El Frente de Todos firmó dictamen de la ley para abordar los casos de violencia institucional de las policías y los servicios penitenciarios sin el voto de Cambiemos, que prometió un despacho propio que contemple la responsabilidad de las autoridades políticas.

"No podemos dejar escindidos a los actores estatales de la violencia institucional sino cometemos el error de generar autonomía de las fuerzas de seguridad en relación a la toma de decisiones y la toma de decisiones es siempre política", protestó la radical Karina Banfi, para anunciar el rechazo de la oposición al texto que el oficialismo impuso con su mayoría en comisiones, que no puede replicar en el recinto. Necesita negociar con bloques chicos. 

La ley tiene como objetivo "generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional cometidos por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional". Es de "orden público" y de "aplicación obligatoria en todo el país", aunque en varios fragmentos invita a la adhesión de las provincias. 

El proyecto garantiza la recepción de denuncias en centros especiales, la asistencia a las víctimas y reforma los sistemas disciplinarios de las fuerzas, que deberán cumplir con "los Principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales" dispuestos por la ONU. Se insta a actuar con "perspectiva de género" y se restringe las detenciones de los adolescentes en centros especializados. 

También se crea un Tribunal de Disciplina especializado para juzgar las faltas graves y se instruye al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura a armar organismos en las provincias que ignoren la ley, motivo de una segura disputa con aquellas que gobierne la oposición. 

Fotografía HCDN

La diputada del Frente de Todos Paula Penacca, presidenta de la comisión de seguridad, informó una serie de modificaciones que no alcanzaron para conformar a la oposición, aunque varias parecieron con la intención de intentarlo. 

"Existe la voluntad en el oficialismo de seguir trabajando cada punto de este proyecto de ley para conseguir un acuerdo en el recinto y lograr que se vote con una amplia mayoría para dar un mensaje a la sociedad", confió, quien dirigió el plenario desde el anexo C del edificio anexo, junto a su par Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos.  

 Hoy no logramos un dictamen único. Reflexionen su posición porque todavía podemos lograr acuerdos y tender puentes. Esta ley no es una panacea y a la violencia institucional no la vamos a resolver mañana con una ley, pero es una herramienta más y muy necesaria 

Por caso, si bien no se amplió la aplicación de la ley a funcionarios políticos, se readecuó la definición para dejar abierta la posibilidad de hacerlo con otras normas. Además, se incorporó un observatorio de violencia institucional, para registrar los casos y hacer un seguimiento; y se exime del pago de la tasa de justicia a las víctimas y a sus familiares, que podrán recibir una reparación económica en caso de "lesiones gravísimas".  

Otro agregado es la prohibición del patrocinio jurídico institucional a las fuerzas, que tendrá el seguro rechazo de Patricia Bullrich, presidenta del PRO y ex ministra de seguridad, donde se jacta de haber retomado la defensa judicial de los policías acusados de cometer abusos en el uso de la fuerza.

Se crea un registro de armas de fuego y otro sobre efectivos de las fuerzas de seguridad que fueron sancionados, "una idea que aportó el diputado Cristian Ritondo, de cuando era ministro de Seguridad". sostuvo Penacca.  

Otro capítulo polémico es el del protocolo en las manifestaciones públicas, en las que deben quedar registrados los policías que actúan, pero haber un diálogo previo de un funcionario político. No se podrán usar armas letales y se retendrán por un año de las "modulaciones policiales realizadas por sistemas de radio". 

Además, en caso de prosperar la ley, se de debe garantizar la actividad periodística y una última incorporación es garantizar un control externo a las fuerza. Cualquier ciudadano "tendrá derecho a tomar imágenes, audio y video de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad".  

"Hoy no logramos un dictamen único. Reflexionen su posición porque todavía podemos lograr acuerdos y tender puentes. Esta ley no es una panacea y a la violencia institucional no la vamos a resolver mañana con una ley, pero es una herramienta más y muy necesaria", celebró Leonardo Grosso, quien recordó casos de abusos policiales durante el gobierno de Mauricio Macri, como el asesinato de Rafael Nahuel.

Banfi auspició de vocera del rechazo de Cambiemos y reclamó la derogación de los artículos 205 y 239 del Código Penal que permiten apresar a quien se resiste a una orden policial. "Ahí comienza el problema", señaló y citó la desaparición de Facundo Astudillo Castro y una detención en Santiago del Estero por publicaciones en Facebook.

"La violencia institucional es una deuda histórica del Estado, pero también se enmarca en el contexto de la pandemia donde a través de DNU se constituyeron restricciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos. Por la pandemia, se construyó un Estado policiaco, que es el germen del incremento de la violencia institucional en el país", aportó la radical Brenda Austin.