No lo pudo hacer Guillermo Moreno en sus años de supersecretario de Comercio Interior. Tampoco Julián Domínguez en su paso por el Ministerio de Agricultura. Y ahora, en el momento menos esperado, Carlos Casamiquela tomó la decisión.

Es que el ministro de Agricultura anunció finalmente que envió un proyecto de Ley al Congreso de la Nación para intervenir y tomar el control mayoritario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

Se trata de un ente mixto integrado por representantes del sector público y privado que se financia con el aporte de los productores ganaderos (un 70%) y los frigoríficos cárnicos (un 30%) y que maneja actualmente un presupuesto anual de $ 70 millones.

La idea del kirchnerismo -que siempre tuvo en la mira al IPCVA- es reemplazarlo por lo que denominaron Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCA) y pasar a promocionar así el resto de las carnes como la porcina y la aviar, entre otras.

Pero el punto del proyecto que genera más controversia son los cambios en el Consejo Directivo que impulsa Casamiquela. Sucede que la iniciativa oficial establece que será el Ministerio de Agricultura el que designe al presidente, que además tendrá voto doble en caso de empate.

De esta manera, en caso de que el proyecto sea aprobado en el Congreso, el nuevo Instituto pasará a contar con 6 representantes del sector productivo, 3 de la industria frigorífica, 4 del Gobierno nacional y 5 de las provincias productoras.

Así, la Asamblea de Representantes del nuevo IPCA estaría compuesta por un total de 18 miembros: 9 del sector público y 9 del sector privado, aunque con ventaja para el kirchnerismo dada la buena relación que tienen con la cadena avícola y porcina.

“Con este proyecto de Ley estamos dando un paso fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de mercados que se encuentran en un crecimiento constante”, aseguró Casamiquela durante el anuncio realizado en la Casa Rosada junto a Jorge Capitanich.

En rigor, se trata de una jugada política de alto voltaje por parte de Casamiquela que de esta manera se encarga de darle el último golpe al sector tras la eliminación años atrás del Renatre y la quita del manejo de las cartas de porte a Federación Agraria (FAA).

En tanto, en el kirchnerismo consideran que el proyecto es beneficioso por donde se lo mire dado que, no solamente pasarán a manejar un jugoso presupuesto, sino que además le quitarán poder político a las cuatro entidades rurales que designan a los presidentes.

La respuesta del campo

En este contexto, tal como era de esperar, desde el sector agropecuario salieron con los tapones de punta a rechazar el proyecto y defendieron la actual composición y funcionamiento del IPCVA, que conserva una muy buena imagen entre los productores.

En diálogo con La Política Online, Eduardo Buzzi, fue contundente: “Lo único que falta es que pongan a alguien de La Cámpora a dirigir el IPCVA y hagan lo mismo que hacen con Aerolíneas Argentinas”, disparó el dirigente.

“Está claro que esto es parte del revanchismo kirchnerista contra el sector por lo ocurrido en 2008; no vamos a permitir que avasallen las instituciones y a los productores de la forma en que lo vienen haciendo”, agregó Buzzi en pie de guerra.

Como sea, según pudo averiguar LPO con varias fuentes, la estrategia del campo ahora se basará en tratar de frenar el proyecto en el Congreso convenciendo a los legisladores, o bien, dilatar la iniciativa hasta que finalice el actual periodo de sesiones ordinarias.

En tanto, la Mesa de Enlace emitió un comunicado en el que rechazó el proyecto K: “Es evidente el aprovechamiento que el Gobierno pretende hacer de los recursos de los productores y los frigoríficos en desmedro de la producción de carne vacuna”, señaló.

“Una vez más, el kirchnerismo pretende intervenir de forma inconsulta aquellas instituciones que funcionan exitosamente”, apuntaron las entidades. “Pretenden destruir todo lo que todavía funciona en materia de impulso a la producción”, agregaron.

Por último, la Mesa de Enlace explicó que “el IPCVA es un organismo creado en 2001 que se consolidó como un ejemplo de convivencia entre la producción, la industria y el sector público que por Ley tiene participación en el Consejo de Representantes”.