En pleno pico de contagios por coronavirus en Chile, un automovilista intentó atropellar a cuatro soldados que pedían su detención en un retén y el fiscal actuante pidió la imputación de la patrulla, en vez de convocarlos como testigos para encontrar al prófugo.

El hecho desató un escándalo no solamente por condicionar el accionar futuro de las fuerzas de seguridad que pretendan cumplir con los controles de cuarentena, sino porque el fiscal integra el Ministerio Público que conduce el primo de la mano derecha de Piñera en el gabinete, el denunciado ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme.

El Ministerio Público está a cargo de Jorge Abbot Charme, quien apenas llegó al cargo inmediatamente retribuyó favores al desestimar las denuncias del caso Penta, donde se comprobó el financiamiento irregular de campañas electorales del oficialismo -que complicaban a su primo ministro de Piñera- y sin embargo la causa terminó con una pena de cuatro años de "libertad vigilada" para los acusados.

Jorge Abbot Charme es primo del poderoso ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme. Apenas asumió en la Procuración devolvió los favores y desestimó las denuncias del caso Penta que complicaban a su pariente.

En el Ministerio Público de Chile explicaron a LPO que si bien es cierto que el procurador Abbott Charme es primo hermano del ministro Moreno Charme, su designación se produjo durante el mandato de la socialista Michelle Bachelet y pasó por la comisión del Congreso respectiva. No es un secreto que Abbott Charme es políticamente de derecha como el actual presidente Piñera.

En este caso, la polémica se inicia en un control de la Armada que a las cuatro de la mañana da la orden de alto a un automovilista que intenta atropellarlos y se da a la fuga.

Los escándalos de corrupción acorralan al hombre fuerte del gabinete de Piñera

Los uniformados acuden inmediatamente a la comisaría de Carabineros para hacer la denuncia, pero el fiscal de turno Enzo Osorio Calvo ordena que les tomen declaraciones como imputados y no como denunciantes, lo que los transforma de víctimas a victimarios. Osorio depende de la fiscal regional Marcela Cartagena, que a su vez depende junto a los otros 18 fiscales regionales de Chile de Abbott.

Luego, la Corte de Apelaciones de Concepción corrigió la medida y le dio la razón a los soldados ante un recurso de amparo dado que no encuentró ningún elemento objetivo para considerarlos eventuales responsables de haber cometido un delito.

Sin embargo, el procurador Abbot apeló ante la Corte Suprema y esta terminó legitimando la visión de la fiscalía en un insólito fallo en tiempo récord, de una sola página.

Según la fiscalía, la decisión de imputarlos favorece a los soldados ya que de esta manera "tienen derecho a guardar silencio", justamente lo contrario de su objetivo inicial de testificar para poder atrapar al prófugo.

Lo concreto es que al ser imputados, están expuestos a condenas y deben afrontar el costo de contratar un abogado, por lo que en Chile ya acusan a Abbot de "incapacidad para desempeñar el cargo" y "desconocimiento de los principios más básicos del derecho penal".

Los cuestionamientos profesionales hacia Abbot vienen desde los meses de estallido social a fines del 2019, cuando a pesar de los reiterados hechos de vandalismo y delitos flagrantes, los fiscales brillaban por su ausencia y estaban lejos de conducir el accionar policial. Es por eso que destacados dirigentes políticos y periodistas -como Tomás Mosciatti de Radio Bío Bío- ya están pidiendo su renuncia.