La Bahía de Cádiz parece haber vuelto a la normalidad. No hay policías corriendo a trabajadores con porras y tanquetas, ni barricadas ni humo, pero sí protestas, como en los últimos años, de distintos sectores de la sociedad indignados por sus condiciones de vida. Tras nueve días agotadores de huelga, el emblemático sector del metal comenzó a recuperar la actividad gracias a un acuerdo económico que recoge una revalorización de sueldos. Salvo eso, el resto de condiciones no cambian, más normalidad. También, como es normal, hay trabajadores disconformes con el trato cerrado por los sindicatos UGT y CC.OO a los que acusan de "venderse a la patronal". Si bien pidieron mantener la huelga y prometieron continuar con las movilizaciones y asambleas, saben que por ahora se mantendrá una tregua.

"Queremos que la llama no se apague, vamos a cambiar la dirección de la lucha" dice a LPO David Serrano Lomba, quien forma parte de la combativa Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), una organización que surgió en 2013 al calor de las protestas que se produjeron entonces contra los despidos por la disminución de la carga de trabajo en Navantia, la empresa pública naval que nuevamente está en el foco del conflicto.

Exclusivo: Viaje al interior del conflicto del metal que paraliza Cádiz

El nuevo frente de batalla -dicen desde CTM- es lograr que se cumpla el convenio denunciando a las empresas, incluida Navantia o Dragados, y las subcontratas. Además, dentro de las bases legales, la CTM quiere impugnar la negociación, en la que ni ellos ni la CGT, otro sindicato minoritario, estuvieron representados.

Queremos que la llama no se apague, vamos a cambiar la dirección de la lucha.

"Pan para hoy y hambre para mañana", así describió este trabajador eventual el acuerdo alcanzado por la patronal FEMCA y los líderes de UGT y CC.OO que permitió retornar a la actividad a casi 30.000 trabajadores y 5.600 empresas que durante nueve días paralizaron la emblemática industrial del metal de Cádiz.

La extenuante huelga acompañada de movilizaciones -y episodios de violencia- pasó factura tanto a las empresas como a los trabajadores en unas fechas "muy malas para no poder llevar algo de pan y regalos a la mesa de nuestros hogares", reconocen incluso los más intransigentes, resignados a que la mayoría de sus compañeros regresen a las factorías de Puerto Real, San Fernando y Cádiz.

El preacuerdo- no firmado- que se alcanzó el miércoles la noche establece que los trabajadores recibirán parte del aumento que exigían por el incremento de la inflación, con subidas de un 2% hasta 2023 incluido y compensaciones parciales retroactivas que se pagarán entre noviembre y diciembre. Solo en 2021 el IPC creció ya más de un 5%, de ahí que los fijos -ya que los eventuales tienen muy difícil cobrarlo si no reclaman o entran en juicio contra las empresas- obtendrán a fin de año una revalorización del 4,4%.

Además, la patronal se compromete a que si el 1 de enero de 2024 hubiese alguna disparidad entre la subida del 2% y el IPC del año anterior, lo incorporarán en la tabla salarial como base del nuevo convenio.

Tanto FEMCA como los sindicatos que negociaron saben que pese a haber blindado por tres años los sueldos, superando el gran escollo que motivó la huelga, están lejos de haber solucionado el problema, que en el fondo tiene que ver con las condiciones laborales. De hecho, recién se sentarán a negociar un nuevo convenio en septiembre del próximo año.

Hemos tenido batallas campales, personas lesionadas, nos han sacado las tanquetas militares a las calles, nos han reprimido ¿qué conseguimos? 20 euros más al mes.

El secretario de UGT FICA en Cádiz, Antonio Montoro, celebró que el pacto haya logrado cumplir con el principal objetivo de la huelga que era "no perder poder adquisitivo". No obstante, reconoce que la actualización del IPC no será inmediata. Precisamente, desde FEMCA, el secretario General, José Muñoz, hizo hincapié en el hecho de que el acuerdo tenga vigencia hasta final de 2023, algo que para las empresas era "imprescindible" para poder recuperar lo que perdieron desde el inicio de la pandemia y pagar los atrasos.

"Este acuerdo se hubiera alcanzado sin necesidad de huelga, dialogando, sin que nos hubiésemos perjudicado todos. Los trabajadores que secundaron la medida no cobrarán y las dejaron de facturar. El impacto negativo es brutal", subrayó ante LPO un joven empresario que se sentó en la mesa en la última ronda.

"Ha sido un despropósito. La situación ya era complicada para conseguir arañar márgenes para mejoras tecnológicas y digitalización del proceso, y ahora con los días que hemos perdido se nos ha jodido el año", añadió. También destacó la "imagen negativa de la bahía de Cádiz que se ha dado a los inversores". A pesar de ello, este miembro de FEMCA coinciden en el análisis que hacen los trabajadores de que el problema es Navantia y el descontrol sobre las subcontratas. Por eso se pregunta "para qué sirvieron nueve días de huelga".

"Hemos tenido batallas campales, personas lesionadas, nos han sacado las tanquetas militares a las calles, nos han reprimido ¿qué conseguimos? 20 euros más al mes", se quejaba, por su parte, un trabajador consultado por LPO, que calificó el acuerdo de "atraco a mano armada".

Tras el pacto en los chats de los grupos de huelguistas había comentarios como: "Les han tenido que poner muchas gambas y langostinos. Para lo único que sirven los sindicatos mientras los demás lucha por su trabajo".

"Nos usaron", "Venden a los suyos para engordar ellos", se quejaba otro trabajador que lleva casi 40 años con contratos eventuales, como 3 de cada 4 empleados del sector, que vive mayormente de las subcontratas de Navantia.

