El secretario de Energía Darío Martínez solicitó a los diputados aprobar la nueva ley de biocombustibles que reduce los cortes obligatorios y advirtió que no es posible frenar las subas en los surtidores con el régimen actual que caducó este miércoles y el Gobierno  prorrogó dos meses por decreto.

Los senadores, por unanimidad, habían pedido extenderla 4 años, pero chocaron con los diputados de su propia fuerza política.  "Con cada incremento de 10% de aceite de soja, hay una suba del 1% el surtidor de gasoil. Y en el caso de la tonelada de maíz, cada 10%, un 0.6% va al precio de la nafta. En el último año, los precios subieron un 100%", advirtió en una nueva exposición ante la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados, este vez en plenario con Presupuesto. 

El kirchnerismo no cedió y la nueva ley de biocombustibles baja los cortes con soja y maíz 

Todavía no hay acuerdo con Cambiemos para emitir dictamen en forma virtual por lo que el oficialismo tal vez debería convocar a una sesión de comisión en forma presencial para poder enviar el proyecto al recinto, donde aún no tiene los votos garantizados. 

El proyecto baja de 10 a 5% el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil y si bien sube de 10 a 12% el de naftas, obliga a que la mitad sea a base de caña de azúcar, un golpe de gracia a la plantas que producen a base de maíz.

Hay que sostener esta transición energética y bajar la huella de carbono, pero los biocombustibles son una de las herramientas que hay que desarrollar en materia de transición energética", porque "nuestra matriz es en base a gas.

"Hay una disminución para amortiguar en surtidor la suba del precio internacional del aceite de soja, el componente básico del biocombustible", justificó Martínez. La ley, además, le permite bajar el corte a 3% o subirlo, siempre según las cotizaciones de los commoditys.

El secretario garantizó que la ley le otorgará a las pymes un cupo máximo de 50 mil toneladas al preservar "una distribución equitativa entre las empresas del sector impidiendo la concentración de esos cupos".

Y recordó que en este momento los cupos no se cumplen porque no hubo precio disponible y la ley promete calcularlo con un margen de ganancia para las compañías.  "El precio se calculará teniendo en cuenta los costos distintivos de los biocombustibles así como la rentabilidad adecuada para las empresas", prometió. 

Martínez calculó más de 40 empresas productoras en  10 provincias y 32.500 trabajadores con riesgo a perder sus puestos si no hay una ley. La mendocina Jimena La Torre recordó que una ley que reduce los parámetros ambientales es anticonstitucional, porque incumple el acuerdo climático de París en 2015.

Florencia Lampreabe, del Frente de Todos, replicó con la hasta ahora desconocida estrategia oficial: al renovarse la ley y no los decretos ampliatorios, los cortes vigentes son de 5% y por lo tanto el proyecto de Máximo lo mejora. 

"Hay que sostener esta transición energética y bajar la huella de carbono, pero los biocombustibles son una de las herramientas que hay que desarrollar en materia de transición energética", porque "nuestra matriz es en base a gas", agregó Martínez.

El socialista santafesino Luis Contigiani fue el principal defensor del biodiesel. "La baja del corte de biodiesel es un error. Es cierto que en los últimos ocho, nueve, diez años todo el sector no ha producido más allá del 5%, el 7%, pero no se olviden que esos sectores venían de tener los precios congelados, y no se necesitó modificar ley: colocaron a las pymes del biodiesel al borde de la desaparición durante el gobierno anterior".