El Rey Emérito, Juan Carlos I, lleva un año fuera de España luego del escándalo que lo involucró por supuestos negocios irregulares en el extranjero, especialmente, con la monarquÃa de Arabia Saudita.
Como reveló en su momento LPO, la principal investigación, desde junio de 2020, se centra en el cobro de 65 millones de euros (77 millones de dólares) por presuntas comisiones en las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia SaudÃ), adjudicadas a un consorcio español.
Sin embargo, el monarca no tiene causas abiertas y el Gobierno aclaró que puede regresar a España cuando lo desee. Su partida abrió un debate interno en Moncloa y el ala dura del Gobierno representada por Unidad Podemos impulsó la retirada de sus cargos reales. Finalmente, eso no prosperó.
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En este contexto, LPO habló con el catedrático, Rafael Calduch Cervera, especialista en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid quien sostuvo que "la salida de España de Juan Carlos ha estado dominado por tres temas centrales como la evolución de la pandemia, la evolución económica con el lento e irregular proceso de recuperación del empleo, y los problemas de relación polÃtica con y entre las elites del independentismo catalán". "En ese contexto el tema de la estancia en el extranjero de Juan Carlos ha sido un tema de relevancia secundaria, a pesar del revuelo mediático que causó en su momento, ya que todavÃa no se han producido cambios significativos en la investigación fiscal y penal que permitan considerar una imputación o el sobreseimiento", agregó.
Cervera indicó que "el debate abierto, principalmente por el partido Podemos y su lÃder de ese momento Pablo Iglesias, tras su salida del Partido no se ha vuelto a abordar el tema y no prosperó por tres razones fundamentales. 1) Porque mucho de los que se presentaban como privilegios de la realeza en realidad eran derechos atribuidos a los Jefes de Estado, sean reyes o presidentes. Por ejemplo, la inmunidad penal por los actos realizados durante su mandato. En los sistemas republicanos, los presidentes no son penalmente imputables, previamente debe realizarse un impeachment parlamentario o moción de censura que lo autorice, en el caso de las monarquÃas cabe realizar una abdicación, como fue el caso".
En cuanto a otros "privilegios" de naturaleza económica, " el especialista sostuvo que "la Casa Real española es de las menos costosas Jefaturas del Estado de toda Europa y, desde luego, con la renuncia del Rey Felipe VI a ciertas partidas del presupuesto y a la herencia de Juan Carlos cerró definitivamente esa polémica". "El hecho de que al mismo tiempo el dirigente de Podemos comprase una mansión de 1,5 millones de euros no le atribuyó autoridad moral ante la opinión pública para mantener sus crÃticas", añadió.
Calduch Cervera enfatizó que "con frecuencia se olvida, especialmente por los republicanos españoles, que la sociedad española es culturalmente monárquica. Desde la invasión napoleónica en 1808 hasta nuestros dÃas, el sistema republicano sólo ha supuesto una década contando la Iª y la IIª Repúblicas". "El propio dictador Franco quiso garantizar la continuidad de su régimen y para ello buscó recuperar la legitimidad monárquica", aseguró.
La última encuesta publicada por el periódico La Razón el 1 de Agosto de 2021 señala que el 57,6% quiere el regreso del rey emérito y que el 53 % prefiere la MonarquÃa parlamentaria frente al 38,5 % que quiere una República.
Sobre el rol de Felipe VI durante todo este debate, el académico aseguró que "el Rey Felipe VI, en buena medida por el asesoramiento de la Reina Letizia, ha sido diligente, contundente y mediáticamente transparente frente a los casos de corrupción familiar, empezando por los de su hermana y su cuñado Urdangarin, por hechos ya juzgados y condenados, y siguiendo por los de su padre con hechos todavÃa bajo investigación". "Ello ha contribuido a restaurar la confianza popular en la institución monárquica, en general, y en Felipe VI en particular", aseveró.
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Por último, Rafael Calduch Cervera, planteó que "el Presidente de Gobierno en España, sea Pedro Sánchez o cualquier otro, tiene por obligación constitucional que entenderse y respaldar la Jefatura del Estado, que es una MonarquÃa, como el Jefe del Estado debe por obligación constitucional avalar la acción polÃtica del Presidente de Gobierno, como acaba de hacerlo firmando el Decreto de los indultos a los dirigentes catalanes condenados".
"Por tanto, el margen legal de maniobra del Sánchez era muy escaso, algo que su Vicepresidente sabÃa y trató de rentabilizar polÃtica y electoralmente, aunque como se vio en las elecciones madrileñas no funcionó, pero podÃa y debÃa haber evitado la falsa polémica institucional que se desencadenó en los medios de comunicación ya que el cuestionamiento fiscal y penal no era respecto del Rey Felipe VI sino respecto de su padre", resaltó y amplió: "Su escaso compromiso público en la defensa institucional de la Jefatura del Estado fue considerado por amplios sectores de la opinión pública como debilidad polÃtica ante su socio gubernamental, lo que no le benefició públicamente".
La salida de Pablo Iglesias del Gobierno descomprimió la presión sobre Sánchez en relación a este tema que no contribuye a una agenda de tensiones que Moncloa debe abordar en plena caÃda de las encuestas que lo complican para las próximas elecciones generales.
