Después de 30 años de democracia una vez más los saqueos volvieron a ser noticia en nuestro país. Fue en diciembre pasado con un saldo de trece víctimas fatales y enormes pérdidas materiales. Y como en la crisis de diciembre de 2001 la dirigencia política buscó clasificar a los nuevos actores sociales emergentes y el accionar de los medios de comunicación con similares argumentos discursivos. 

En 2001 un trabajo de investigación que incluyó el análisis de 305 artículos periodísticos de diciembre de ese año y marzo de 2002, la opinión de periodistas acreditados en el Congreso de la nación, legisladores y funcionarios de la Alianza y diputados y ex presidentes la Nación de origen justicialista, arrojó como conclusión que para los políticos oficialistas (legisladores y funcionarios) los saqueos eran organizados intencionalmente por partidos políticos y/o motivados por algunos sectores del justicialismo de la provincia de Buenos Aires. 

Y, a diferencia de los cacerolazos, de quienes destacaban su carácter de organización espontánea, los saqueos aparecieron cuestionados como acciones más violentas. La construcción discursiva del Gobierno nacional de turno siempre tiene un sujeto político responsable de planificar la rebelión y un motivo que explique el saqueo. 

La Alianza en 2001 y el kirchnerismo de nuestros días coinciden en apuntar al peronismo de Buenos Aires, al carácter organizado de la protesta y al objetivo desestabilizador. Por aquellos años, la Alianza fundamentalmente hizo foco en el ex gobernador, Carlos Ruckauf, y el kirchnerismo en diciembre pasado le apuntó al ex jefe policial de Zona Norte y actual concejal de Lanús por el Frente Renovador, Salvador Baratta. No fue casualidad que el ministro de Justicia, Julio Alak, y su secretario, Julián Álvarez, denunciaran al massismo en una conferencia de prensa que tuvo cobertura y difusión similar a la de una cadena nacional.

Luego de esa denuncia mediatizada, tanto desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Ministro de seguridad, Alejandro Granados, como el diputado electo, Sergio Massa, realizaron manifestaciones y acciones para evitar un posible desborde en la provincia de Buenos Aires. 

El ex intendente de Tigre fue contundente cuando declaró que “el que saquea es un ladrón”. Sin embargo, en esta oportunidad el Gobierno sumó como principal responsable a un nuevo actor social como planificador de la protesta: la policía. Como sucedió con los dirigentes del peronismo en 2001, los policías fueron definidos como “extorsionadores y organizadores de la delincuencia para robar comercios y abandonar a la gente”.

Tanto la Presidente, Cristina Fernández de Kirchner como el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, fueron en esa dirección. En pocas palabras, hoy como en 2001, los saqueos son presentados por los gobiernos oficialistas como un reclamo que pierde validez y la justificación se concentra en que fueron y son acciones planificadas y ejecutadas por delincuentes que están al margen de la ley. 

Los Gobiernos también coinciden en la tendencia a plantear que los medios de comunicación exageran e influyen con una intencionalidad política para desestabilizar. La discusión sobre el uso y la repetición permanente de la palabra saqueo en los medios para generar desestabilización y violencia volvieron a entrar en juego. 

Durante 2001, la Alianza consideró que el modo en que los medios de comunicación reflejaban la protesta social a través de editoriales y columnas alimentaba el clima crispado. Según artículos periodísticos de la época, para los principales funcionarios del Gobierno el uso de la palabra saqueo generaba imagen y sensación de violencia en los habitantes. 

En esa dirección el propio De la Rúa, asesorado por diferentes especialistas, pidió que utilizaran otros recursos para referirse a esas manifestaciones y dijo: "Traten de darle una intensa respuesta a todo esto, pero hay que evitar hablar de saqueos porque se asocian con la violencia. (…) . El gabinete concluyó en eliminar la palabra saqueo y sustituirla, por ejemplo, por la expresión "demanda de alimentos".   

Esta estrategia discursiva se encabalgaba con una acción directa, que no llegó a concretarse: la intención de cancelar licencias de radio y cerrar canales de televisión. Según artículos de La Nación de esos años, los principales motivos de ese propósito recaían en que querían evitar la difusión de los saqueos y la represión policial. 

El gobierno tuvo la intención de ampararse en la Ley de Radiodifusión 22.285 que admitía aplicar sanciones a los medios en los que el contenido que trasmiten o la forma de expresión produzcan conmoción o alarma colectiva. La decisión estaba tomada pero a los pocos días De la Rúa renunció.

Hace unos años un vocero muy importante de la Alianza señalaba off the record para la investigación citada en párrafos anteriores que en 2001 “hubo medios que tuvieron un papel importante mostrando malintencionadamente la crisis. Siempre ponían las mismas imágenes dando a entender que había saqueos en todas partes y eso no ocurría. Recuerdo que pasaban una y otra vez la imagen de un hombre que se llevaba una media res en el hombro” , decía. 

En esta oportunidad las criticas sobre el tratamiento periodístico que tuvieron algunos medios de comunicación fueron realizadas por lo que se ha denominado en los últimos años “periodismo oficialista o militante”. Siguiendo a Ignacio Ramonet un periodismo que “no informa y que está más vinculado a la comunicación institucional” . 

En esa dirección el programa 678 de la TV pública acusó al periodista Luis Majul y al Grupo Clarin de ser “operadores del miedo que fomentan el caos y el desorden”. También fue el periodista Víctor Hugo Morales, uno de los periodistas que más reforzó la idea de repetición/desestabilización señalando en su cuenta de twitter que algunos medios como Clarin: “inventan saqueos. Hablan de saqueos. Impulsan saqueos. Logran saqueos. Mienten con fotografías falsas. Quieren opacar la fiesta democrática” .

El sociólogo francés Pierre Bourdie (1930-2002) en su texto ¿Qué significa hablar? explica que por medio de las palabras los medios producen ciertos efectos y ejercen una cierta violencia simbólica. Y que utilizar una palabra en lugar de otra cambia la visión que cada sujeto tiene del mundo social y en consecuencia persuade e influye de diferentes maneras. 

Sin embargo, lo anterior, a diferencia de lo que suelen expresar quienes gobiernan, no significa que las palabras y los medios tengan un rol determinante y, mucho menos, de destitución automática. Prueba de ello han sido las resoluciones que han tenido los conflictos sociales mencionados. Los medios de comunicación pueden influir pero eso no alcanza para lograr la credibilidad en lo que dicen. 

La credibilidad, solo puede se alcanzada cuando esas palabras son acompañadas con algunas evidencias. En definitiva, poco ha cambiado con respecto a años anteriores en las explicaciones y el Gobierno que “padece” el saqueo siempre busca responsables en la oposición y en los medios de comunicación pero suele dejar en segundo plano el origen. Nuevamente el error suele estar en creer que los efectos son las causas.