La polémica que este fin de semana se desató sobre la medición de la riqueza en México no es casual. O al menos así lo interpretan los magnates, que advierten que en el fondo de estas discusiones y propuestas que emergen desde la 4T existe un intento real para obligarlos a pagar más impuestos por sus riquezas, en línea con el proyecto de Máximo Kirchner en la Argentina.

"La felicidad no consiste en obtener bienes, riquezas, títulos, fama, lujos, sino en estar bien con nosotros mismos", es la constante frase del presidente López Obrador que formó parte de las conclusiones del ensayo que publicó este fin de semana La nueva política económica en los tiempos del coronavirus, con el que abrió el debate sobre la evolución de la desigualdad en el país.

A la par, el titular del partido Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, lanzó un acuerdo que propone modificaciones constitucionales y al sistema jurídico para lograr, desde la óptica de la 4T, el bienestar social. La atención la atrajo principalmente la propuesta de que el Instituto nacional de Estadísticas mexicano (INEGI) pueda medir la concentración de la riqueza, teniendo un acceso total a la información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El planteo es que este instituto pueda tener una información más certera del patrimonio inmobiliario y financiero de las personas más acaudaladas y, de ese modo, poder avanzar con una política fiscal más progresiva, es decir que los más ricos paguen más impuestos, no solo en términos absolutos sino también en términos porcentuales.

"La experiencia histórica nos muestra con una terca contundencia que el Estado de Bienestar solo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que más tienen", agrega el documento.

Ambos textos, y las discusiones que posteriormente se suscitaron, prenden alarmas en el sector empresarial, pues entienden que son una presión para el pago de impuestos. "O pagan ahora en medio de la crisis, o vendrán impuestos a la riqueza", interpretó un empresario que pidió el anonimato.

Este lunes, el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, destacó: "El Partido Morena propone un nuevo estado donde el INEGI revise el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas; que se grave la propiedad, la riqueza y el ingreso; y que la Cofece evite El sobreprecio que se impone al momento de adquirir. Uff", escribió en su cuenta de Twitter.

Las nuevas alarmas de los magnates son apenas un eco de lo que ya pasó semanas atrás, cuando López Obrador exhibió que hay 15 grandes empresas cuya morosidad asciende a los $50.000 millones. Ocurrió justo en medio de una amenaza de rebelión fiscal y en una batalla contra los empresarios que cada día se intensifica más, desde distintos frentes.

Por eso no resulta casual este tipo de mensajes, ni que la lectura de los empresarios sea el de una presión frontal en este escenario. Basta también mirar más atrás, con otras propuestas polémicas que han obligado al sector privado a sentarse a negociar con el gobierno, como aquella que apuntaba por la regulación bancaria en términos de comisiones.

Y en medio de este debate, el subgobernador del Banco Central de México (Banxico), Gerardo Esquivel, irrumpió en la discusión con una mirada más técnica que, en efecto, tiene ciertas coincidencias en la propuesta de Morena. El subgobernador admitió que AMLO había cometido un error en su ensayo, pero intentó darle otro enfoque al debate.

Si bien el documento de López Obrador robó la atención por utilizar una gráfica del Coeficiente de Gini en México que mostraba exactamente lo contrario a su argumento, Esquivel argumentó que sí se está subestimando la riqueza en el país, pues hay imprecisiones en las mediciones de INEGI en la encuesta de hogares, por lo que, en su cuenta de Twitter publicó otros trabajos que demuestran que la desigualdad en el país es mucho mayor a la proyectada de manera oficial.

También se refirió a la propuesta de Ramírez Cuellar respecto al INEGI, destacando que no solo se trata de una práctica "común" en otros países como Estados Unidos, sino que también reveló que en México ya se abrió esta ruta desde el año pasado.

Se trata de una encuesta que realizó el INEGI en 2019 junto a Banxico llamada Encuesta sobre las finanzas de los hogares y cuya información "se está procesando y en unos meses estaría disponible para su consulta", afirmó el subgobernador.

"Nos están mostrando los dientes para después sentarnos a negociar. Es un mecanismo que ya aprendimos que usa el Presidente", concluye el mismo empresario.