El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quedó en una mala posición luego que se conociera la falta de pruebas que contiene la investigación contra con el principal líder opositor y referente del PAN, Ricardo Anaya, quien denunció una persecución judicial del Gobierno y se fue del país.

Como relevó LPO, los líderes de los partidos opositores PAN y PRD viajaron a Washington la semana pasada para interiorizar al secretario General de la OEA, Luis Almagro, sobre lo que consideran un situación de extrema gravedad institucional en su país que podría terminar en "una dictadura al sur de Estados Unidos".

Desde el primer momento de la denuncia de Anaya, AMLO se hizo el desentendido del proceso que el procurador General de México, Alejandro Gertz Manero, inició contra quien fue su principal rival en las pasadas elecciones presidenciales. El problema es que Gertz fue nombrado por el propio López Obrador y es considerado un cuadro activo del partido de gobierno, Morena.

Para despejar cualquier sospecha de persecución política, López Obrador le pidió a su Procurador que publique la investigación contra Anaya, pero el tiro le salió por la culata. Al conocerse los detalles de la investigación quedaron en evidencia la falta de elementos jurídicos de peso para sostener la acusación de cobro de sobornos por parte de Anaya cuando era diputado.

"Si no paramos la violencia política en México, vamos a tener una dictadura"

Básicamente, la acusación se basa en la declaración del enjuiciado por corrupción ex presidente de Pemex, Emilio Lozoya, quien afirma que se entregó dinero a legisladores del PAN para conseguir la aprobación de la Reforma Energética durante la presidencia del priista Enrique Peña Nieto. Y no mucho más.

En el documento, la Fiscalía aclara que se trata de la "versión pública" de los hechos, se da cuenta de la denuncia que realizó Emilio Lozoya contra Anaya, a quien asegura haberle dado 6,8 millones a de pesos para cambiar su voto.

En el documento, la Fiscalía aclara que la acusación se basa en la "versión pública" de la denuncia que realizó Emilio Lozoya contra Anaya, a quien asegura haberle dado 6,8 millones de pesos para cambiar su voto.

"Emilio N, en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones superiores para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo N, para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil", dice el texto.

El problema de la declaración de Lozoya es que asegura haber entregado ese dinero en agosto de 2014, es decir al menos ocho meses después de la votación de la Reforma Energética. Allí aparece el primer dato llamativo, porque se estaría "comprando" votos muchos meses después de la aprobación.

Pero en el propio documento de la Fiscalía aparece esta incongruencia, cuando se afirma que "según constancia en actas ministeriales dicha cantidad se le entregó a Ricardo N en el año 2014", y en el párrafo siguiente se asegura que "posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados quedó constancia" de que Anaya votó a favor de la Reforma Energética.

En el círculo rojo rápidamente se burlaron de Gertz por querer aportar como prueba el voto afirmativo de Anaya, así como lo hicieron otros 353 diputados. El problema es que esa votación no fue "posteriormente", sino unos ocho meses antes. De hecho, no fue en 2014, sino en diciembre de 2013. En todo el argumento de Gertz se repite esta inconsistencia de fechas.

Anaya se hizo eco de estas fallas y agregó el dato de que en esa fecha -es decir en la supuesta entrega de dinero- ni siquiera era diputado, porque ya había pedido licencia para ocupar la Secretaría General del PAN.

El principal opositor mexicano denunció persecución de López Obrador y se fue del país

"Andrés Manuel está poniendo la cara en una disputa política con Anaya, y podría pagar los costos de una carpeta de investigación demasiado endeble. Quiere decir que todo el acuerdo con Lozoya no sirvió para nada", asegura un funcionario mexicano que escuchó las quejas de AMLO.

El trabajo de Gertz está siendo cuestionado quizás como nunca antes. Pero no es la primera vez que se lo acusa de "desatender" los temas prioritarios del gobierno mexicano en el combate a la corrupción. El fiscal es cuestionado por demorar expedientes importantes para el Estado y en cambio ser sumamente efectivo en investigaciones donde está vinculado de alguna manera.

En el propio documento de la Fiscalía aparece esta incongruencia, cuando se afirma que "según constancia en actas ministeriales dicha cantidad se le entregó a Ricardo N en el año 2014", y en el párrafo siguiente se asegura que "posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados quedó constancia" de que Anaya votó a favor de la Reforma Energética.

Por ejemplo, en el entorno de López Obrador circula el dato de que la única preocupación en la que ocupa su tiempo el fiscal es la carpeta contra la familia política de su hermano Federico. Los acusa de haber abandonado a su hermano durante los últimos meses antes de su muerte. Ya logró que Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán -pareja de Federico- está en prisión.

Disgustado, AMLO empezó a pedir información de los vínculos de Gertz y posible conflictos de intereses a modo de presión, entre los que se destacan un litigio con la familia Jerkins por la titularidad del nombre de la Universidad de Las Américas en donde Gertz fue rector -y algunos dicen que aún es dueño.

AMLO empezó entonces a recibir más datos de los conflictos de interés que envuelven a Gertz, que seguiría de cerca las causas que lo involucran de algún modo, e incluso usaría funcionarios de la Fiscalía en su favor. En cambio, expuso al Presidente a una disputa política con uno de sus principales adversarios, con una carpeta que tiene fallas por todos lados.

El líder mexicano está envuelto en una enorme disputa con el poder judicial y el Instituto Nacional Electoral por su intención de reformar ambas instituciones y ahora parece estar dispuesto a polarizar con el principal opositor para 2024 aunque esto implique la confirmación de un giro autoritario.