La ley de etiquetado frontal, que obliga a informar los nutrientes críticos de los alimentos y bebidas analcohólicas de forma visible en los envases, tuvo dictamen este martes en Diputados con respaldo de un sector de Cambiemos que garantizará su sanción cuando se trate en el recinto.

El despacho logró 91 votos entre las cuatro comisiones, la mayoría del Frente de Todos más un grupo de opositores que lideraron los radicales Brenda Austin y Karina Banfi. Compensaron el rechazo de los oficialistas de las provincias azucareras, que presentaron un dictamen de minoría redactado por el tucumano Pablo Yedlin. 

También firmó su propio proyecto Carmen Polledo, del PRO, con parámetros más flexibles para la industria, mientras que su compañero Alejandro García presentó uno en rechazo que tuvo sólo dos firmas. La iniciativa había sido aprobada casi por unanimidad en octubre en el Senado, dónde fue empujada por los mendocinos Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) y Julio Cobos (UCR)  y después de varias reuniones informativas en Diputados parecía destinada al freezer. 

Pero la semana pasada la oficialista Cecilia Moreau, titular de la comisión de legislación general, convocó a un plenario con la decisión de dictaminar y así fue. Habría influido que el jueves Argentina abandonó la presidencia pro tempore del Mercosur, donde esta ley hace ruido por las ventas de alimentos entre los países. 

Argentina exporta por 1500 millones en ese rubro y la cancillería, en noviembre, había rechazado la ley y reclamado que en tal caso haya una regulación por resoluciones ejecutivas, fácilmente modificables por un gobierno de turno. Los diputados oficialistas obedecieron hasta este martes, aunque aún deben incorporar la ley en un temario de sesión para que tenga sanción definitiva. Todavía no hay fecha.

El proyecto obliga que los alimentos y bebidas analcohólicas informen sus nutrientes críticos con una etiqueta octogonal, de color negro y letras blancas, que ocupe al menos el 5% del tamaño del envase. 

Y entiende por nutrientes críticos los "excesos" en azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, causales de la mayoría de las enfermedades evitables. Los edulcorantes y la cafeína deben informarse y aclarar que no es recomendable para niños, niñas y adolescentes. 

También se prohíbe publicidad dirigida a niños de los productos que tengan al menos un sello de calidad, mientras que el resto podrá seguir apareciendo en la TV pero sin destacar valores positivos que intenten eclipsar las falencias nutricionales. 

Daniela Vilar y Florencia Lampreabe. 

Una vez sancionada la ley, las empresas tendrán 180 días para adaptarse, las pymes y cooperativas populares podrán excederse un año más; y el Gobierno, cuando lo considere, podrá otorgar una prórroga de un semestre más. Además, el Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la ley, o sea, faltará mucho para que el etiquetado se ponga en práctica aún después de sancionarse en el recinto. 

Pero a la industria de alimentos no le alcanzó. Reclama un sello menos visible y no acepta que para definir el nivel "crítico" de nutrientes se tomen los valores de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que serían más exigentes que los utilizados para políticas domésticas. 

Polledo firmó un dictamen con esas demandas, sólo recolectó 12 firmas y no tendrá peso en el recinto. "Nadie ignora que la obesidad y el sobrepeso no es buena para niños y niñas. Y no me hablen de lobby, porque esto se escribió en mi despacho sin presión de nadie", se defendió. Sostuvo que el etiquetado y la prohibición de publicidad son propias de "regímenes autoritarios" y que son necesarios métodos "menos estigmatizantes y más precisos". 

Tenemos niños y niñas mal nutridos, es visible en el peso y la talla, pero lo que no son visibles son las consecuencias cognitivas. Necesitamos una alimentación sana y segura.  

El que propuso en su dictamen consiste es un semáforo con colores rojo, amarillo y verde, que ya se utiliza en Inglaterra e Irlanda, e iba a ser propuesto por el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein cuando impulsó la ley en 2018, repartió cuadernillos pero no pudo hacerse escuchar en el Congreso. "Esta es una ley pensada para países importadores de alimentos; y somos exportadores", criticó al dictamen de mayoría. 

