Luego del raid homicida de sicarios que terminaron asesinando a dos taxistas, un colectivero y un empleado de una estación de servicios con señales mafiosas y que hundió a Rosario en un clima de tensión y miedo, apareció un cartel inquietante que aseguraba que las distintas bandas narco que operan en la ciudad se habían unido contra el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

En rigor, el mensaje era una declaración de guerra contra el Estado: "así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año", decía la nota que era firmada por "zona norte, zona sur y zona oeste Unidos", en clara referencia a la distintas bandas que se disputaron las áreas para el narcomenudeo.

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Ahora, dijeron los narcos, los grupos se unieron en el reclamo de los derechos de los detenidos en pabellones de alto perfil que reabrió Pullaro para alojar a los presos vinculados a las bandas y al sicariato con estrictas medidas de control, sin la posibilidad de recibir visitas y alimentos a discreción como tenían permitido lo cual, les daba la oportunidad de enviar mensajes al exterior, ordenar ejecuciones y administrar el negocio de la droga en el territorio.

La nota encendió las alarmas de los investigadores federales y locales que advirtieron que se trataba de algo muy distinto en la larga escalada de violencia que sufre Rosario desde hace más de una década. En esta ocasión, se mató a mansalva a trabajadores para sembrar el terror y paralizar a la ciudad: la era del narcoterrorismo.

Patricia Bullrich en Rosario

LPO Jonatan Bustos

¿De qué manera los líderes narcos aislados en los penales provinciales pudieron sellar un frente unificado con los presos en cárceles federales?, se preguntaban los detectives que comenzaron a atar cabos y llegaron a "los profesionales"; estudios jurídicos, contables y financieras que participan del engranaje mafioso y que vieron sus economías resentidas por las restricciones en las prisiones: "el que controla la cárcel, controla la calle", suele repetir Pullaro.

Además, ese mensaje tuvo particularidades respecto a amenazas anteriores. Por su prolijidad y ortografía casi perfecta alimentaron las sospechas. "Basta de seguir humillando con la familia", reclamó el texto lo cual se interpretó como respuesta a la foto estilo Bukele que el ministerio de Seguridad provincial difundió con los presos sentados en el piso en hilera, sin remeras y rodeados de agentes fuertemente armados.

En el gobierno de Pullaro dan otra explicación y niegan que la seguidilla de homicidios se hayan disparado a partir de esa foto y sostienen que anteriormente, el atentado a un colectivo del servicio penitenciario que por milagro resultó un herido leve, fue el primer movimiento de los narcos en esta nueva escalada de violencia total: "fue un ataque de muchísima relevancia institucional porque fueron a matar, Dios quiso que no hubiesen víctimas fatales", dijo el gobernador.   

Desde hace años que en Rosario flota las sospechas sobre el rol de los abogados defensores de los narcos y los alcances de sus servicios. Es una de las aristas más difíciles de investigar por la confidencialidad que existe en el vínculo entre profesional y cliente. Pero más allá de ello, muy pocas causas avanzaron contra el entramado más invisible y poderoso del narcotráfico; los esquemas financieros, de lavado de dinero y las empresas lícitas para esconder lo producido por el delito. 

 Â¿De qué manera los líderes narcos aislados en los penales provinciales pudieron sellar un frente unificado con los presos en cárceles federales?, se preguntaban los detectives que comenzaron a atar cabos y llegaron a "los profesionales"; estudios jurídicos, contables y financieras que participan del engranaje mafioso

Todo ello, necesita de abogados, contadores, financistas que ganan fortunas desde las sombras y viven en las zonas más lujosas de la ciudad, alejados de los pasillos de las villas donde los jóvenes se debaten a los tiros y siembran de sangre a la ciudad. 

"Tenemos pistas firmes en ese sentido", dijeron fuentes federales que hablaron con LPO que apuntan a los profesionales como principales sospechosos de haber alentado la unidad entre grupos rivales para enfrentar a un enemigo común, el gobierno provincial.

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Una alta fuente del gobierno de Pullaro reveló a un grupo de periodistas de Rosario la preocupación de los abogados que representan a presos alojados en los pabellones de máxima seguridad de la provincia, porque sus clientes los presionaban para que los saquen de allí. 

LPO Jonatan Bustos

  En mismo sentido, Patricia Bullrich en la conferencia de prensa que dio en Rosario para anunciar la conformación del Comité de Emergencia, elogió el trabajo de la justicia federal que había rechazado todos los Hábeas Corpus que se habían presentado para lograr condiciones de detención más laxas.  

La ministra llegó a revelar que el líder de Los Monos, Guille Cantero, "se autopercibía como un doble género para tener visitas de hombres y mujeres que estaban por fuera de la lista de sus familiares directos".

Los sinuosos vínculos entre abogados defensores y narcotraficantes ya sacudió las primeras líneas del gobierno nacional cuando el lunes,  el periodista Carlos Pagni denunció que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue abogado defensor de Miguel "Mameluco" Villalba, un jefe narco del conurbano bonaerense.

"¿Tiene culpa por ser abogado de un cliente que es narcotraficante? No, es su función como penalista. Pero políticamente aparecen algunas incompatibilidades. En el caso de Cúneo Libarona son cada vez más frecuentes", reflexionó Pagni.  El ministro negó la relación y dijo que había sido defendido por su hermano.