Cristina Kirchner sumó otra cuota de poder en el Congreso: la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las legisladores de su mayor confianza, fue elegida presidenta de la Comisión Bicameral encargada de implementar el nuevo Código Procesal Penal, sancionado en 2014. 

Su principal cambio es que incorpora el sistema acusatorio que otorga la instrucción de las causas a los fiscales, presente en la mayoría de las provincias. Y prevé una implementación gradual que tarde o temprano tendrá su capítulo en Capital Federal, donde perderán poder los doce juzgados de Comodoro Py que manejan los tiempos de las causas por corrupción de los gobiernos.

Será un momento histórico que por ahora no tiene fecha. El año pasado el sistema acusatorio empezó a funcionar en Jujuy y Salta y está previsto probarlo en los próximos meses en Mendoza y Rosario. 

Así lo definió la bicameral en noviembre, cuando Alberto Fernández ya era presidente electo y decidieron además implementar una serie de artículos del nuevo Código que restringen la prisión preventiva, un recurso utilizado para detener los ex funcionarios de Cristina Kirchner. Aún con esas limitaciones, sirvió para apresar a los acusados de espionaje ilegal del Gobierno de Mauricio Macri.

Cambiemos y el kirchnerismo acordaron restringir las prisiones preventivas

Para los referentes jurídicos de Cristina, la influencia que tendrán los fiscales le da poco sentido a la reforma judicial prometida por Alberto Fernández, que contempla llevar a 54 los juzgados de Comodoro Py para disipar su poder. En el kirchnerismo explican que controlar a esos magistrados no será fácil y el proyecto, prometido varias veces por el presidente, nunca llegó.

La bicameral, por ahora, se abocará al empoderamiento de los fiscales en Mendoza y Rosario y para eso la integraron los senadores oficialistas de Santa Fe Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnun. Junto a sus pares Sagasti, Inés Pilati Vergara y Mariano Recalde, garantizan una mayoría oficialista para tomar decisiones. 

Completan la nómina del Frente de Todos los diputados Lucas Godoy, Ramiro Gutiérrez, Martín Soria y Marisa Uceda. Cambiemos lo representan los senadores radicales Silvia Elías de Pérez y Victor Zimmerman; y se ganó un lugar Lucila Crexell, la neuquina con pasado en el MPN, que asumió por el PRO y se mueve con la oposición. Integran la bicameral los diputados radicales María Gabriela Burgos y Albor Cantard; y los del PRO Eduardo Cáceres y Jorge Enríquez.

Fotografía HCSN

Mirabella y Sacnun se entusiasmaron con el rol de los fiscales para combatir el narcotráfico, uno de los delitos federales más comunes sobre todo en Rosario. Otros en los que deberán actuar serán corrupción, lavado de activos, trata de personas, contrabando y secuestros extorsivos.

Sagasti también preside la Comisión de Acuerdos del Senado, encargada de monitorear el nombramiento de jueces, una tarea que aún no pudo iniciar por la pandemia. Pero ni bien asumió, seleccionó los pliegos enviados por Mauricio Macri para que Alberto Fernández los retirara. 

En una cordial reunión inaugural, la mendocina consideró que "este nuevo Código Procesal es una deuda con la Justicia que ya la mayoría de las provincias lo viene aplicando hace tiempo".

Y propuso "un  monitoreo por las provincias para ver conocer como se está aplicando y colaborar de este modo con el poder judicial", sujeto a la posibilidad de movilizarse por el país, por ahora imposible hasta que no haya una vacuna contra el Covid 19. 

Las radicales Silvia Elías de Pérez y Gabriela Burgos reclamaron una gestión ante el Ministerio Público para cubrir fiscalías vacantes, tarea que no le corresponde a la bicameral pero que resulta clave para que el sistema acusatorio se lleve a cabo. 

Los concursos debe abrirlos el procurador Eduardo Casal, quien reemplazó en 2017 a Alejandra Gils Carbó y se quedará un buen tiempo, porque Cambiemos se alineó para no aprobar el pliego de Daniel Rafecas, quien por ahora seguirá como juez federal.