El gobierno de María Eugenia Vidal salió al cruce de la embestida de los gobernadores peronistas para forzar a Mauricio Macri a que transfiera las empresas de servicios públicos Aysa, Edesur y Edenor a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, fue el encargado de trasmitir la respuesta, un día después de que el Bloque Justicialista presentó en la Cámara de Diputados el proyecto que dispone el traspaso de las empresas que prestan servicios en Capital y el Conurbano y reciben millonarios subsidios de Nación.

"Lamentablemente, en la Argentina del ‘sálvese quien pueda' invertimos mucha imaginación y mucha energía a la hora de ver cómo hacemos para que la cuenta la pague el otro", planteó Lacunza, que agregó como contrapropuesta la descentralización de la recaudación nacional, lo que obviamente perjudicaría a la mayoría de las provincias.

"Esta es una buena ocasión para que todos hagamos un ejercicio de conjunto. Yo podría oponer a ese argumento que la provincia de Buenos Aires recibe por año respecto al resto de las provincias, si hacemos per cápita y la población que tiene la provincia, 250 mil millones de pesos menos para estar igual que el resto", afirmó en diálogo con radio Mitre.

"Encantados de asumir el gasto o el subsidio que implica la energía, también descentrelicemos los recursos", desafió el ministro de Economía de Vidal. "Porque si no somos un país que nos encanta ser federales a la hora de gastar pero unitarios a la hora de recaudar", completó.

El desafío de Lacunza (aunque en los hechos sea imposible de realizar porque dejaría a la mayoría de las provincias al borde del precipicio económica) es una respuesta política a la estrategia de los gobernadores de forzar a Macri a correr la discusión sobre de dónde debe aplicar el grueso del ajuste.

Aunque la propuesta de los gobernadores genera un rechazo total de Larreta y Vidal porque les detonaría los presupuestos si tienen que absorber los millonarios subsidios que reciben estas compañías (o destruiría su base política si traspasan el costo total a sus usuarios), se trata de una iniciativa que no es del todo rechazada en la Casa Rosada que no termina de encontrarle la vuelta al ajuste que le va a exigir el FMI.