El inminente colapso del sistema de salud en Brasil que se acerca a los 10 mil contagios y 900 muertes cada 24 horas, no basta para modificar el leitmotiv de Jair Bolsonaro. El presidente quiere recuperar la autoridad personal en todas las decisiones relacionadas con las cuarentenas y, desde ese lugar, apuesta a reconquistar espacios de poder dentro de su propio gobierno. De allí su embestida contra los gobernadores e intendentes, que por obra y gracia de una sentencia reciente de la Corte Suprema tienen prerrogativas para resolver el aislamiento social e incluso el lockdown y es vista por los seguidores de Bolsonaro como la cabeza de una conspiración para derrocar al Presidente, como quedó en claro en las protestas de este sábado. 

Deseoso de imponer sus criterios en la batalla contra el coronavirus, el jefe de Estado convocó el jueves último a un nutrido grupo de industriales, dueños de grandes empresas, a Brasilia. Primero los agasajó con un almuerzo, que presidió en compañía de cuatro ministros, entre ellos el general Walter Braga Neto, jefe de la Casa Civil y "presidente operativo" y el ultra liberal Paulo Guedes, de Economía. 

La Corte Suprema de Brasil tiene la llave para una destitución "exprés" de Bolsonaro

Pero la parte más importante vino después del festín. Por iniciativa del presidente, él y los empresarios cruzaron a pie la Plaza de los Tres Poderes para golpear la puerta del Supremo Tribunal Federal (STF). Sin aviso previo, consiguió que los atendiera de inmediato el titular del máximo organismo judicial, José Antonio Dias Toffoli. Según le dijo Bolsonaro, el objetivo era "sensibilizar" a la Justicia sobre las demandas de flexibilización de los confinamientos, impuestos para controlar la difusión del Covid-19.

Fiel a su estilo, sin notificar al dueño de casa Dias Toffoli, el presidente pasó a transmitir en vivo y en directo lo que se discutía en ese encuentro, a través de su portal en Facebook.

Bolsonaro quiere recuperar la autoridad personal en las decisiones sobre las cuarentenas y así reconquistar espacios de poder en su propio gobierno. De allí su embestida contra los gobernadores e intendentes, que por una sentencia reciente de la Corte Suprema tienen prerrogativas para resolver el aislamiento social.

Según testimoniaron los empresarios, miembros de la Coalición Industria, la misión había aceptado ser parte de esa visita a la Corte porque buscaban relatar la situación del sector productivo. Inclusive, iban con propuestas de realizar acciones y donaciones para el combate al coronavirus. Pretendían, además, obtener información sobre los planes para el momento de retomar las actividades.

Bolsonaro les llegó a preguntar si ellos estaban convencidos de afirmar que la industria brasileña estaba en la Unidad de Terapia Intensiva y precisaba de oxígeno. El grupo prefirió describir los problemas de acceso al crédito de los pequeños y medianos empresarios, antes que hablar del "aislamiento" por la pandemia. Pero esto se supo después por las declaraciones de algunos de los participantes. Fue el caso de la Asociación Nacional de Fabricas de Vehículos Automotores (Anfavea), cuyo titular emitió un comunicado institucional para indicar: "No hemos pedido ninguna flexibilización" de las cuarentenas.

Palacio Planalto

Con el ojo puesto en cepillar las sospechas de debilidad política, Bolsonaro sintió que la compañía de encumbrados industriales "daba volumen" a su proyecto de recobrar empoderamiento. Pero la maniobra de marketing duró lo que el vuelo de una gallina. Algunos pasos que dio a posteriori el presidente, como por ejemplo declarar que este domingo iría a invitar a 300 personas a comer un asado en su residencia, quitaron el lustre adquirido con ese respaldo empresarial. Pero este domingo puede acaecer otro traspié, tal vez mucho más pesado: centenas de sus seguidores han montado campamento en la célebre Plaza de los Tres Poderes de Brasilia. Y amenazan con invadir el Congreso y la propia Corte, de un momento para otro.

No es que los planteos de Bolsonaro, sobre acelerar las salidas de las cuarentenas carezcan de lógica. El presidente brasileño subrayó en cónclave del viernes: "Tenemos un problema que nos preocupa cada vez más: la cuestión de una economía que deja de funcionar y el desempleo que genera".

Más allá del tremendismo de Bolsonaro, hay una realidad que no es posible minimizar. No sólo cayó casi 10% la industria, también se desplomó en marzo la inversión bruta fija en 8,9%. En abril, la industria automotriz produjo sólo 1.847 vehículos. El promedio era de 267.000 unidades. 

Advirtió entonces: "El efecto colateral del combate al virus no puede ser más dañino que la propia enfermedad". Para el jefe del Planalto "llegó el momento en que se vuelve difícil recuperar la economía. Y nosotros, los jefes de los Poderes, tenemos que decidir". Durante la reunión en el STF, el ministro Guedes dramatizó: "No queremos correr el riesgo de una Venezuela. Tampoco de una Argentina que se desorganizó y entró en inflación".

Más allá del tremendismo, hay una realidad que no es posible minimizar. No sólo cayó casi 10% la industria, también se desplomó en marzo la inversión bruta fija en 8,9%. Según el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), esa retracción refleja "el impacto simultáneo de la pandemia sobre la demanda y la oferta". En la visión del instituto, que depende del Ministerio de Economía, las decisiones de inversión se toman "en función de la confianza que fue afectada".

Otros datos corroboran el sentimiento de alarma. En abril, la industria automotriz produjo tan sólo 1.847 vehículos. El promedio, para ese mes, es tradicionalmente de 267.000 unidades. Roberto Setúbal, presidente del Banco Itaú, advirtió el viernes último que la economía post coronavirus será muy diferente de la que existió hasta ahora. "Tendremos empresas y actividades que serán triunfadoras, y otras en cambio desparecerán. Hay que aceptar ese ajuste de la economía porque no hay cómo salvar a todo el mundo". El banquero consideró que el sector financiero deberá recibir una ayuda adicional del Estado para garantizar la liquidez.

Para el jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, es "comprensible" la preocupación por el retorno a la actividad económica. Pero juzgó que cualquier presión contra las cuarentenas decretadas por gobernadores "es un acto delictivo", al tiempo que alertó sobre la flexibilización del aislamiento social: "Salvar vidas está en primer lugar".