Bolsonaro comenzó a jugar la principal batalla de su gestión, que determinará por completo el resto de su mandato. Este miércoles presentó al Congreso la tan esperada reforma del sistema previsional que finalmente será bastante más dura que la rechazada durante el gobierno Temer.

Se trata de una de las principales promesas de campaña y la máxima prioridad para su equipo económico que encabeza el ultra ortodoxo Paulo Guedes, debido al tremendo déficit que transita el país vecino.

En rigor, los gastos en jubilaciones representaron en 2017 un 13,64% del PBI brasilero y dado el proceso de envejecimiento de la población, podría duplicarse en los próximos 40 años, en caso de no realizar cambios significativos.

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Según Guedes, el régimen de contribución actual causa un déficit que se incrementa cada año como una bola de nieve, pasando de acuerdo a sus cálculos, de 12.700 millones de dólares en 2018 a USD 20.300 millones en 2019 y USD 33.000 en 2020.

En consecuencia, el humor del mercado dependerá del futuro de esta iniciativa, ya que el conjunto de los economistas coincide en que Brasil deberá hacer un ajuste al menos dos veces y media mayor al argentino.

Justamente para tranquilizar esta incertidumbre, el gobierno del ex militar desde un principio ratificó el impulso a esta reforma, llegando incluso a amenazar con aprobarla mediante un decreto presidencial.

Sin embargo, finalmente giró el proyecto planificado por Guedes al Congreso, donde lo espera un duro desafío. Al tener el carácter de "propuesta de enmienda constitucional", necesitará ser aprobada en dos oportunidades en cada cámara con tres quintos de los votos, un número muy lejano para la coalición gobernante.

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Es por eso que el super ministro de Economía acordó con el poderoso lobby industrial paulista una postergación de la apertura del Mercosur que tenía en carpeta, a cambio de que usen su capacidad de influencia para traccionar votos a favor del cambio en el sistema de jubilaciones.

Aun así, la jugada implica un gran riesgo teniendo en cuenta que la ley es mucho más dura que la rechazada durante la administración Temer, bajo un Congreso que no tuvo problemas en pasar la reforma laboral, pero no llegó a un acuerdo con esta temática por la oposición popular que genera.

La nueva propuesta establece una edad mínima de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, que además deberán contar con 40 años de aportes al sistema. Esto constituye un cambio brutal respecto a la actual legislación, que no fija edad mínima alguna y exige solo 30 años de aportes en las mujeres y 35 en los hombres.

Al mismo tiempo, se trata de un sistema de capitalización donde cada trabajador hace su propio ahorro y deja de financiar con sus aportes a los sectores inactivos, como sucede actualmente.

El tránsito de un esquema al otro es otro de los puntos de discordia, ya que mientras Temer preveía hacerlo en 20 años, Bolsonaro lo redujo a solamente 12. Esta rapidez precisamente es lo que permitiría elevar los beneficios para el gobierno en 280.000 millones de dólares para la próxima década, según indican en la cartera del "chicago boy".