El crecimiento de casos en Córdoba, sumados a la tensión y el enojo de comerciantes afectados por las restricciones anunciadas por Nación, puso a la gestión municipal que encabeza el intendente Martín Llaryora a poner el foco en el coronavirus. En un mismo día, el titular del Palacio 6 de Julio anunció más centros de testeos en la capital cordobesa y una batería de exenciones impositivas para los sectores que se vieron perjudicados por el confinamiento.

Este miércoles en las últimas horas de la tarde, el intendente se reunió con el Secretario de Gobierno, Miguel Siciliano; y con el Secretario de Finanzas, Guillermo Acosta, para ajustar los detalles más finos del decreto que anunciaba la eximición impositiva.

Tras la reunión se confirmó que los comerciantes, jardines maternales y demás sectores que se hayan vistos perjudicados en sus ingresos por las medidas que anunció Nación la semana pasada iban a quedar eximidos de la cuota 5 en el pago de las tasas de Comercio e Industria; como así también confirmaron que alcanzará a taxistas, remiseros y transportistas escolares con el Impuesto al Automotor municipal.

Desde los pasillos del Palacio 6 de Julio confirmaron a LPO que la nómina de los beneficiarios será un trabajo coordinado con la Multisectorial para determinar a quiénes alcanzan los anuncios.

Con la jugada, Llaryora, cerró un reclamo que empezaba a tejer la oposición en el Concejo Deliberante con los concejales Juan Negri (UCR) y las macristas Eugenia Terré y María Iglesias.

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Pero, además, el anuncio del intendente capitalino también tuvo un guiño a la sucesión del PJ provincial. Porque, horas antes de la decisión que salió del Municipio, en los despachos del Centro Cívico se produjo una reunión encabezada por el vicegobernador Manuel Calvo, y los ministros Silvina Rivero (Coordinación) y Eduardo Accastello (Industria y Comercio).

De ese encuentro, salió una foto y la promesa de un anuncio para los sectores afectados en la provincia, y la aclaración de que se hacía a instancias del gobernador Juan Schiaretti, quien aún no se reincorporó a la actividad oficial.

El vicegobernador Calvo definía las medidas y el intendente Llaryora adelantó la jugada de la Municipalidad

En El Panal, varias voces coinciden con la preocupación que manifestaron intendentes en el interior y que derivaron en una serie de llamados y mensajes entre varios nombres con peso dentro del gabinete schiarettista para lanzar un anuncio. Entre esas conversaciones, estuvieron involucrados, además de los mencionados funcionarios, los ministros Facundo Torres (Gobierno), Osvaldo Giordano (Finanzas), Alfonso Mosquera (Seguridad) y el titular de la cartera de Desarrollo Social, Carlos Massei, uno de los funcionarios que integra la mesa chica del gobernador y conoce al detalle lo que ocurre con los intendentes en el interior provincial.

Tras el anuncio de Llaryora, el paquete de medidas provinciales aguarda el trazo fino de Schiaretti, quien está supervisando las conversaciones que se producen en el seno de su gabinete.

Al mismo tiempo, y en materia sanitaria, Llaryora también acentuó los testeos en la capital provincial, sumando dos nuevos centros de hisopados: el Polideportivo Carlos Cerutti y el Polideportivo General Paz, donde entre miércoles y jueves confirmaron la elevación en la tasa de positividad de los testeados.

La tensión con los comerciantes quedó expuesta durante la manifestación de este martes. En el primer día hábil desde el regreso de las restricciones más duras, comerciantes del centro de la ciudad de Córdoba desafiaron el DNU nacional y abrieron sus puertas igual. A

demás, creció el malestar entre gastronómicos y referentes de otras actividades restringidas porque en la mañana de este miércoles se conoció que el fiscal provincial, Andrés Godoy, a cargo de la Unidad Fiscal de la Emergencia Sanitaria, pidió un relevamiento de todas las cámaras del centro capitalino para rastrear a las personas que participaron de la manifestación de este feriado del 25 de mayo.

La tensión entre los comerciantes y el mencionado fiscal comenzó en el mediodía del martes, en la previa a la manifestación que se desarrolló en distintos puntos del país, cuando un par de dueños de comercios e integrantes de agrupaciones de padres que piden no se interrumpa la presencialidad en las escuelas, fueron notificados por efectivos de la Policía de la provincia advirtiéndoles que estaba prohibido formar parte de la protesta.

Después de eso se produjo la manifestación y ya en las primeras horas de este miércoles llegó a uno de los principales despachos de la Jefatura de Policía el pedido del fiscal Godoy con el material de todas las cámaras del microcentro cordobés.

Esto derivó en una serie de críticas al Gobierno provincial. Pero no solo del sector comercial, sino también desde el arco opositor a la gestión que encabeza el gobernador Juan Schiaretti.