Los cancilleres de trece gobiernos de América Latina pidieron a Nicolás Maduro que no asuma su segundo mandato como presidente de Venezuela el jueves 10 de enero por considerar que la elección del 20 de mayo "carece de legitimidad", pero volvieron a restarle apoyo a una posible intervención militar, como evalúa Estados Unidos y ya cuenta con el guiño del brasileño Jair Bolsonaro.

Los firmantes de la declaración son los integrantes del Grupo de Lima, creado en 2017 con representantes de 14 países, pero sólo 13 se sumaron: negó su apoyo México, cuyo flamante presidente, Andrés Manuel López Obrador, no oculta su simpatía con su colega venezolano. Es un cambio rotundo en la política exterior de la segunda economía latinoamericana: su antecesor Enrique Peña Nieto lideraba las posiciones mas duras contra el chavismo.

Los gobiernos que subscribieron la declaración fueron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

Consideraron ilegítima la elección de Venezuela por no haber contado "con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019", según dice el punto uno del comunicado emitido al finalizar la reunión.

La decisión de López Obrador de no sumarse a la condena a Maduro implica un cambio radical en la política exterior de la segunda economía de Latinoamérica. Su antecesor Peña Nieto lideraba las posturas más duras contra el chavismo. 

Además los cancilleres ratificaron la legitimidad de la asamblea nacional que asumió en 2015 con mayoría opositora y Maduro ignora y subrayaron la "importancia del respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la plena vigencia del Estado de derecho en ese país".

Reclamaron además a los países miembros de la OEA "reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela" pero en uno de sus párrafos más significativos, condenaron "cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región", un claro mensaje a Trump.

Tras la salida de Mattis, crecen los rumores de una intervención militar en Venezuela

LPO había revelado en exclusiva que tras la salida del Departamento de Defensa del general moderado James Mattis, el sector más duro que rodea a Trump empezó a empujar fuerta la idea de una "solución" militar al problema del regimen chavista. Para eso contaban con el apoyo del brasileño Jair Bolsonaro, que discutió el tema incluso antes de asumir en una reunión secreta en Washington con John Bolton, asesor de Seguridad nacional de la Casa Blanca y uno de los más duros en la administración republicana.

Luego de asumir la presidencia Bolsonaro se reunió con el secretario de Estado, Mike Pompeo, en Brasilia y el análisis de las medidas a tomar contra Venezuela fueron el punto central del encuentro. Washington aspira a sumar al colombiano Ivan Duque al análisis de una opción militar. Esto plantea una divergencia con el gobierno de Macri, otro aliado regional de Trump, que como quedó claro en la reunión de Lima, se opone a la búsqueda de una salida militar.

En su rechazo a la salida militar, los cancilleres matizaron esa posición para no agraviar excesivamente a la Casa Blanca con "un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos", recordando "la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica, por parte de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana".

Los cancilleres agregan su "profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país", flagelo que, definido así, la diplomacia estadounidense utiliza para justificar intervención en los países.

De hecho, en el último punto exhortan " al régimen venezolano a permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese país y de sus efectos transnacionales". Pero sin despliegues militares.