El proyecto de ley anunciado por Alberto Fernández para fijar criterios "científicos, claros y precisos" que ayuden a definir los confinamientos será mirado con lupa por Cambiemos, pero podría ser sancionado sólo con el respaldo de los partidos provinciales de Misiones y Río Negro, habituales aliados del Gobierno, y una ayuda del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quien aún no se expresó.
Los misioneros y rionegrinos, según supo LPO, podrían acompañar pero se acoplarían a un reclamo que ya hicieron varios gobernadores y se estamparía en la ley: la eliminación de las "fases" como parámetro para las restricciones. Entienden que el sistema puede tener sentido en las grandes urbes, porque apunta a evitar aglomeraciones y uso del transporte púbico, pero trajo un alto costo económico y político en zonas despobladas.
"Fue un grave error, porque en lugar de focalizar controles donde están en contagios nos cerraban y fundían comercios sin sentido. Es hasta más seguro que la gente trabaje protocolizada", sostuvo ante LPO un habitual aliado del Gobierno en Diputados.
Alberto mantiene todo igual y manda una ley para zanjar la discusión con Larreta
Los cuatro diputados cordobeses fueron claves cada vez que el Gobierno necesitó sancionar una ley sin respaldo de Cambiemos, como las reformas tributarias, el nuevo índice jubilatorio y la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.
En aquel debate Horacio Rodríguez Larreta supo que el rechazo al binomio presidencial que comparten porteños y cordobeses no asegura una alianza entre sus gobernantes. No debería esperarla con este proyecto, que si es ley podría ser utilizado por Alberto como un trofeo en la disputa que mantiene en la Corte con la Ciudad por el cierre de las escuelas.
A minutos del anuncio presidencial, los referentes de Cambiemos se preocuparon en aclarar que no están dispuestos a darle atribuciones especiales a Alberto para definir cuarentenas a gusto, aunque sus asesores jurídicos admiten en estricto off que una pandemia es motivo suficiente para gobernar por decreto, sobre todo porque Cristina Kirchner y Mauricio Macri los aplicaron para temas de menor envergadura.
"Debatiremos el proyecto que enviará el Presidente. Pero bajo ningún punto de vista vamos a conceder facultades extraordinarias para disponer de la libertad de los argentinos o avasallar las autonomías de las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esperamos no encontrarnos con ninguna sorpresa. Vamos a analizar con mucho detenimiento el texto cuando ingrese al Congreso", advirtió el jefe de Cambiemos en Diputados Mario Negri.
Sin su bloque, al Frente de Todos le faltan 11 diputados para llegar a la mayoría simple de 129 votos y 6 suelen estar garantizados con el aporte de Unidad para el Desarrollo (Udeso), un bloque presidido por el mendocino José Luis Ramón e integrado por fuerzas provinciales como las que gobiernan Río Negro y Misiones.
Puede aportar la neuquina Alma Sapag, también cercana al gobernador Omar Gutiérrez; y el resto de la tarea para alcanzar el quórum consiste en rascar votos sueltos de una variada oferta de partidos chicos, como la dupla asociada del riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia, o el variopinto interbloque federal, compuesto por los 4 cordobeses, 2 socialistas santafesinos, 3 lavagnistas y los peronistas sin jefe Eduardo Bucca y Andrés Zottos.
De esa oferta Alberto puede hallar los aliados para aprobar su ley, sancionarla con mayoría oficialista del Senado, resolver su pleito con Larreta y tomar medidas para reducir los contagios de Covid sin acumular nuevas denuncias en la Corte. En su conferencia, el presidente habló de una norma para facultar "al presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional".
"La pandemia nos exige una inmensa responsabilidad. Y es la política quien debe tomar las decisiones y encontrar las respuestas al desafío que enfrentamos. Esto es mi responsabilidad y es nuestra tarea colectiva", fue su mensaje.
El debate jurídico puertas adentro del Congreso versará sobre las facultades que en tiempos de pandemia puede arrogarse un presidente sin pasar por el filtro legislativo ni perder el respeto a las autonomías provinciales, según los parámetros establecidos en la Constitución.
Los DNUs fueron el principal instrumento utilizado por el presidente para administrar la pandemia, junto a las leyes de emergencia que había aprobado en diciembre de 2019 y le permitieron reestructurar cada ministerio a gusto. También por decreto habilitaron hace un año al jefe de Gabinete Santiago Cafiero a reasignar partidas sin ley.
