El escándalo de los cuadernos podrÃa provocar un vendaval en la Ciudad. Muchas de las empresas que figuran entre las anotaciones del chofer Oscar Centeno tienen jugosos contratos con el estado capitalino y desde la oposición promueven un proyecto para excluirlas como posibles contratistas, algo que por otro lado, disponen todas las leyes de contrataciones con el Estado a nivel federal.
El grupo Roggio, que posee la concesión del subte y parte de la basura, Techint por las obras de la LÃnea H y otras como el grupo Pescarmona son algunas de las compañÃas cuyos directores admitieron el pago de sobornos a funcionarios nacionales y ahora forman parte del club de procesados colaboradores en la causa que conduce Claudio BonadÃo.
Una fuente del gobierno nacional le explicó a LPO que la admisión de un pago de sobornos vinculado a una concesión la vuelve "nula de pleno derecho". Es el caso que se aplica a la confesión de Roggio respecto a la concesión del Subte, que mantenÃa pagando una módica coima -según sus palabras- de un 5% de los subsidios que recibÃa. Es falso que por colaborar con el juez la imputación desaparezca, sino que continúan procesados.
"Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva", puede leerse en el artÃculo 10 del decreto 1023/01 de Fernando de la Rúa, que buscó transparentar las contrataciones del Estado y puso un vara bien alta, que hoy pone en camisas de once varas al macrismo .
En la Ciudad la legislación tampoco deja demasiado librado a la imaginación. La Ley 2095 de Compras y Contrataciones establece que las "personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana" contra la Corrupción "no pueden presentarse en los procedimientos de selección del sector público".
Es tan clara la norma que este jueves Roggio se anticipó y empezó a resignar puestos directivos en sus empresas. Dejó la presidencia de Benito Roggio e Hijos y de CompañÃa Latinoamericana de Infraestructura y Servicios (Clisa). El objetivo es evitar que su situación personal afecte los contratos de sus empresas con el Estado.
Roggio se arrepintió y reconoció que pagó coimas para mantener la concesión del subte
Consultado sobre los enormes interrogantes que esta situación le abre a la administración porteña, en una reunión de gabinete ampliado de este miércoles, el jefe de Gobierno, Horacio RodrÃguez Larreta, pidió esperar una decisión judicial antes de tomar cualquier tipo de decisión judicial. Es la polémica "Doctrina Dietrich", que en rigor no tiene mucho sustento legal y podrÃa hacer pasible de colusión a los funcionarios que mantengan concesiones con empresarios procesados por cohecho.
"Larreta dijo que ante casos como el de Roggio, la Ciudad debÃa estar atenta de que la plata que le giramos fuera a donde corresponde", confió a LPO un asistente de esa reunión. Por lo bajo, los funcionarios del gobierno porteño se esperanzan con que las empresas afectadas por los cuadernos detonen financieramente porque los bancos se ven imposibilitados de seguirlas financiándolas. De esa manera, imagina, se evitarÃa el mal trago de quitarles directamente los contratos.
En Parque Patricios creen que la mayorÃa de las compañÃas tiene altos pasivos y préstamos que no podrá pagar. Y ponen como ejemplo a Isolux, la compañÃa que perdió uno de los tramos del Paseo del Bajo en medio de graves dificultades económicas y financieras.
Esta inacción del gobierno de Larreta, generó que desde la Legislatura la oposición aprovechara la oportunidad. El diputado porteño de Unidad Ciudadana, Leandro Santoro, presentó junto a Paula Penacca un proyecto para modificar la ley porteña de Compras y Contrataciones, el régimen de PPP y la ley de Concesiones, titulada "Ley de exclusión de empresas arrepentidas".
Endeudamiento. La Legislatura porteña aprobó una ampliación presupuestaria por 23.500 millones de pesos para pagar salarios y un endeudamiento por 305 millones de dólares. Los dólares serán para la "modernización de la lÃnea D", para integración de villas y a los viaductos de los trenes Mitre y San MartÃn. La iniciativa fue enviada a la Legislatura y el oficialismo espera votarlo el 16 de agosto próximo.
"Es insólito que los empresarios que reconocen haber pagado coimas no sólo estén libres sino que además sigan haciendo negocios, como Roggio, que se asocia con Siemens para retener la concesión del Subte porteño", dijo Santoro.
Justamente Aldo Roggio admitió ayer ante BonadÃo que "un porcentaje del 5 % de los pagos recibidos, que se pagaba en dinero en efectivo, periódicamente y en la persona del Secretario de Transporte". Con sus palabras el empresario no hizo otra cosa que reconocer que mantuvo el contrato del subte con el pago de coimas.
"El directivo va en representación de la empresa, entonces vos inhabilitás a la empresa", comentaron desde el despacho de Santoro. "Por una cuestión práctica los contratos que están en curso continúan, pero las empresas no podrán volverán a presentarse", agregaron a LPO.
"La iniciativa tiene por objetivo fundamental reforzar los mecanismos de transparencia, impidiendo que el Estado de la Ciudad celebre contratos con personas fÃsicas o jurÃdicas que hubieren admitido en sede penal ser autores o partÃcipes de delitos, en el marco de los regÃmenes de procedimiento penal conocidos como ?el arrepentido' y de ?responsabilidad penal empresarial'", se explica en el proyecto.
Sin embargo las fuentes consultadas en la oposición no consideran prudente interrumpir ahora el contrato del subte. "Faltan seis meses, no tiene demasiado sentido intervenir ahora", se sinceraron.
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Lo que sería importante averiguar es si esa coima se sigue pagando o, al no pagarla, la empresa lo contemplo como un incremento tarifario ya que aumentaba sus ingresos