El Senado tratará mañana la prórroga a la ley para identificar y resguardar las tierras de los pueblos originarios, pero hasta último momento Cambiemos insistirá en extenderla por sólo un año y medio y no por cuatro, como exigen las comunidades.
Como adelantó LPO, desde el sábado los pueblos originarios realizan un acampe en la plaza del Congreso, aun cuando un día antes Marcos Peña había confirmado en su cuenta de twitter que tratarían la ley, que vence en noviembre.
La exigencia de las comunidades, ahora, es que se respete la prórroga de 4 años mencionada en los proyectos de las senadores Norma Durango (PJ La Pampa) y Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ), incluidos en el temario de la sesión.
Cambiemos quiere retocarlos en el recinto. "Nuestra propuesta es extender la ley por un año y medio, pero la oposición insiste con los cuatro. Se definirá poco antes de la sesión, en la reunión de labor parlamentaria", admitió a LPO una fuente oficialista.
Comparto el testimonio de Jorge Nawel sobre la prórroga de la ley que evita el desalojo de las tierras de las comunidades indìgenas. pic.twitter.com/kxrAgDjpyQ— Pino Solanas (@fernandosolanas) 22 de septiembre de 2017
El debate, entonces, se traslada al Frente para la Victoria-PJ, que tiene la mayoría de los senadores y no encuentra consenso pleno en este tema.
De hecho, en la última sesión votaron divididos cuando Fernando "Pino" Solanas exigió tratar esta ley. Miguel Pichetto se unió a Federico Pinedo para evitarlo, pero muchos de sus pares le dieron la espalda.
Solanas irá al recinto a todo o nada por la prórroga de cuatro años y exigirá garantías presupuestarias. "Las partidas asignadas son escasas y así es imposible hacer un trabajo de catastro para identificar a las pueblos originarios", plantean cerca del cineasta.
Esta tarde, lograron el respaldo de la Comisión Episcopal, presidida por el obispo Ángel José Macín.
La ley, sancionada en 2006, obliga a hacer esta tarea para determinar cuáles son las comunidades aborígenes, entregarles su título de propiedad y evitar conflictos.
"El territorio comunitario tiene instituciones que lo gobiernan y lo administran y es equivalente a la propiedad privada", explicó el pasado jueves en el Senado Jorge Nahuel, de la comunidad mapuche, en el centro de la escena tras la desaparición de Santiago Maldonado.
Ese día llegaron referentes de las comunidades tobas, kollas y diaguitas, entre otras, todos con el temor a ser desalojados.
En Cambiemos no ignoran la preocupación pero la relativizan. "Desalojos no hay, porque el artículo 75 inciso 17 de la Constitución protege la propiedad de los pueblos originarios. Y no tiene sentido seguir con este registro por tiempo indefinido si no logramos terminarlo", dijo a LPO un senador del bloque del Gobierno.
La presión se trasladó a Diputados, donde representantes de las comunidades se reunieron esta tarde con miembros de todas las bancadas y consiguieron un compromiso de sancionar la ley como llegue de la Cámara vecina.
"Vamos a apoyar lo que venga del Senado", garantizó la radical Patricia Giménez y hasta prometió avanzar "en todas las deudas que tenemos con los pueblos originarios".
Pinedo los citó esta noche para planear la estrategia a seguir. La sesión para mañana tiene también en agenda la ley de responsabilidad penal empresaria, acordada la semana pasada entre el oficialismo y el FpV-PJ.
También habría acuerdo para sancionar la ley que retoma los feriados puente, aprobada en Diputados por presión del misionero Maurice Closs. No hubo quórum para darle dictamen en el Senado pero sí habría consenso para aprobarla en el recinto. Salvo alguna sorpresa.
