Emilio Lozoya está de regreso en el ámbito de los negocios, o quizás nunca se fue. El ex director general de Pemex, ex prófugo y desde hace poco más de un año beneficiado por un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) -que le evitó pisar una cárcel mexicana-, vuelve a su lugar original.

Desde hace dos semanas circula en el establishment el dato de que en ciertos domicilios de la Ciudad de México Lozoya protagoniza encuentros de negocios que tienen que ver con asuntos donde está involucrado el dueño de Fintech Advisory, David Martínez, que también tiene sus complicaciones judiciales pero con el Departamento de Tesoro de EEUU.

Según dijeron a LPO personas que han conversado con Lozoya, este se explaya casi como un emisario de Martínez. Explica aristas del proceso de rescate de Grupo Posadas, futuros movimientos en el accionariado de Grupo OMA e incluso hace poco le ofreció a un financiero mexicano la posibilidad de adquirir la filial local del banco Sabadell, proyecto que Martínez trajo desde España pero que no termina de despegar.

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Lozoya y Martínez se volvieron extremadamente cercanos cuando el primero era director de Pemex y Martínez le propuso la asociación con la petrolera noruega Seadrill. El relato más detallado de asociación lo aportó el ex dueño de Oro Negro, Gonzalo Gil Whithe.

Martínez tiene una sintonía absoluta con el gobierno de AMLO y al interior del staff presidencial domina la tesis de que Lozoya no es arrestado, a pesar de casi no haber aportado resultados con su "colaboración", por esa cobertura que le da su amigo regiomontano.

En sus encuentros Lozoya, más allá de su fascinación por los números, habla extensamente de la sucesión del 2024 y plantea escenarios judiciales para su persona según quien sea el ganador.

Extraditado desde España en julio de 2020, Lozoya se convirtió en colaborador de la FGR. El exfuncionario, acusó entonces a un grupo de políticos, entre ellos a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.

A un año de su denuncia, los dichos del exfuncionario apenas han generado acción judicial. La FGR solo ha procedido contra uno de los presuntos implicados en la red de corrupción, el ex senador panista Jorge Lavalle. El exfuncionario ha pedido otra prórroga de investigación al juez para acumular más evidencia, periodo que concluiría en octubre.