Más del 10% de la plantilla de la Inspección de Trabajo percibe un salario público desde hace un año sin tener posibilidad de acceder a su puesto. El organismo, dirigido por Héctor Illueca y dependiente del Ministerio de Yolanda Díaz, se ha visto desbordado desde que comenzó la pandemia debido al mayor volumen de trabajo para evitar los fraude en la concesión de ayudas para las personas sin empleo.

 Pese a esta situación, el Estado desembolsa desde finales de 2019, 3 millones de euros anuales en pagar salarios a inspectores y subinspectores a quienes no asignan una plaza. Una situación que está previsto que dure al menos un año y medio. "Cobramos por no hacer nada", admiten.

Estas denuncias llegan después de que Yolanda Díaz admitiera el pasado noviembre en Salvados la insuficiencia de la plantilla de la Inspección. "¿Dispone de un cuerpo de inspectores suficientes?", le preguntaban. "No, de hecho vamos a incorporar 176 subinspectores y 40 inspectores", aseguraba, haciendo referencia a los funcionarios que aprobaron hace un año y medio y están aún a la espera de plaza.

Yolanda Díaz culpaba este domingo de la insuficiencia de personal en Inspección a que "hemos heredado una plantilla diezmada, completamente recortada

La ministra justificaba la insuficiencia en que "tenemos una ratio muy mala en la comparativa europea", y culpaba al anterior Gobierno de esto. "Hay que ir poco a poco incrementando la plantilla, pero la Administración Pública que hemos heredado está diezmada, está completamente recortada", aseguraba. "¿Alguien nos puede explicar por qué, siendo tan necesario, llevamos en casa sin trabajar desde marzo?", se preguntaba una funcionaria en esta situación.

En total, este limbo laboral afecta a una parte importante del organismo. La plantilla de la Inspección está actualmente formada por 1.956 funcionarios, de los que 1.000 son inspectores y 956 subinspectores, según el último informe anual de la Inspección, correspondiente a 2019. Ese mismo año aprobaron la oposición 208 nuevos trabajadores del cuerpo que a día de hoy continúan sin poder incorporarse al cuerpo al no habérsele asignado puesto de trabajo ni tarea alguna; una cifra que se corresponde con el 10,6% del total de la plantilla.

Yolanda Díaz reconoció los hechos revelados por LPO en el programa Salvados.

Los afectados son 86 subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, 88 subinspectores de Seguridad y Salud Laboral y 34 inspectores de Trabajo; todos ellos comenzaron a percibir un salario público a finales de 2019 y llevan más de un año sin acceder a su puesto de trabajo por no haberse convocado el concurso de adjudicación de plazas.

El Estado paga 2,4 millones de euros anuales a 176 subinspectores y 544.000 a 34 inspectores que aprobaron su oposición hace un año y medio

Hasta que tomen posesión de su puesto, cuando se conviertan en funcionarios de carrera, su situación es la de funcionario en prácticas, por la que cobran un salario público menos al que le corresponde mientras permanecen en sus domicilios. Tampoco se les permite acceder a ningún otro trabajo durante este tiempo ni prestar apoyo en las inspecciones provinciales a modo de prácticas, por no disponer del seguro correspondiente. Sin embargo, algunos de los afectados tampoco están dispuestos a continuar siendo mileuristas de prácticas, sino que piden acceder ya al puesto de trabajo que obtuvieron mediante oposición.

En el caso de los subinspectores, perciben 14.000 euros anuales mientras los inspectores laborales reciben 16.000 pese a no trabajar. Al año, los 174 subinspectores en esta situación suponen un gasto para el Estado de 2,43 millones de euros, mientras que el desembolso es de 544.000 euros para los inspectores que aún no han tomado posesión de su plaza. En total, tres millones de euros al año destinados a funcionarios a quienes no se les permite trabajar, pese al incremento de volumen de trabajo en las inspecciones provinciales. "Tirar 250.000 euros al mes de dinero de los contribuyentes para pagar a personas que no hacen nada es intolerable", destaca uno de los inspectores afectados.

La situación, que se alargará como mínimo un año y medio, supondrá un desembolso de al menos 4,5 millones de euros, sin tener en cuenta otras circunstancias como la externalización de las labores de inspección o la la nueva promoción de inspectores y subinspectores que aprobaron en 2020 y que una vez salga el listado definitivo estarán también a la espera de destino, engrosando la lista de funcionarios de la Inspección con sueldo pero sin trabajo.

A la espera de concurso

Todos ellos están a la espera de que se convoquen los concursos de traslado interno para que los miembros de la inspección puedan solicitar plaza en otras provincias; una vez que se resuelvan, se convocará el concurso para asignar las plazas vacantes para los nuevos integrantes de la Inspección. Un proceso que se está retrasando en todos los casos y que no prevé resolverse hasta julio como pronto, según han admitido desde el Ministerio de Trabajo a los afectados.