El derecho a huelga cuesta dinero en España, ya que día que no se trabaja es dinero que no entra ni en el bolsillo ni en aportes sociales para el seguro de desempleo. "Este mes nos van a quitar más de lo que nos van a dar con la compensación de los días de la huelga y la subida del IPC", admite Serrano.

Muchos trabajadores eventuales como él, tampoco tienen esperanzas de cobrar el retroactivo pactado, puesto que en el último año quizás trabajaron para dos o tres distintas subcontratas y deberá denunciar a sus empleadores, con lo que ello puede suponer en términos de represalias. "Estamos atados de pie y manos. Las subcontratas tienen un mínimo de personal fijo que normalmente son familia directa o indirecta de dueños o mandos", denuncia.

Aunque el pacto incluye la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo que reunirá cada tres meses, los eventuales no se fían porque creen que UGT y CC.OO "han entregado todo el poder a la patronal" a sus espaldas.

No hubo voto a mano alzada como históricamente sucedía en Cádiz cada vez que se negociaba un convenio. Lo que hicieron es mandar a sus emisarios a las empresas y explicar lo que acordaron como un hecho consumado, como el mejor acuerdo y sin abrir debate.

Si bien los sindicatos dijeron que el acuerdo había recibió el respaldo mayoritario en las asambleas de trabajadores, la CMT insiste en que "hubo manipulación". "No hubo voto a mano alzada como históricamente sucedía en Cádiz cada vez que se negociaba un convenio. Lo que hicieron es mandar a sus emisarios a las empresas y explicar lo que acordaron como un hecho consumado, como el mejor acuerdo y sin abrir debate", ahonda uno de los consultados.

El nacimiento de la CMT tuvo que ver con la práctica "corrupta" percibida en los sindicatos tradicionales, que por ejemplo, no han evitado el cierre de Airbus.

Los que se unieron al movimiento sostienen que los líderes de UGT y CC.OO no representan a los eventuales ni los intereses de los trabajadores porque son como "empleados públicos al vivir de las subvenciones del Estado, y no le van a morder la mano al que les da de comer". "Apenas representan a un 20% de los trabajadores. El resto o están en organizaciones alternativas o ni siquiera están afiliados", explica Serrano.

Como sea, la huelga del metal en Cádiz se convirtió en un símbolo que sacó a la luz los problemas graves de precariedad en gran parte de los trabajadores de la provincia, con un desempleo del 23%, muy por encima de la media del país del 14,5%.

Con este clima de fondo, la paz social no está asegurada. En parte dependerá de las futuras negociaciones del convenio de esta industria histórica que sigue dando de comer a muchas familias de la zona pese a perder fuelle con la globalización.

"El nuevo convenio no está redactado y tenemos que estar atentos para que los sindicatos no firmen cualquier cosa a nuestras espaldas", advierten los trabajados del metal descontentos, que recuerdan que al inicio de las negociaciones la patronal propuso a los sindicatos un convenio que era "un total robo y que buscaba convertirlos en esclavos del siglo XXI".

"Con la huelga y hemos conseguido una subida de sueldo y una prórroga para seguir negociando", remarcan.

Muchos vecinos de la Bahía de Cádiz coinciden en que la economía sumergida es lo que evita un estallido social en esta zona de Andalucía, región que irá a las urnas el próximo año, incluso antes de lo previsto.

  Teresa Rodríguez habla con trabajadores de la planta cerrada de Airbus.  

El gobierno regional, encabezado por el popular Juanma Moreno Bonilla, quien gobierna en coalición con Ciudadanos, reivindicó su papel en la resolución del conflicto después de que la ministra de Industria, la socialista Reyes Moroto, les quitó protagonismo filtrando una "mediación silenciosa" de su parte.

Con la región en precampaña, el conflicto del metal saltó a la arena política. La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien acompañó a los trabajadores del metal en las calles, pidió la dimisión del Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska por las cargas policiales y retó a la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a que fuera a Cádiz e interviniera en el conflicto.

"La espero más para mediar que para formar listas electorales", dijo en entrevista con LPO al referirse a al proyecto de candidatura de izquierda de la vicepresidenta, que en Andalucía no tiene muchas posibilidades de competir en un escenario sumamente fragmentado a la izquierda del PSOE.

Los trabajadores del metal y muchos de sus vecinos no se resignan a que Cádiz se consolide solo como destino de jubilados del norte de Europa, como la Costa del Sol.

En la provincia de Cádiz, en las últimas generales el partido que más votos obtuvo fue Vox. Sin embargo, la ciudad es bastión de la izquierda.

Oscar Martínez, taxista 39 años, quien votó al actual alcalde, José María González, alias Kichi, está decepcionado con Unidas Podemos, y ve el horizonte bastante oscuro. "Con trabajo en Cádiz vives bien, pero aquí hay una gran economía informal, hacen contratos de 4 horas y luego se trabajan 8 o 12 horas. Mucha gente de distintos sectores está en esa misma situación y está cansada", advierte.

Los trabajadores del metal y muchos de sus vecinos no se resignan a que la zona se consolide solo como destino de jubilados del norte de Europa, como la Costa del Sol. Recuerdan que ya en el pasado han defendido con uñas y dientes el futuro del sector: "A finales de los años 80 aquí en los barrios las mujeres de los obreros tiraban macetas a los policías de los balcones, y los niños tuercas. Hasta volaban lavadoras desde las ventas", recuerda un trabajador combativo, cuyo padre murió trabajando en un astillero, y su madre tiene una larga trayectoria de lucha sindical justamente en el sector de la limpieza de hoteles en la ciudad más antigua de Europa Occidental, convertida hoy en uno de los principales y más bellos puntos turísticos de la península Ibérica.