En su artículo 99, la Carta Magna habilita al presidente a firmar "decretos por razones de necesidad y urgencia", firmados "conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros".
Puede hacerlo cuando "circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes" y "no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos".
La ley regulatoria de estos decretos obliga a una bicameral a evaluar las razonas de "seguridad y urgencia" que llevaron a un presidente a evitar un debate en el Congreso. No debe evaluar el contenido y sólo pierde validez si ambas Cámaras del Congreso, después de emitirse dictamen, lo rechazan en los recintos.
Ningún presidente lo permitirá, porque antes de llegar a esa instancia anulará el decreto o lo sustituirá con una ley, como hizo Mauricio Macri en varias ocasiones durante su gestión, cuando la minoría en el Congreso lo lleva a firmar DNU para los temas más variados. Hasta tenía la costumbre de firmar en enero algunos bien amplios con medidas de todos los ministerios, que hacía llamar "mega decretos" y la oposición de entonces lo obligaba a corregir.
Con ese antecedente, asesores jurídicos de Cambiemos aseguraron a LPO que no será fácil objetar decretos del presidente "si como anunció certifica problemas científicos, claros y precisos que confirmen un colapso sanitario. Debería llevarse evidencia de que eso no ocurre y es bastante difícil. Claramente, esta vez se asesoró bien", admitían.
Saldado ese asunto, el debate transitará por las competencias de las provincias que no se pueden alterar, como sugirió el diputado del PRO Pablo Tonelli cuando se debatió el DNU que cerró las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires.
Citó el artículo 5 de la Constitución, que obliga a la Nación a reconocer las provincias sólo si dictan "una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria".
Alberto consiguió el dictamen del Congreso para validar en la Corte el cierre de escuelas
Casualidad o no, mientras espera la resolución de la Corte, para los próximos 21 días Larreta sólo mantuvo clases presenciales en la escuela primaria. El otro punto del debate será por el artículo 121 de la Constitción, que conserva en las provincias "todo el poder no delegado al Gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación".
En su conferencia de este viernes, el gobernador Axel Kicillof intervino en el debate. "Por la Constitución de 1994 los decretos de necesidad y urgencia son ley. Y en la provincia de Buenos Aires son ley y la vamos a respetar. Para colmo estamos en una pandemia y en un mal momento para forzar discusiones sobre autonomía, menos todavía porque en cuestiones sanitarias la autoridad máxima es el gobierno nacional, encabezado por el presidente", señaló.
Mientras esperan el proyecto de Alberto, los juristas cambiemistas repasan también el dictamen del procurador interino Eduardo Casal, enemigo declarado del Gobierno, que avaló el reclamo de Larreta para tener abiertas las escuelas pese a que un decreto presidencial indique lo contrario.
Entre sus argumentos manifestó que la medida funciona como "una virtual intervención federal, al arrogarse potestades eminentemente locales, tales como las materias de salud y educación" y que la educación primaria, como había citado Tonelli, es la obligación de las provincias para conservar sus autonomías.
El debate jurídico, en este caso, seguiría con la equiparación jurídica de la Ciudad autónoma a las provincias que suele ser rechazado por gobernadores y legisladores. Pero una ley general, denominada "de orden público", dejará esa discusión en segundo plano. Sólo si Alberto logra sancionarla.
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Negri advirtió que no habrá "facultades extraordinarias". Las fuerzas provinciales piden desterrar las fases"
Falso. No se presentó un proyecto de ley "de cuarentenas" ni se busca conceder al presidente "facultades extraordinarias" no previstas en la Constitución y las leyes. apenas se quiere dejar bien establecido cuáles son las potestades presidenciales para dictar decretos de necesidad y urgencia, algo que no pareció importarle mucho a Macri cuando gobernó.
"Los cuatro diputados cordobeses fueron claves cada vez que el Gobierno necesitó sancionar una ley sin respaldo de Cambiemos, como las reformas tributarias, el nuevo índice jubilatorio y la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires"
Falso. No existió tal cosa como una "quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires". Sí hubo en su momento una quita compulsiva del gobierno de Macri a las provincias para regalarle más recursos a la ciudad más rica del país que el presidente corrigió mediante una ley, a diferenciadel decretazo de Mauri en su momento.
