Mauricio Macri piensa que pocas cosas frenan más las inversiones como el impuesto a los ingresos brutos que cobran las provincias y volvió a reclamar su baja en el discurso del acto de cierre de las primarias que dio en Córdoba, uno de los distritos que tiene las tasas más altas para las grandes industrias.

Por eso, los gobernadores peronistas ya empezaron a acumular argumentos para moderar una discusión que intuyen inevitable. 

No podrán evitar retomar el debate tras las elecciones de octubre porque empresarios lograron hacer sentir su queja en la Casa Rosada contra un tributo que grava la facturación y no la ganancia, aumenta el costo de producción e incide como pocos en el precio final de los productos.

"Es imposible que en estas condiciones las pymes puedan exportar", insisten en el Ministerio de Hacienda, donde Nicolás Dujovne y su secretario Sebastián Galiani trabajan en una reforma tributaria, cuyos trazos centrales anticipó LPO.

Es imposible que con estos impuestos las pymes puedan exportar, insisten en el Ministerio de Hacienda donde Dujovne y Galiani trabajan en una reforma tributaria.

Galiani participó de varias reuniones con la Comisión Bicameral del Congreso que lleva el tema y sirve para ir midiendo la temperatura de las provincias, ante las ideas de Hacienda.

A los legisladores no les gustó que, en su presentación Galiani objetara los impuestos provinciales y municipales, aun cuando no son materia de análisis del Congreso.

Pero como su impacto en las empresas incide tanto o más que los impuestos nacionales, Macri quiere comprometer a los gobernadores al menos no aumentar su prisión tributaria en los próximos años, como fue habitual que hicieran en los últimos años de Cristina Kirchner.

Podría pedirlo a fin de año con un pacto fiscal similar a aquel de Carlos Menem y los gobernadores de 1993, que casi nadie cumplió. La ley de responsabilidad fiscal que ya negocia Dujovne con las provincias estaría restringida a ajustar la planta de empleados y el gasto al crecimiento. 

En la renaciente liga de gobernadores peronistas no están para nada dispuestos a demonizar Ingresos Brutos, que representa hasta un tercio de su recaudación. Recuerdan que su consolidación en el esquema tributario de las provincias no fue magia: surgió cuando la Nación dejó de hacerse cargo de  salud, educación y seguridad en sus territorios. 

Vidal, Macri y Larreta en la remodelada estación de trenes de Retiro.

Presidencia

Además, los gobernadores peronistas piensan subrayarle a la Casa Rosada que las alícuotas más altas de este impuesto se registran en provincias gobernadas por Cambiemos como Buenos Aires, donde alcanzan 5% para la facturación de grandes contribuyentes o empresas con sedes en otras provincias, un concepto polémico que muchas multinacionales llevaron a Tribunales. 

De las que no gobierna Cambiemos, sólo Chubut llega a 5 puntos para muchas actividades y el resto de las provincias sólo en rubros específicos como el juego.

Los servicios financieros suelen tributar un 8% a los fiscos provinciales y Macri pidió reducirlos con urgencia para no entorpecer sus planes de créditos hipotecarios. Vidal, Rodríguez Larreta y el cordobés Juan Schiaretti fueron los primeros en obedecer.

En la provincia de Buenos Aires el impuesto de Ingresos Brutos llega al 5 por ciento, el porcentaje más alto del país que sólo igual Chubut. Ese va a ser uno de los principales argumentos de los peronistas ante Macri.

En Ciudad de Buenos Aires la alícuota de ingresos brutos llega a 4% para grandes contribuyentes, pero a diferencia del resto de las provincias, el impuesto representa dos terceras partes de la recaudación porteña y funciona tan bien porque grava muchas actividades desarrolladas en todo el país.

En la Casa Rosada minimizan su impacto porque tributa mayormente sobre servicios y recuerdan que el jefe de Gobierno recibe una porción mínima de coparticipación federal. "El problema que tenemos es la industria, porque las empresas pagan en varias provincias y se les complica producir", insisten en Hacienda.

En la liga de gobernadores no aceptan esas excusas. "La mejor manear de controlar ingresos brutos es con un estándar de alícuota. Y ahí es donde el gobierno debe empezar por casa", sostuvo ante LPO el diputado Sergio Ziliotto de La Pampa y miembro de la bicameral de reforma tributaria.

Su gobernador  Carlos Verna es uno de los que menos cobra este impuesto (2.5%) y aun así su déficit es ínfimo y atado a un viejo litigio con Nación por fondos previsionales.

Formosa aplica un 3%, que eleva a 5.5% para el juego y 8% para servicios financieros y su gobernador Gildo Insfrán no está dispuesto a discutir del tema. "No tenemos déficit, no tomamos deuda externa y la mayor parte de nuestros empleados son docentes, médicos y enfermeros. Saldría más caro no tener salud y educación para gente de bajos recursos", se defienden cerca de Gildo.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Mendoza

El radical mendocino Jesús Cornejo tampoco aporta a la pelea de Dujovne porque cobra 4% de ingresos brutos y 3.5% sólo a minoristas.

Mientras que su correligionario Gerardo Morales mantiene una tasa general de 3% en Jujuy con promociones a muchas actividades, siempre que sean empresas con sede en su provincia, distinción que enfurece a las grandes empresas y multiplica los litigios. 

Es que la incidencia de ingresos brutos derivó en una guerra de provincias, no siempre por brindar mejores condiciones para las inversiones sino para resguardar las suyas y evitar que compartan facturación con otras.  Por ese antecedente, muchas multinacionales prefieren no conocer el país, dato que irrita como pocos al presidente. 

Entre los peronistas uno de los que más cobran ingresos brutos es el entrerriano Gustavo Bordet, que tiene la provincia en crisis financiera. El formoseño Insfrán y el pampeano Verna, tienen las tasas más bajas y equilibrio fiscal.

Hay gobernadores del peronismo que también cobran mucho como Gustavo Bordet, de Entre Ríos, donde Ingresos Brutos tiene una tasa de 4.5%, por un incremento de su antecesor, Sergio Urribarri.

Misiones aplica la misma alícuota y la oposición acusa al gobernante Frente Renovador para la Concordia de espantar inversiones. "Los aserraderos se van a Corrientes, que cobra 2.9 y promociona más a la industria", se quejó el diputado radical Luis Pastori, miembro de la bicameral de reforma tributaria.

En Santa Fe alcanza 4.5% sólo si la facturación supera 75 millones. Con menos de un millón es de 2.76. Y Schiaretti cobra 4% en Córdoba, con una tarifa reducida de 2.8%, pero como Verna lidia con una deuda por fondos previsionales que Macri no parece solucionarle. Se lo reclamó en su acto de cierre de campaña.

En Chaco también hay distinción a empresas de otras provincias, que llegan a pagar 4%; Salta cobra 3.6 y Río Negro 3.5%. Y nadie quiere revisar sus números.