La Justicia exculpó a Julio de Vido de la causa Sueños Compartidos por la que procesó este lunes a Hebe de Bonafini y los hermanos Schocklender y le dio sustento a las denuncias de Elisa Carrió sobre un pacto de impunidad que incluye al gobierno de Cambiemos.

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender fueron procesados por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi por delitos cometidos a través de esa entidad con el Plan Federal de Construcción de Viviendas instrumentado por el gobierno de Cristina Kirchner.

También fueron procesados el ex secretario de Obras Públicas José López -ya detenido en otra causa- y su ex segundo, Abel Fatala, quienes -se señala- le permitieron a los Schoklender "en su calidad de apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo" que "tuvieran el manejo de la suma de $748.719.414,64, de la cual desviaron $206.438.454,05 de su destino específico".

Carrió viene denunciando que a De Vido la justicia lo perdona en las decenas de causas de corrupción que tiene, mientras curiosamente avanza contra sus subordinados, como en este caso lo hace sobre López y Fatala.

Sin embargo, hubo falta de mérito para el ex ministro de Planificación y los gobernadores y jefes comunales que firmaron convenios, mientras que se procesó a varias de las personas que participaron en la "ingeniería financiera" de los cheques que habían ingresado a la Fundación.

Carrió viene denunciado que a De Vido lo "perdona" la Justicia en las causas por corrupción que curiosamente avanzan contra quienes eran subordinados, como en este caso López y Fatala. No es un secreto que el ex ministro de Planificación tenía línea directa con destacados macristas que operaban en la obra pública como Nicolás "Nicky" Caputo.

Lilita había puesto el ojo la semana pasada en De Vido tras las nuevas declaraciones realizadas por Leonardo Meirelles, el arrepentido de la brasileña Odebrecht, que involucró a Gustavo Arribas, titular de la AFI, con el cobro de 10 coimas.  La chaqueña incluso deslizó que Arribas pudo ser el nexo de Odebrecht con De Vido o el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, en la licitación para soterrar el tren Sarmiento.

De Giorgi dictó la falta de mérito para De Vido, al señalar que "no se han obtenido evidencias relevantes que lo ubiquen participando de modo personal en la gestión de aprobación de pagos, financiamiento o adelantos, a la fundación, o a las jurisdicciones locales, circunstancia sí acreditada con relación a la Secretaría de Obras Públicas".

La falta del mérito también alcanzó al ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, a quien se investigaba por convenios con la fundación de las Madres para contratar trabajadores, y a los gobernadores y jefes comunales que hicieron convenios con la Fundación como Gerardo Zamora (ex Santiago del Estero), Alejandro Granados (Ezeiza), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Jorge Capitanich (ex Chaco), Maurice Closs (ex Misiones) y Rubén Darío Giustozzi (ex Almirante Brown).

A los Schoklender se los consideró "protagonistas centrales" de la maniobra, mientras que Bonafini fue señalada como partícipe necesaria por entender que "conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación".

El juez federal los encontró presuntamente responsables del delito de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en relación a los financiamientos otorgados por la Secretaría de Obras Públicas".

El juez -ex secretario de la Cámara Federal- sostuvo que "el éxito de esa maniobra fue posible gracias a la bastarda utilización de la noble causa de los Derechos Humanos, pues se valieron del prestigio y la trayectoria que la 'Asociación Madres de Plaza de Mayo' cuenta en el área de su defensa, para convertirla en la reserva moral del 'Programa Sueños Compartidos', y al infiel desempeño de los funcionarios públicos a cargo de la asignación de los recursos del Estado" para la construcción de viviendas.

La causa conocida como "Sueños Compartidos" se inició en el año 2011 y recayó en manos del entonces juez federal Norberto Oyarbide, que detuvo a los hermanos Schoklender, famosos protagonistas de un parricidio en los años 80. Hebe de Bonafini había adoptado como "un hijo" a Sergio cuando en los años '90 obtuvo la libertad.

El escándalo enfrentó a Sergio Schoklender con Bonafini, quien responsabilizó a su ex protegido de haberle robado el dinero de la Fundación y se desligó de todas las irregularidades en el caso. Sergio Schoklender se defendía acusando públicamente a De Vido y a López.

En 2013, tras una serie de fallos críticos, la Cámara Federal apartó a Oyarbide de la investigación y desprocesó a los Schoklender, momento a partir del cual la causa quedó en manos de Martínez De Giorgi, quien tras un proceso de auditorías, informes y recupero de información derivó en llamados a indagatorias.

El objetivo del expediente era saber si "Sergio y Pablo Schoklender, valiéndose del prestigio y la trayectoria de las Madres, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia con funcionarios públicos, nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaria de Obras Públicas, dependencias de Planificación, para la construcción de viviendas sociales".

Parte de esas viviendas "habrían detraído luego de su destino específico -con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado-, contando para ello con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así como también con terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas", señaló el juez en los llamados a indagatorias.