El testimonio del ex fiscal regional Patricio Serjal fue lo más trascendente que sucedió en la audiencia que tuvo lugar el pasado viernes en el juicio oral que se está llevando a cabo en los tribunales de Rosario por el desastre ecológico que causó la ex Petroquímica Bermúdez, propiedad del empresario Sergio Taselli. En el juicio se busca determinar si fue correcto el cierre express de la causa por contaminación ambiental.

Hasta el momento se encuentran imputados por los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público y encubrimiento, el propio Serjal y el ex fiscal Gustavo Luzzini, quien se desempeñó como fiscal de Estado adjunto durante la gestión del gobernador socialista Miguel Lifschitz, quien falleció este año por coronavirus.

La causa se cerró en 2019, durante el último año de la gobernación socialista. Y de acuerdo a los testimonios recabados, el cierre se produjo por un pedido del fiscal Juan Carlos Ledesma al juez Juan José Tutau. Ledesma dijo que fue presionado por Serjal para cerrarla, y ahora Serjal en su testimonio asegura que sus decisiones, a su vez, fueron conversadas con el fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini.

La causa por la contaminación que afectó a alumnas del colegio Nuestra Señora de los Milagros y trabajadores de Celulosa fue cerrada por una orden directa del entonces fiscal regional, Patricio Serjal. Este viernes el ex fiscal reveló que la decisión la tomó por instrucción del procurador Baclini.

La historia comenzó en 2015, cuando el gobierno de Miguel Lifschitz detectó que la Petroquímica Bermúdez no cumplía con los protocolos de protección y estaba provocando una gravísima contaminación medioambiental que afectó a alumnas de la escuela Nuestra Señora de los Milagros y trabajadores de la planta de Celulosa Argentina. 

La investigación que llevaron adelante los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y Pablo Lanza, terminó con una denuncia contra los dueños de la empresa por "contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos". Schiappa Pietra calificó como "patética" a la actuación de los entonces funcionarios de la Fiscalía de Estado. 

Se presume que en la planta había sustancias contaminantes como amoníaco, amianto y ácido sulfúrico y que la compañía no tomó ninguna medida para evitar el grave daño ambiental que estaba produciendo. Para los delitos de esta naturaleza, las penas oscilan entre tres y diez años; si por causa de esos delitos se produce una muerte, pueden llegar a 25 años. 

Schiappa Pietra incluso reveló que "las napas freáticas desde donde se extrae agua estaban totalmente contaminadas y muchas de ellas tienen correntada hacia donde se encuentra la primera toma de agua para potabilizar en Capitán Bermúdez. No sabemos si al día de hoy los vecinos siguen ingiriendo el agua contaminada por Petroquímica".

El ex fiscal General, Patricio Serjal.

Télam

"Yo dialogué varias veces con Baclini y con (el fiscal Juan Carlos) Ledesma", aseguró sin dudarlo Patricio Serjal en el transcurso de su declaración. Y agregó: "Si bien el fiscal general (Baclini) siempre estuvo a favor de la reparación del daño, le parecía más apropiado una probation. Después de eso Baclini cambió de postura, cambió de opinión, y le pareció que era viable una aplicación de un criterio de oportunidad, pero con una reparación al Ministerio Público a través de una aparatología que transmitiera los futuros hechos ambientales". Es decir, de las declaraciones de Serjal se desprende que Baclini estuvo de acuerdo en la aplicación del criterio de oportunidad, que fue el argumento jurídico al que se recurrió para decidir un expeditivo cierre de la causa.

Después volvió a hablar sobre la participación del fiscal general de la provincia en la decisión adoptada: "Lo que hablaba con Baclini se lo comunicaba a Ledesma, por lo general por Whatsapp. Con Ledesma tuve una sola reunión en el shopping Alto Rosario, porque ambos vivíamos cerca" añadió. 

Sejal reveló que el procurador Baclini cambió de parecer durante el juicio por contaminación y terminó impulsando la aplicación del "criterio de oportunidad", que fue el argumento jurídico al que se apeló para dictaminar el cierre express de la causa.

El ex fiscal regional Serjal se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, acusado de cobrar sobornos para proteger el juego clandestino en la provincia. Serjal reveló que estuvo a punto de quitarse la vida y que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. "Me destruyeron la vida con operaciones mediáticas", sostuvo. Después de dejar en claro que Baclini estuvo de acuerdo con el cierre de la causa por la gravísima contaminación ambiental producida por la Petroquímica Bermúdez, se negó a responder otra pregunta.

El ex gobernador socialista Miguel Lifschitz.

Télam

La causa que se está ventilando en los tribunales de Rosario por contaminación contra la ex Petroquímica Bermúdez es emblemática en materia de daño medioambiental. Y durante las tres audiencias judiciales acontecidas la semana pasada, desfilaron actores de mucho peso político y judicial en la provincia.

Ya prestaron testimonio como testigos el propio Baclini; el ex secretario de Estado de la provincia, Pablo Saccone; el fiscal Ledesma y el juez Tutau. También lo hizo César Mackler, secretario de Medio Ambiente en el gobierno de Lifschitz.

El abogado de Tasselli (Mariano Cúneo Libarona) dice que hay una remediación avanzada y es mentira. Probablemente todos aquellos que vivimos alrededor de Capitán Bermúdez tengamos daños irremediables a nuestra salud por lo que generó Petroquímica desde 2006 para adelante. Archivaron una causa cuando sabían que estaba todo contaminado.

Además de Serjal, en la causa está imputado ex el fiscal Luzzini, quien fue el fiscal de Estado adjunto en la gestión del Frente Progresista. Luzzini fue uno de los funcionarios judiciales que aprobó y refrendó la designación de Serjal como fiscal regional.

En las audiencias previas aparecieron detalles que eran, hasta ahora, desconocidos. Por ejemplo, Saccone y Mackler admitieron que el gobierno de Lifschitz y la ex Petroquímica firmaron varios convenios para que la planta realizara un cerramiento edilicio operativo y seguro con el fin de dejar de contaminar. No obstante, dijeron esos convenios "no se cumplieron o se cumplían solamente en una parte". Es decir, la contaminación nunca se detuvo y lo que es peor, las autoridades gubernamentales sabían lo que estaba sucediendo.