La decisión del gobierno nacional de pagar en cuotas el medio aguinaldo a los trabajadores estatales -una medida que empieza a ser replicada en otros sectores- provocó el primer cortocircuito fuerte de la gestión de Alberto Fernandez con los sindicatos, que salieron a cuestionarlo duramente.

Estatales, bancarios y judiciales encabezan las quejas contra el presidente, al que le recordaron que no tuvo la misma firmeza para avanzar con el impuesto a la riqueza. "Ni Cavallo se atrevió a tanto", lo chicaneó la UEJN, el gremio que lidera Julio Piumato, quien adelantó que analizan medidas de fuerza.

La UEJN apuntó especialmente contra la Corte, pero el mensaje también tiene como destinatario al gobierno. "No vimos que se tratara en el Congreso ningún proyecto para gravar a las grandes riquezas, impedir la fuga de capitales o la evasión impositiva, ni que llevaran presos a los que funden al país, muchos fuegos de artificios. Luego en concreto solo asistimos al ajuste del pueblo trabajador", disparó el sindicato de judiciales.

La Corte Suprema resolvió que el aguinaldo de los judiciales también se pague en cuotas

Por su parte, la Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, cuestionó "la inconducente decisión" de pagar el aguinaldo en cuotas y remarcaron también su rechazo a la suspensión de la movilidad jubilatoria. "Reclamamos que el decreto respectivo se deje sin efecto, en tanto iniciamos las acciones judiciales pertinentes", puntualizaron en un comunicado.

La Bancaria también hizo hincapié en que "es necesario sancionar el impuesto a las grandes fortunas y producir una urgente y verdadera reforma tributaria progresiva", a la vez que le pidió a Alberto "la mayor firmeza" ante "la extorsión de las corporaciones".

La medida del gobierno también fue cuestionada por los gremios del sector estatal. El titular de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, considerp que el pago en cuotas del aguinaldo "es un avance inadmisible sobre un derecho histórico de quienes viven de su trabajo y no del ajeno".

En un comunicado de la central, Yasky sostuvo que la decisión constituye "una profundización de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales, ya depreciados y ajustados de manera salvaje durante los cuatro años de gobierno macrista". Además, la CTA remarcó que la medida "supone una señal directa para que las patronales privadas hagan lo propio, aun cuando la Ley de Contrato de Trabajo lo impide de manera explícita".

Por su parte, el gremio de trabajadores de Anses, Secasfpi, recordó que en ese sector tuvieron una participación clave en la puesta en marcha del IFE para asistir a los sectores más golpeados por la pandemia y continuaron trabajando sin interrupción, por lo que reclamaron el pago completo del SAC. Este gremio también remarcó que el oficialismo no avanzó con el impuesto a los ricos.

La medida del gobierno ya había sido cuestionada por la CTA Autónoma, el gremio de estatales más duro con la Casa Rosada, y también -aunque en un tono más amigable- por UPCN, el sindicato mayoritario del sector.