La primer adjudicación importante de obra pública de la gestión de Omar Perotti amenaza con terminar en un escándalo mayúsculo. Luego de meses de parálisis, el gobernador de Santa Fe puso en marcha la licitación de la "Obra Modular Rosario", perteneciente a Aguas Santafesinas, por un total de 350 millones.

El contrato comprende el muy redituable negocio de obras de red de agua y cloacas, instalaciones de medidores y el mantenimiento del sistema, además del servicio de vallado y balizamiento de baches y obras adicionales que suelen generarse.

La empresa Brumont S.A. fue elegida  a pesar de que sus dueños, la familia Montaldo, estuvieron vinculados a una causa federal por evasión impositiva millonaria en el negocio de la venta de granos en negro.

De hecho, uno de los socios, el contador Maximiliano Montaldo, estuvo detenido el año pasado por decisión del juez federal Carlos Vera Barros quien investigó las firmas Federal Agropecuaria S.A. y la misma Brumont por evasión tributaria, operaciones ilegales de cereal y blanqueo.

A pesar de ello, el gobierno avanzó en el proceso licitatorio y ante la inminencia de que se le otorgue el servicio a la empresa cuestionada, la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Ximena Sola, pidió la suspensión de la licitación.

"La transparencia en la obra pública exige a nuestros organismos el respeto por las normas, la igualdad de oportunidades y la publicidad e información de todo lo que concierne al proceso licitatorio. Por eso, solicitamos a la provincia suspenda de manera inmediata el proceso que se pretende llevar adelante en los próximos días", sostuvo Ximena Sola en un comunicado.

Diputada Ximena Sola del bloque Juntos por el Cambio

Lo que llamó la atención a la oposición es que en noviembre del año pasado, cuando finalizaba la gestión del Frente Progresista, la licitación se canceló repentinamente cuando la empresa Brumont no superó la evaluación económica-financiera como tampoco acompañaron el certificado de los antecedentes penales de los titulares de la firma, obligando a extender el actual contrato hasta marzo de este año y llamar a una nueva presentación. 

Aguas Santafesina fue reestatizada en 2006 durante el segundo gobierno de Jorge Obeid. Con la asunción de Perotti, la empresa pasó bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura y Obras, una mega cartera conducida por Silvina Frana quien tiene a su cargo la obra pública, vialidad y las empresas de energía eléctrica y la misma Aguas.

Silvina Frana, ministra de Infraestructura y Obras de Santa Fe

LPO Carolina Niklison

 Lo curioso es que a pesar del cambio de gobierno y de autoridades en Aguas Santafesinas que se produjo en el medio, Brumont volvió a ser seleccionada para quedarse con el negocio. En Cambiemos apuntan a María Florencia Bessone, actual jefa de compras quien tiene estrechos vínculos con el socialismo.

Durante la anterior gestión, la funcionaria ejerció como gerenta de Administración y Finanzas de Aguas y fue mano derecha de Sebastián Bonet, presidente de la empresa estatal. Pero para mayor sorpresa, fue en el inicio del gobierno de Perotti cuando Bessone pasa a ocupar la oficina de compras, generando tensiones hacia adentro del peronismo y con el sindicato de Obras Sanitarias.

A su vez, en Brumont y algunos sectores de la empresa estatal sospechan que detrás de la denuncia de Cambiemos se encuentra CRD, Compañía Rosarina de Desobstrucciones quien es prestadora de Aguas y también pretendía quedarse con el negocio.

La pelea entre las dos firmas es de tal magnitud que en Aguas Santafesinas comentaron a La Política Online que por este tema, a fines del año pasado, se comunicó una alta funcionaria de AFIP para amenazar con denuncias a la empresa estatal si se le adjudicaba el contrato a Brumont.

Lo cierto es que la tensión puede escalar y salpicar al gobierno de Omar Perotti que en definitiva es el que pondrá la firma para la adjudicación. Sobre todo, en un contexto donde la obra pública que depende de la provincia no se reactiva y tal como publicó LPO, está lejos que eso ocurra porque aún no está presentado un plan de obras.

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Las constructoras prácticamente dan por perdido el año por la pandemia y temen que el próximo, al ser electoral y con un calendario que en Santa Fe se inicia muy temprano, los proyectos se aplacen aún más con el riesgo de que algunas firmas no puedan aguantar la larga espera.