El juez de Instrucción porteño Rodolfo Cresseri ordenó el allanamiento de las oficinas de la Procuración General de la Nación en una causa en la que se investiga el alquiler de un edificio efectuado por la gestión de Alejandra Gils Carbó.

Aunque la Procuradora ya está siendo investigada en la Justicia Federal por la compra de otro edificio (una causa en manos del juez Julian Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano), el juez Cresseri es quien interviene en otro expediente luego de una nota periodística en la que se informaba sobre el alquiler de otras oficinas en la avenida Corrientes al 1600 por unos 200 mil pesos al mes, que no se habrían usado.

Debido a la situación, el fiscal de instrucción José María Campagnoli formuló entonces una denuncia que deriva ahora en la orden del juez Cresseri para busca documentación sobre tal alquiler.

En diálogo con la agencia DyN, fuentes de la Procuracion insistieron en que "no se trató de un allanamiento sino de una orden de presentación" en el edificio que funciona en la sede de Avenida de Mayo 760.

El juez solicitó copias de una serie de expedientes en torno a la licitación pública 7/2015, al contrato por del edificio de la avenida Corrientes y una addenda en virtud de la cual se habrìan pagado sumas por anticipado, además de "los recibos de pago que hubiere o cualquier otra constancia" sobre el asunto.