La Cámara de Diputados aprobó este jueves un proyecto de ley para regular condiciones del teletrabajo con iguales derechos laborales, la obligación de las empresas de proveer materiales a sus empleados y respetar sus jornadas horarias.

El proyecto surgió de un consenso de la Comisión de Legislación Laboral, presidida por la kirchnerista Vanesa Siley, como síntesis de 17 iniciativas presentadas, el aporte del sindicalismo, del ministro de Trabajo Claudio Moroni y, en menor medida, de las demandas de empresarios e industriales. 

La principal fue que la ley recién comenzará a regir 90 días después de finalizado el aislamiento social obligatorio, por lo que su sanción en el Senado no es urgente. La UIA había pedido 180, con el argumento de que no se puede incentivar el teletrabajo por la pandemia y forzar a las empresas a equipar a sus empleados en plena recesión. Le dieron la mitad.

Siley logró respaldo de gran parte de Cambiemos: se abstuvieron 27 de sus diputados y el resto permitió su aprobación. "Lo que no se regula, queda tácitamente regulado a favor de la parte más poderosa", celebró la sindicalista del gremio de judiciales,  presente en el recinto de Diputados, que volvió a sesionar en forma remota con 40 bancas ocupadas.

Destacó que casi no hay legislación sobre teletrabajo y España empezó a debatirla estos días. Según informó Moroni en el debate en comisiones, en ese país se duplicaron los empleados remotos con el aislamiento social de la pandemia. 

 "Es una ley que va a ser punta, porque en el mundo hay muy pocos países que han legislado este tema. Consagra una serie de derechos y surgió de un debate intenso en el que pudimos firmar el dictamen por unanimidad, con disidencias parciales", festejó el sindicalista Hugo Yasky. 

Teletrabajo: las empresas deberán respetar horarios y aportar materiales 

La ley consiste en un menú de derechos básicos para el teletrabajo, definido como una modalidad contractual que cada gremio deberá adaptar a sus convenciones colectivas de trabajo, un paso que para Cambiemos debería haber sido opcional. 

Los empleados podrán aceptar en forma voluntaria esta modalidad de trabajo y sostener sus derechos vigentes, mientras que los empleadores les deberán proveer de un software para cumplir sus tareas o asignar un plus salarial al personal que las financie. Ese monto no sería computable en el cálculo del impuesto a las Ganancias. 

Deberán respetar una jornada preestablecida y fuera de ella los empleados tendrán derecho a una desconexión, cuya redacción en la ley fue parte de la resistencia de la oposición más numerosa. Es que en un párrafo se prohíbe a los jefes exigir tareas en horario extra como también remitir "comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral".

El radical Albor Cantard y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, lo consideraron excesivo y causal de judicializaciones innecesarias por correos electrónicos enviados después de la cena, pero el frente de Todos se negó a revisarlo.

Un concepto que llegó para quedarse es el de la "reversibilidad laboral", que consiste en el derecho del trabajador para cambiar su condición de empleado presencial al remoto cuando lo considere. Para el PRO, es excesivo. 

"Hay que pensar en las pymes que dan empleo y que después de esta pandemia ni van a tener una oficina", protestó Martín Medina, del PRO, pero no fue escuchado: Siley anticipó que no modificaría ningún artículo y así lo hizo. Cantard pidió sin éxito que la reversibilidad tenga un párrafo de preaviso de 30 días, como había reclamado la UIA; y que exista una modalidad contractual telemática pura, sin chances de volver atrás. 

Siley tampoco quiso tocar el régimen de cuidados y por el contrario anticipó que podría marcar tendencia por ser la primera vez que se considera la atención a personas en una ley laboral. En este caso, quienes deban cuidar a menores de 13 años, adultos mayores o discapacitados podrán pactar sus horarios. La lilita Frade consideró que esa restricción sólo logrará que menos mujeres consigan empleo.

El Ministerio de Trabajo, que será la autoridad de aplicación, deberá crear un registro de teletrabajadores para evitar la precarización laboral. Y, en otro logro gremial, estará a cargo de autorizar a empleados de otros países que quieran prestar servicio a compañías locales. A su vez, los convenios colectivos establecerán un límite de extranjeros.

El bloque Unidad para el desarrollo, de José Luis Ramón, se abstuvo por considerar que parte de la redacción podría ser utilizada para flexibilizar el trabajo. Apuntan a la definición de trabajo "por objetivos" que podría trastocar con las jornadas laborales; como también la posibilidad de aplicar teletrabajo "en casos de fuerza mayor", como la pandemia. La izquierda tampoco votó a favor, molesta porque la ley regirá recién cuando no haya aislamiento social.