Lejos de cualquier presión interna, Juan Schiaretti define estratégicamente la lista de candidatos con la que intentará retener los más de 600 mil votos que obtuvo Unión por Córdoba en 2017, cuando obtuvo dos diputados nacionales, resultado con el cual sentaría a su esposa, Alejandra Vigo, en el Senado de la Nación.

Pese a esta comodidad, debe mirar de cerca el resto del tablero. Por eso sigue de cerca las negociaciones del Frente de Todos, y en particular el demorado "sí" de Martín Gill para encabezar la lista en el tramo de Diputados. Se sabe que Hacemos por Córdoba llevará en lo alto de la boleta a Natalia de la Sota. Portadora del apellido más potente del peronismo cordobés, la hija del fallecido gobernador ya está en campaña, con recorridas propias y actividades en conjunto con Vigo.

En el comando de campaña de Hacemos por Córdoba reconocen el poderío que acumuló Gill con la mayoría de los intendentes de la provincia, sobre la base de la poderosa billetera que le habilitó Gabriel Katopodis cuando lo hizo su segundo. Por eso temen el poder de daño que podría ocasionar el también intendente de Villa María. Y aunque el gobernador no le quita la mira de encima, planea pelearle votos en su bastión, el departamento General San Martín, en el centro de la provincia.

En ese marco, el otrora padrino político de Gill y actual ministro de Industria provincial, Eduardo Accastello, es quien suena para acompañar a Vigo en el binomio para el Senado, una candidatura testimonial pero que tendrá gran despliegue de recursos durante la campaña. En este marco, se daba por terminada la posibilidad de que el vicegobernador Manuel Calvo secundara a Vigo, que fue uno de los planes que se barajó.

Cuando era intendente de Villa María, Accastello fue llevado a jugar en las grandes ligas por José Manuel de la Sota, quien lo nombró ministro de Gobierno. Luego Accastello se cruzó al kirchnerismo duro y fue su candidato a gobernador en 2015, enfrentado a Schiaretti y Llarryora. Con 17 puntos (la mejor elección del kirchnerismo ante el PJ Córdoba) perdió la elección y deambuló por Tribunales Federales en el marco de una investigación por el hallazgo de una caja fuerte con dólares en una financiera caída en desgracia. Sobrevivió a los pasillos judiciales y regresó al peronismo cordobés. "Accastello ya pagó sus deudas con el peronismo de Córdoba", resumen en El Panal, donde sigue siendo un dirigente valorado por la estructura.

Con ese "análisis territorial", si Gill es candidato del Frente de Todos, Accastello rompería el acuerdo con el actual intendente y lo enfrentaría, con la mira puesta nuevamente en ese municipio. Actualmente, Gill está de licencia de su cargo de intendente, la que es renovada sistemáticamente por los concejales de Accastello. Si van a la batalla cuerpo a cuerpo, es probable que ese acuerdo termine, con lo cual Gill debería regresar a su cargo de intendente o convocar a elecciones. Esa variable es parte del análisis.

En Diputados, se mantiene firme en la danza de nombres como dos de Natalia de la Sota el intendente de San Francisco y "hermano de la vida" de Martín Llaryora, Ignacio García Aresca; mientras que en el tercer lugar corre con ventaja la actual diputada nacional Claudia Márquez, quien cuenta con el aval del intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas; mientras que en el cuarto lugar, también testimonial, aparece en los borradores el actual ministro de Agricultura provincial, Sergio Busso.

En la ciudad de Córdoba, la campaña tendrá como protagonista fundamental al intendente Llaryora, quien empezará a "revalidar su gestión", indicaron en el equipo de campaña peronista. "No es un plebiscito del Gobierno provincial o municipal, lo que se discute es si Córdoba aprueba o no a Alberto Fernández; pero no podemos negar que para sentar a Vigo en el Senado necesitamos que la ciudadanía convalide las gestiones de Schiaretti y Llaryora", señalaron a LPO.

En la ciudad, el actual diputado Paulo Cassiniero comanda la campaña, en coordinación con Llaryora: en la mesa de acción política están sentados tres representantes de cada una de las 14 seccionales y los 12 directores de los Centros de Participación Comunal (CPC), organismos de descentralización administrativa los que Llaryora amplió sus funciones para hacerlos "operativos".