El gobierno de Alberto Fernández volvió a quedar en el centro de la escena por su posición ante el régimen venezolano. A la decisión de no firmar un comunicado del Grupo de Contacto Internacional en contra de las elecciones legislativas del domingo pasado, se le sumó la posición del embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, de abstenerse a la hora de votar una resolución que calificó los comicios de "fraudulentos". 

El dirigente kirchnerista argumentó que "la actual Asamblea Nacional va a caducar el 5 de enero porque así lo establecen las normas venezolanas" y planteó que  "es contradictorio plantear que la única salida para Venezuela es un presunto gobierno de transición y a la vez despreciar la importancia de que se cumpla con la Constitución venezolana".

A diferencia de que lo sucede en otros organismo internacionales, la posición de Raimundi en la OEA es mucha más cercana a los intereses del gobierno venezolano

 "Lamentamos que desde la OEA no hayamos podido avanzar para contribuir a fortalecer el proceso democrático en Venezuela al que en nada contribuye el proyecto de resolución bajo consideración", agregó.

El vínculo del gobierno con la OEA es malo desde antes de la victoria de Alberto Fernández. El presidente lo responsabilizó del golpe de Estado contra Evo Morales, dijo que "la gestión de Almagro será recordada como la más penosa que la OEA haya tenido" y señaló que el organismo interamericano está controlado por Estados Unidos. 

AP

Es por eso que, a diferencia de que lo sucede en otros organismo internacionales, la posición de Raimundi en la OEA es mucha más cercana a los intereses del gobierno venezolano. En septiembre votó contra el informe de las Naciones Unidas que denunciaba la represión ilegal y argumentó que "hay una visión sesgada de la violación a los derechos humanos en muchos países de la región" y consideró que "Maduro está bajo una arbitraria presión internacional". 

Alberto Fernández buscó una línea intermedia entre el apoyo cerrado a Maduro que defienden algunas organizaciones kirchneristas y la condena explicita más ligada a la retórica de Estados Unidos.

Luego, en octubre, Argentina se abstuvo cuando el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que condicionaba el reconocimiento de las elecciones "al establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia". 

En un primer momento, Alberto Fernández buscó una línea intermedia entre el apoyo cerrado a Maduro que defienden algunas organizaciones kirchneristas y la condena explicita más ligada a la retórica de Estados Unidos. Por eso, el país se incorporó en agosto al Grupo de Contacto Internacional (GIC) que contiene a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay y según su propia definición trabaja para "el esfuerzo común de fomentar el respaldo a una salida pacífica y democrática de la crisis en Venezuela y facilitar el acceso y aumento de la ayuda humanitaria a este país, particularmente en el contexto actual de expansión de la pandemia de Covid-19".

"Los miembros del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela tienen el placer de comunicar la adhesión al Grupo de la República Argentina. Acogen con satisfacción el compromiso de Argentina a contribuir a una solución pacífica y democrática de la crisis en Venezuela, convencidos del papel positivo que este país desempeñará como parte de la labor del Grupo de Contacto", fue el mensaje de bienvenida de este espacio a la incorporación de Argentina en agosto pasado. 

Desde la perspectiva de la Casa Rosada, el GIC significó una alterativa a los posicionamientos más duros del Grupo de Lima que el gobierno planea abandonar antes de fin de año. Sin embargo, en relación a las elecciones legislativas, no hubo ninguna diferencia. 

Desde la perspectiva de la Casa Rosada, el GIC significó una alterativa a los posicionamientos más duros del Grupo de Lima que el gobierno planea abandonar antes de fin de año

Como se sabe, las opiniones dentro del Frente de Todos sobre el gobierno venezolano son diversas. El kirchnerismo se aferra a la nostalgia de la relación con Hugo Chávez en los tiempos del "No al Alca" en el contexto de la ola progresista regional de la década pasada y argumenta que las sanciones contra el país como uno de los responsables de la crisis actual. "Venezuela sin sanciones y bloqueo sería otra Venezuela", sostuvo un internacionalista que frecuenta el Instituto Patria.

El número dos de Venezuela dijo que Alberto es un presidente "de tibio pa' frío"

Por otro lado aparece el Frente Renovador con Sergio Massa que no ha tenido problemas de calificar al gobierno de Maduro como una dictadura e incluso llegó a reconocer a Juan Guaidó como presidente legitimo.

La presión mediática y el uso interno que se le da a la cuestión venezolana ponen al gobierno en un verdadero problema. Negar la realidad dramática que se vive en el país caribeño con 6 años seguidos de recesión, libertades individuales cercenadas, presos políticos, 5,4 millones de refugiados y un autoritarismo creciente genera el riesgo de ser señalado como un país cómplice y quedar pegado a una realidad que Argentina quiere tener lejos, pero adoptar una retórica virulenta similar a la de Juntos por el Cambio generaría ruido tanto en algunos integrantes de la coalición como en parte del electorado.

Felipe Solá.

Es por eso que Alberto Fernández decidió implementar una tercera vía como posicionamiento diplomático en cual se denuncia la violación a los Derechos Humanos en base al informe de Michelle Bachelet en las Naciones Unidas y se rechaza toda intención de intervención extranjera.

Soltarle la mano a Maduro y denunciar su régimen erosionaría la relación entre Alberto y Cristina y eso no está en los planes de nadie. 

Tal como ocurre en otros ámbitos, el Gobierno está ante la encrucijada de elegir un camino con la certeza de que traerá costos y terminará fisurando algunas de las patas que configuran el Frente de Todos. Soltarle la mano a Maduro y denunciar su régimen erosionaría la relación entre Alberto y Cristina y eso no está en los planes de nadie. 

Elegir el silencio es una opción que vendrá acompañada de críticas encendidas del círculo rojo y la oposición política pero podría evitar embarrarse en un debate eterno pero lo obliga a resignar el rol de articulador regional. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha expresado, "sin comentarios", respondieron en Cancillería ante la consulta de este medio. 

El problema continuará: el 5 de enero asumirá una nueva conducción de la Asamblea Nacional y el gobierno deberá tomar la decisión de reconocerla o no. La postura del Grupo de Contacto lo dejo en un lugar incómodo y la posibilidad de que el kirchnerismo imponga su línea dura aleja toda posibilidad de diseñar una tercera vía en pleno año electoral.