La Justicia realizó un allanamiento en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires luego de una denuncia presentada por una empleada de esa dependencia que debía declarar en la causa que se inició por una acusación de Elisa Carrio contra Daniel Scioli sobre presunto lavado de dinero y delitos contra la administración pública.

La orden del allanamiento fue solicitada por el fiscal Álvaro Garganta a raíz de una denuncia de una empleada identificada como Melania Casas, quien se desempeña en la Vocalía allanada, contra funcionarios de esa misma área por un presunto hackeo de su computadora, luego de haber recibido presiones para no declarar en la Justicia por la causa que investiga a Scioli.

"Se trata de una causa conexa a la iniciada por Carrió contra Scioli, con lo cual se realizó el allanamiento en la Vocalía", confirmó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 11, Álvaro Garganta, a cargo del procedimiento.

El operativo se produjo en la Vocalía de Administración Central del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Cecilia Rosaura Fernández, sector responsable de auditar las cuentas de la Gobernación del periodo 2015, que fueron denunciadas por Carrió por presuntas irregularidades.

Simultáneamente se allanó la oficina de la Dirección de Sistemas del Organismo, luego de que la mujer denunciara que le fueron sustraídos datos de su computadora y editados sus dictámenes, por lo que podría caber el delito de "encubrimiento".

Garganta precisó que el allanamiento tuvo lugar este lunes por la tarde y participaron peritos informáticos y agentes de la Policía Bonaerense.

La denuncia de Carrió contra Scioli es por presupuesto lavado de activos y distintos "delitos contra la administración pública" e implica también al expresidente de Aguas Bonaerenses, Guillermo René Scarcella, y al exjefe de Gabinete, Alberto Pérez. También se dirige hacia supuestas cajas negras de Astilleros, IOMA y Loterías y Casinos.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas informó en un comunicado que está "colaborando plenamente con la Justicia, respondiendo puntualmente con las órdenes y mandamientos librados por los órganos judiciales".

Pero la comunicación oficial del Tribunal cae en una interna palaciega que se viene desarrollando desde principios de año entre, fundamentalmente, el presidente del Tribunal Eduardo Grimberg y la Vocal de Administración Central, Fernández.

Fuentes de la causa que investiga el fiscal Garganta consignaron que desde el Tribunal de Cuentas se "aplicó un cargo" de 1.100 millones de pesos al IOMA por el ejercicio 2012 en el año 2014 que nunca fue rendido o, si fue informado a la Vocalía que llevaba adelanta la revisión de cuentas del ente, no fue informada oficialmente al resto del Tribunal, como uno de los cabos sueltos que tiene la investigación.