Dos de los intendentes más cercanos a Alberto Fernández lanzaron en las últimas horas dispositivos de control de precios en sus distritos. Juan Zabaleta (Hurlingham) y Mariano Cascallares (Almirante Brown) enviaron fiscalizadores supervisar el programa de Precios Cuidados.

Zabaleta envió unos 100 fiscalizadores para controles en los principales supermercados y otros tanto lanzó Cascallares.

"Los intendentes tenemos que ser la rueda de auxilio en el monitoreo de precios de nuestros distritos", dijo el alcalde de Hurlingham y explicó que el control se lleva adelante a través de la Dirección General de Fiscalización, Control y Habilitaciones del municipio.

El operativo estuvo encabezado por la diputada nacional Florencia Lampreabe y el presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham, Damian Selci.

Preocupa la aceleración de la inflación en diciembre pese al freno a tarifas y al dólar

En tanto, lo mismo hizo Cascallares en Almirante Brown. El intendente envió un equipo de inspectores para controlar tanto la exposición de la mercadería y de los productos, como también la evolución de los precios.

"El objetivo es que los comercios tengan los precios siempre bien exhibidos y que los mismos sean razonables, para lo cual se toma como referencia los valores del Mercado Central y del programa de Precios Máximos", se indicó desde ese municipio del sur del Conurbano. 

Durante el año pasado hubo varios contactos entre la Rosada y los intendentes para que estos últimos tengan a cargo el control de los precios de los alimentos y la aplicación de la ley de góndolas.

El objetivo es evitar que la reactivación económica, que proyecta la Casa Rosada para este año, se diluya con la inflación.

La inflación en diciembre se aceleró al 4%, de modo que en el último año el Índice de Precios al Consumidor cerró con un alza del 36,1%. Así, los alimentos volvieron a superar la inflación media al subir 4,4% con el impulso de los precios de la carne que subió 15% que estuvo parcialmente morigerado por la baja del 12% de las verduras. En consecuencia terminaron 2020 con un incremento acumulado del 42,1%.

En abril del año pasado el Presidente decretó que las autoridades municipales tendrán el poder "de fiscalización y control" de precios, que se estableció en la resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior "con el objeto de asegurar el buen curso de las investigaciones y procedimientos administrativos".

Así, los intendentes tienen a su disposición el artículo 12 de la Ley de Abastecimiento, que establece la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública, realizar allanamientos, secuestrar libros, intervenir la mercadería en infracción y clausurar de forma preventiva por tres días los locales, con posibilidad de prorrogarlos a treinta.

También están habilitados a "citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración y podrá citarse a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a suscribir como tales el acta correspondiente".