Los planes de Lacalle Pou de poner en orden el déficit creciente que heredó del Frente Amplio tuvieron que postergarse. Con los gastos extraordinarios de la pandemia, el déficit fiscal acumulado en doce meses pasó de ser del 5,4% en julio del año pasado a 5,9% en julio de este año, de acuerdo al resultado del sector público informado ayer por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Se trata nada menos que del déficit fiscal más alto en 31 años, según consignó el diario El Observador. Por eso, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, considera que este año lo terminarán con un déficit del 6,5% del PBI y a partir del año próximo podrán ir bajándolo al 4,1% del PBI en 2021, Luego los planes consisten en seguir reduciéndolo gradualmente hasta llegar al 2,5% del PBI en 2024.

El resultado de julio negativo por unos 164 millones de dólares es producto de un crecimiento interanual de los ingresos del 5,6% y un aumento de los gastos 6%. Entre los ingresos se destaca el resultado de las empresas públicas que mejoró casi un 30% interanual, por el lado de las erogaciones se destaca el crecimiento del 250% del seguro de desempleo.

Por lo pronto, Lacalle Pou contó con fuerte respaldo para financiar el déficit este año. Por un lado, solo en julio el Banco Central les reportó utilidades por unos 1.804 millones de pesos uruguayos (unos 42 millones de dólares) y, por el otro, con el impuesto sobre los salarios de los más altos funcionarios del Estado y las donaciones del sector privado para el Fondo Coronavirus que acotaron a solo 9 décimas del 5,9% el impacto presupuestario de las políticas para combatir la pandemia.

En tercer lugar se destaca también el rol de los mercados financieros internacionales. Cabe recordar que el 24 de junio, la ministra Arbeleche anunció la colocación de deuda a la tasa más baja de la historia del país vecino: el equivalente a 1.100 millones de dólares en pesos uruguayos con bonos atados a la inflación y otros 400 millones de dólares en bonos en moneda fuerte al 2,47% nominal anual. La colocación permite cubrir al menos 9 meses de un déficit fiscal del tamaño del de julio.