El ex titular de la Aduana Guillermo Michel y el diputado nacional Juan José Bahillo, propusieron la creación de una mayorista provincial de energía para Entre Ríos, con la idea de comprar la energía que genera Salto Grande sin intermediarios. Al correr a Cammesa la provincia se independiza del sistema interconectado nacional y busca así tener una política energética propia que acaso le permita morigerar la suba de tarifas. 

Michel y Bahillo sostienen que Entre Ríos genera 3,2 millones de MWH por año y consume 4 millones MWH . Hidroeléctrica Salto Grande recibe 5 usd/mwh de Cammesa, mientras Enarsa, a modo de ejemplo, compra  energía a un valor de entre 40 y 50 usd/mwh, dependiendo la estacionalidad. Esto genera una pérdida para los usuarios de la provincia de USD 120 millones anuales, según el cálculo de esto ex funcionarios peronistas.

"El proyecto de ley tiene como fin la creación de una mayorista que sea propiedad de la provincia: Administradora Energía Entre Ríos SA. El objetivo principal es que la energía eléctrica que genera el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande sea comercializada asegurando un precio "razonable" a los entrerrianos", sostiene la iniciativa. 

Según ese texto, la empresa provincial se conformará como una sociedad anónima controlada por el gobierno provincial. "Así, en un futuro, podrá tener oferta publica hasta el 49%, un esquema mixto similar al de YPF", agrega el texto.  Además el proyecto estipula que "para evitar nuevos costos y gastos administrativos, los directores y síndicos no serán remunerados y la empresa podrá convocar a empleados de la administración pública provincial".

Actualmente Salto Grande entrega energía en Argentina y Uruguay.  A nivel local, Cammesa es su socio excluyente porque actúa como mandatario de los diversos actores del mercado eléctrico.

Según la ley vigente las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. 

"En esa línea, este proyecto cumple con dichos requisitos, sin establecer restricción alguna" afirmó Michel.