Y sostuvo que parámetros no deben ser los de la OPS sino otros establecidos en "guías básicas" definidas con posterioridad, una posición que compartió Graciela Camaño, del interbloque federal, cercano a Roberto Lavagna. "No podemos dejar la definición de los valores en un grupo de burócratas internacionales", reclamó la bonaerense. 

Pero un grupo de cambiemistas que pidió la ley todos estos meses estaba decidido a no bloquearla y menos a hacerle modificaciones para que retorne al Senado, donde si bien se aprobó con amplia mayoría también hubo mucho llamado de empresarios antes de votar.  

"Hay una enorme mayoría de legisladores de los 3 partidos que vamos a acompañar", se apuró en anunciar la radical Carla Carrizo, quien de todos modos reclamó 3 modificaciones. Precisar los alimentos procesados y ultra procesados obligados a tener un sello de calidad, proteger la línea de alimentación de primera infancia, para los 36 meses de vida; y revisar los plazos. "Chile y Uruguay pusieron 3 años y tuvieron que prorrogar", comparó. 

Por la Coalición Cívica se sumó el respaldo de Mariana Stilman y del PRO se destacó la santafesina Gisela Scaglia, sin ningún pedido de modificaciones. Pero Austin y Banfi lideraron la ofensiva para que no faltaran votos, con la firma al dictamen como vino del Senado. 

"Hay una resistencia al debate de numerosos proyectos en los últimos 20 años. Amerita que pensemos que tenemos una oportunidad para consagrar un derecho que tiene que ver con defender el acceso a la salud y el acceso a la información, que es lo que hoy debemos priorizar", sostuvo Austin.

"Acompañamos la media sanción con pedidos al Ejecutivo para que respete de manera integral y armónica la lectura de la norma y del perfil de nutrientes de la OPS. También nos hacemos eco de los pedidos de Unicef, OPS/OMS y FAO para que, en el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y del acceso a la salud y la información, podamos dar un paso tan importante como el que estamos buscando con una enorme mayoría", completó la cordobesa. 

Banfi le recordó a Polledo que ya hay restricciones a publicidad de otros productos porque los parámetros de la libertad de expresión refieren siempre a los sectores más desprotegidos. "Es un paso para garantizar la salud alimentaria y porque protege especialmente aquellos que no pueden hacer valer sus derechos como son los niños, niñas y adolescentes".

El plenario fue con modalidad mixta: algunos diputados en la sala del anexo C y el resto vía remota. 

El en el oficialismo, que pisó esta ley durante todo el semestre, hubo voces mas agresivas a favor. "Autoritario, me parece a mi, es imponerle a la sociedad consumos que afectan su salud sin su consentimiento y sin que estén informados", le contestó a la diputada PRO su colega del Frente de Todos Florencia Lampreabe a Polledo.

"Los niños comen el 40% más de productos azucarados, 2 veces más pastelería y 3 golosinas. El marketing cuesta plata y a los sectores populares se les dificulta cada vez más el acceso a alimentos de calidad", agregó.

La primera en defender la ley por el bloque conducido por Máximo Kirchner había sido la lomense Daniela Vilar. "Tenemos niños y niñas mal nutridos, es visible en el peso y la talla, pero lo que no son visibles son las consecuencias cognitivas. Necesitamos una alimentación sana y segura", advirtió. 

El dictamen de los oficialistas de las provincias azucareras lo escribió Yedlin y lo firmó la jujeña Carolina Moises y el radical tucumano José Cano. Y se adapta a todas las demandas de la industria: propone la etiqueta se use sólo para productos procesado y ultra procesados, exceptúa a productos de formula para lactantes de 36 meses de edad, excluye a la OPS como monitor de los parámetros nutricionales y amplía los plazos a entre 12 y 24 meses posteriores a la sanción. Además, deja expreso la posibilidad de armonizar la regulación con el Mercosur. Nada de eso fue tenido en cuenta.