"los referentes de Cambiemos se preocuparon en aclarar que no están dispuestos a darle atribuciones especiales a Alberto para definir cuarentenas a gusto, aunque sus asesores jurídicos admiten en estricto off que una pandemia es motivo suficiente para gobernar por decreto"
El proyecto de ley no le otorga al presidente la potestad de "definir cuarentenas a gusto" sino que precisamente define los límites y alcances objetivos que tales medidas deben tener para entrar y salir de vigencia. Esto aleja a la política sanitaria tanto de los caprichos del gobierno o de la oposición pero también obliga a los distritos a respetar las disposiciones a partir de indicadores preestablecidos, eliminando las discusiones por punto. Además, si una pandemia mundial que ya le costó la vida a 60 mil compatriotas no es una circunstancia de "necesidad y urgencia" como para que se dicten decretos, ¿Qué circunstancia lo sería? ¿Era más urgente poner jueces por decreto en el macrismo que proteger la salud de la ciudadanía?
"En su artículo 99, la Carta Magna habilita al presidente a firmar "decretos por razones de necesidad y urgencia", firmados "conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros".
Puede hacerlo cuando "circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes" y "no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos"
Anda circulando un virus que no tiene cura que mata personas. A mayor circulación de personas, más muertes. ¿No son circunstancias de "necesidad y urgencia"? Ningún decreto reguló materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.
"Ningún presidente lo permitirá, porque antes de llegar a esa instancia anulará el decreto o lo sustituirá con una ley, como hizo Mauricio Macri en varias ocasiones durante su gestión, cuando la minoría en el Congreso lo lleva a firmar DNU para los temas más variados. Hasta tenía la costumbre de firmar en enero algunos bien amplios con medidas de todos los ministerios, que hacía llamar "mega decretos" y la oposición de entonces lo obligaba a corregir"
Qué raro que en aquel momento el pro y la UCR no estuvieran tan preocupados como ahora por qué cosas son dignas de un decreto, sobre qué temas se puede decretar y, sobre todo, por definir las circunstancias de "necesidad y urgencia" para un decreto presidencial. ¿No son los defensores del diálogo,
La República y las instituciones como el congreso, donde eso debería debatirse?
"Saldado ese asunto, el debate transitará por las competencias de las provincias que no se pueden alterar, como sugirió el diputado del PRO Pablo Tonelli cuando se debatió el DNU que cerró las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires"
Falso. Ningún DNU en la historia "cerró las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires". Apenas se cambió a modalidad virtual por 10 días hábiles en el contexto del pico de contagios de una pandemia mundial que ya mató a 60 mil argentinos y que recrudece ante los aumentos de circulación de personas, como los que implica la educación presencial.
"Citó el artículo 5 de la Constitución, que obliga a la Nación a reconocer las provincias sólo si dictan "una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria"
La ciudad de Buenos Aires no es una provincia ni puede ser reconocida como tal porque no tiene constitución sino ley fundamental, que no es lo mismo.
"El otro punto del debate será por el artículo 121 de la Constitción, que conserva en las provincias "todo el poder no delegado al Gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación"
Algo que no alcanza a la ciudad de Buenos Aires porque no es una provincia. La superposición de jurisdicciones está prevista en la Constitución Nacional y en la legislación vigente (como la ley Cafiero) y establece sin dobles lecturas posibles que ante superposición jurisdiccional tendrá preeminencia la jurisdicción de mayor orden: el estado nacional.
"Mientras esperan el proyecto de Alberto, los juristas cambiemistas repasan también el dictamen del procurador interino Eduardo Casal, enemigo declarado del Gobierno, que avaló el reclamo de Larreta para tener abiertas las escuelas pese a que un decreto presidencial indique lo contrario"
Seguro que el "enemigo declarado del gobierno" Casal fue totalmente objetivo en su fallo. Miren si va a andar respondiendo al partido político que lo puso a dedo en su cargo tras echar a su predecesora de forma irregular...
"Entre sus argumentos manifestó que la medida funciona como "una virtual intervención federal, al arrogarse potestades eminentemente locales, tales como las materias de salud y educación" y que la educación primaria, como había citado Tonelli, es la obligación de las provincias para conservar sus autonomías"
Tema que ya está saldado en la legislación vigente que establece que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia.
En esta, ALberto se esta moviendo bien, los papeloneros con los "opositores".