Alberto Fernández extendió por decreto hasta 2025 la suspensión de los desalojos a las comunidades indígenas, un plazo que ya prevé una ley aprobada en el Senado y dictaminada este miércoles en Diputados.

Pero como la extensión vigente vence el martes y no hay chances de traer a los diputados, el presidente firmó un DNU con el mismo texto de la ley, que establece además otros 290 millones de pesos para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) finalice un censo que inició en 2006, cuando se aprobó la ley original. 

El registro de las comunidades indígenas responde a una manda de la Constitución de 1994, pero como el censo nunca finaliza se prorroga una y otra vez y, mientras tanto, se extiende también la suspensión de desalojos a comunidades originarias.

El Senado aprobó la suspensión de los desalojos a los mapuches y Cambiemos se partió

En esta oportunidad, ese trámite quedó teñido por los incidentes en la Patagonia de la organización autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche (Ram). 

Para el oficialismo esos incidentes no tienen relación con la ley pero para la oposición son motivo suficiente como para pensar en otra norma que al menos estudie mejor quiénes son los que reclaman tierras.

"Es la primera y única política pública que trata el derecho para que podamos avanzar con el relevamiento", dijo la chaqueña Lucila Masin, del Frente de Todos. Contó que ya se registraron 998  comunidades y restan 762.

 "Hay más de 300 conflictos territoriales y esta ley viene a ser una respuesta inmediata del Estado para frenar los desalojos y conflictos", la defendió la salteña Alcira Figueroa, del Fdt. 

Carlos Heller. 

 Juan Carlos Giordano , de la izquierda, reprochó la demora en sancionar la ley. El apoyo de esa dupla puede ser clave si Juntos se une en el rechazo, algo que no ocurrió en el Senado, dónde los que provienen del norte del país apoyaron.  

El radical  chubutense Gustavo Mena anticipó el rechazo de Juntos.  "Esta norma no puede considerar el concepto de actualidad,  ni entrometernos en las decisiones de otro poder" al "suspender sentencias de desalojo" de la Justicia. Y reclamó tener en cuenta "el derecho a ser oído que tiene el propietario que eventualmente puede ser desalojado". 

Mena chicaneó con la versión de un DNU y Carlos Heller, presidente de la Comisión, no lo negó.  "¿Realmente usted cree que estamos en condiciones de convocar a sesión antes del 23 de noviembre, día que cae la ley?", preguntó. 

No hubo voces de Juntos a favor. "En los últimos cuatro años han pasado hechos gravísimos y lejos de conducirnos a resolver un problema, va a tender a agravar episodios que ya están sucediendo", reclamó el neuquino David Schlereth, del PRO.

Mientras que el también chubutense Ignacio Torres, flamante senador electo por el PRO, denunció que los grupos violentos de la pagatonia están "avalados y financiados por sectores de este Gobierno". 

Le contestó la salteña Lía Caliva, del frente de todos.  "Es una vergüenza que en el año 2016 solo hubo 7 relevamientos y 10 en el 2017. Y en 2020, en plena pandemia, hubo 48. Se está avanzando".