Sin embargo, esta situación amenaza con prolongarse aún más, hasta septiembre de 2021. Más de dos años después de que los 208 funcionarios aprobaran su oposición. Los más avanzados en este sentido son los 88 subinspectores de prevención y seguridad laboral, cuyo concurso interno se convocó en junio. Más de siete meses después, todavía no se ha resuelto y están a la espera de que el Gobierno publique su convocatoria para asignar plaza.

En el caso de los Inspectores de Trabajo y subinspectores laborales, ni siquiera hay horizonte, al no haberse convocado hasta la fecha concurso alguno. "Nos vamos a ir a las navidades de 2021, dos años y medio después de que aprobáramos", destaca un inspector afectado. Denuncian que desde el departamento de Yolanda Díaz no se les ha dado respuesta a sus peticiones para incorporarse ya a trabajar. "Desde mayo no contestan ni nos han remitido ninguna comunicación. Pasan completamente de nosotros", destaca otra de las subinspectoras afectadas.

Trabajo culpa a Darias, pero no convence

En comunicaciones extraoficiales, destacan los funcionarios, desde el Ministerio de Yolanda Díaz han culpado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al ser una acción coordinada entre los dos departamentos, que deben dar luz verde a estas convocatorias. Así, tratan de trasladar la responsabilidad a la cartera que Carolina Darias ocupaba hasta hace dos semanas y en la que ha tomado el relevo Miquel Iceta.

Desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) recuerdan que mantuvieron una reunión con Díaz el pasado octubre y que les emplazó a enero como fecha del nuevo concurso, sin que se haya producido de momento. Sin embargo, asumen que la responsabilidad no es única de la ministra. "No depende sólo de la ministra de Trabajo, depende de Trabajo y del ministro de Función Pública. Tiene que haber coordinación, y nosotros nos dirigimos a la ministra de Trabajo, y ella es la que nos tiene que dar respuesta", insisten.

Los inspectores no aceptan la excusa del Ministerio de Trabajo y destacan que los funcionarios de otros cuerpos aprobaron después que nosotros y ya están trabajando

Sin embargo, los inspectores ponen en cuestión el argumento brindado por el Gobierno y critican directamente la gestión y el funcionamiento de la Inspección: "No es verdad que sea porque tiene que pasar a Función Pública; la prueba es que los técnicos de Hacienda aprobaron después que nosotros y desde noviembre están trabajando", argumentan. "Los administradores civiles aprobaron en enero 2020 y ya están también trabajando, pasando también por la escuela técnica y las prácticas, y todos han sido ya nombrados en el BOE como funcionarios de carrera", denuncian.

Los afectados apuntan directamente al ministerio de Díaz y a la Dirección General de Inspección de Trabajo, ocupada por Héctor Illueca, inspector y ex diputado de Unidas Podemos. "Ya tienen gestión presupuestaria propia, es que ya ni siquiera tienen la excusa de que antes la Dirección General dependía económicamente del ministro o secretario de Estado. Ahora son ellos los que gestionan su propio dinero", apuntan.

"Me cuesta creer que sean capaces de sacar tantos reales decretos con medidas excepcionales y no sean capaces de sacar el BOE que nos permita trabajar", denuncia otra de las afectadas. "Tienen a 208 personas en sus casas con la situación que hay". Tratan de buscar explicaciones a su situación: "Tengo buena impresión de la ministra, creo que está haciendo un buen trabajo, pero no me explico cómo no nos han mandado ni un email ni se han puesto en contacto con nosotros. Algo tiene que haber detrás".

Los inspectores de Trabajo seguirán yendo a los tribunales

A esta situación tan excepcional se une otra más habitual pero no menos llamativa. Y es que la llegada del nuevo Gobierno y el nombramiento de Illueca como director del organismo autónomo de la Inspección no ha terminado con los errores que llevaban años arrastrándose.

Y es que los nuevos inspectores de Trabajo se incorporarán a su plaza en un nivel 26, un nivel menos que el resto de sus compañeros de Inspección de la misma categoría, que comporta unos 5.000 euros menos al año. Una situación que venía dándose desde hace años y que termina por sistema en los tribunales ya que, por ley, los funcionarios con las mismas funciones deben estar al mismo nivel.

"Cada inspector tiene que reclamar judicialmente, y al cabo de los años, cuando se resuelve, el Estado tiene que devolver lo que debe además de los intereses de demora", explica un inspector afectado. "El 99,9% de inspectores lo reclama y le devuelven los salarios atrasados", continúa, asumiendo que tendrá que pasar por el proceso judicial debido al error que tampoco tiene horizonte de resolución.