La justicia confirmó este lunes la prisión preventiva para el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en una causa que lo relaciona con el crimen organizado pero por ahora, pasará su detención en su domicilio.

Se trata de Mauro Blanco, fiscal adjunto de Venado Tuerto hasta octubre del año pasado, procesado por diferentes irregularidades que podrían derivar en penas de hasta ocho años de prisión.

En rigor, Blanco fue imputado este lunes por cuatro delitos: enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo agravado, violación de secreto e incumplimiento de deberes como funcionario público.

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Las investigaciones en su contra iniciaron en diciembre del 2019 y están dirigidas por su par de Reconquista, Leandro Mai, quien recibió el caso luego de que la Fiscalía Federal comprobara los vínculos de Blanco con Javier Roldán, un conocido "dealer" de la zona sur de Santa Fe.

 Blanco fue imputado por cuatro delitos: enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo agravado, violación de secreto e incumplimiento de deberes como funcionario público

Luego Blanco fue suspendido por seis meses de su cargo, una decisión de la Legislatura santafesina que no estuvo exenta de polémica. Fueron debates en que se cruzaron varias posturas, siendo la más llamativa la del senador Lisandro Enrico (salpicado en escuchas con el

Pero la suspensión se ratificó y la detención de Blanco se dio finalmente el pasado viernes, tras 16 allanamientos en distintas localidades de Santa Fe y Córdoba que intentaban seguirle la pista. Según un funcionario provincial, que habló con Página/12 tras aquellos hechos, el magistrado detenido "estaba hasta las manos".

Es por eso que el juez Adrián Godoy estimó oportuna la prisión preventiva mientras continúen las investigaciones. Según sus conclusiones, el acusado cuenta con los móviles necesarios para entorpecer la investigación o fugarse del país. Además determinó la reclusión domiciliaria por considerar que tiene "jóvenes a cargo".

Su nombre se suma así a la lista de fiscales del MPA vinculados con hechos delictivos. Dos de ellos, Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, ya fueron procesados en el marco de la causa del juego clandestino liderada por Leonardo Peiti, y que puso en el ojo de la tormenta al senador Armando Traferri.

También se investigan por los mismas causas al fiscal de Reconquista, Rodrigo González, y a su par de San Lorenzo, Melisa Serena.