Un fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la causa por el Vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas y exigió a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que investigue a todos los que recibieron dosis "saltándose la fila".

Capuchetti había archivado parcialmente la causa y consideró que no hubo delito de parte de 65 de los 70 vacunados VIP. Entre ellas estuvieron empresarios, periodistas como Horacio Verbitsky, familiares de funcionarios, y funcionarios como Alberto Fernández. La jueza había considerado que esas personas eran parte del grupo de "prioritarios" para vacunarse, ya que se trata de personal de salud, estratégico, con más de 60 años o comorbilidades. 

Ese fallo no fue apelado por el fiscal Eduardo Taiano, pero sí fue cuestionado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El planteo quedó en manos de la Sala integrada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, fuertemente enfrentados con la Casa Rosada.

Bruglia y Bertuzzi son los dos jueces más emblemáticos que Mauricio Macri trasladó por decreto simple y desde el día uno del gobierno de Alberto estuvieron en la mira. El oficialismo logró aval del Consejo de la Magistratura para desplazarlos pero la Corte Suprema ordenó que se queden en sus cargos hasta que sean designados sus reemplazantes.

Este lunes Bruglia y Bertuzzi tuvieron una mínima venganza al firmar junto a Mariano Llorens el fallo que ordenó continuar con toda la investigación del Vacunatorio VIP. Los camaristas sostuvieron que se debe investigar "qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular".

 "¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Más a ninguno de ellos les llegó la invitación", afirmaron los jueces.  

Además, cuestionaron el argumento de la jueza Capuchetti respecto a que el hecho pudo haber sido una cuestión ética, no delictiva. "La cuestión ética si bien tiene su cuota, ciertamente el manejo de bienes escasos bajo la exclusiva y excluyente gestión del Estado no fue un tema que pasara inadvertido", fue la respuesta de los camaristas.

"La situación ética alegada, en base al análisis aquí efectuado, no permite descartar que sea producto de una conducta ilícita, que -por otro lado-siempre es antiética. Aquí se trató de decisiones particulares, que sólo atendieron a contadas situaciones. En ese terreno, el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal", agregaron.

"Se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales", concluyeron los camaristas.

De esta manera, la causa judicial iniciada en enero pasado que tiene como imputados a Ginés González García y su sobrino Lisandro Bonelli ahora deberá ser profundizada. La jueza tenía tan sólo bajo investigación cinco casos pero ahora deberá investigar tal cual le impuso la Cámara a los vacunados considerados vip como Alberto Fernández, Carlos Zannini, Eduardo Duhalde, Eduardo Valdez, Horacio Verbitsky y empresarios, entre otros.