido durante la gestión menemista Telefónica y Telecom.

La Cámara quiere investigar

Cuando el juez Oyarbide sobreseyó a Winograd y Aguiar y dio por cerrado el caso, el fiscal Delgado apeló y hace dos meses los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, ordenaron la reapertura de la investigación en un muy duro pronunciamiento.

Con ese fallo en la mano, Delgado reclamó a Oyarbide el procesamiento a Aguiar y Winograd y el llamado a indagatoria de los directivos de las "empresas prestatarias del servicio telefónico que se beneficiaron con los frutos derivados de este acontecimiento ilegal".

En su pedido, el fiscal sostuvo que esos ex funcionarios fueron "cómplices" de la maniobra que "permitió y toleró que aquellas empresas se apropiaran ilegalmente de una sumas de dinero extraídas ilegalmente de los usuarios".

Delgado agregó que, Henoch y Winograd cometieron delitos porque “no crearon el fondo fiduciario para financiar el servicio universal”, además de “permitir que se lleve adelante esa extracción compulsiva de dinero anclada en el engaño derivado de la asimetría de información entre las empresas y los usuarios individuales”.

Acto seguido, reclamó el procesamiento de Aguiar y Winograd, asi como la indagatoria de “los presidentes de las empresas Nextel Communications Argentina SA, CTI Compañía de Teléfonos del Interior SA, CTI PCS SA, Telecom Personal SA, Compañía de Radiocomunicaciones Móviles SA (CRM) y Telefónica Comunicaciones Personales (TCP)”.