Cristina Kirchner tuvo una noche de furia, visiblemente enojada por la decisión de los buitres y la justicia norteamericana de investigar la procedencia y verdadera propiedad de los millones de dólares que el empresario Lázaro Báez habría camuflado en una compleja red de paraísos fiscales.

"Ya que son tan investigadores los periodistas, que les gusta tanto hacer grafiquitos con flechitas ¿Porqué no investigan quienes están detrás de la imprenta Donelly", dijo la Presidenta en obvia referencia a la investigación que hoy publicó el periodista Daniel Santoro en Clarín sobre la red de sociedad que ocultan los supuestos fondos de Báez, tema que pareció desestabilizarla.

Furiosa anunció que iba a aplicar por primera vez la Ley Antiterrorista con la insólita intención de hacerlo sobre la imprenta estadounidense Donnelley por "alterar el orden económico y financiero" del país.

Durante un acto en la Casa Rosada, la Presidenta vinculó a Donnelley, la empresa que el lunes cerró su planta de Garín y dejó a más de 400 empleados en la calle, con el fondo de inversión Black Rock al que vinculó a Paul Singer. Explicó que el cierre de la imprenta habría sido una maniobra de amedrentamiento y boicot de la economía de los buitres para obligarla a negociar.

Sin embargo, omitió explicar que ese fondo también posee un porcentaje minoritario de acciones en la petrolera estatal YPF. Además, Larry Fink, el CEO de Black Rock fue una de los pocas figuras de primer nivel de Wall Street que apoyaron expresamente a Argentina en el conflicto con los buitres. Fink llegó incluso a presentarse como "amicus curiae" de la Argentina ante los tribunales neoyorkinos en defensa del país y en contra del fallo del juez Thomas Griesa.

"Lo hicieron porque se repartieron con Paul Singer el rol de Policía Bueno y Policía malo", intentó explicar la Presidenta, tamaña contradicción.

Hoy se concretó en Nueva York una reunión para avanzar sobre estrategias de embargos de los fondos buitres, ante la caída de las negociaciones con los bancos internacionales y la certeza que al menos hasta el año que viene, el gobierno de Cristina no negociará.

En ese encuentro estuvieron representantes de NML de Singer, como el abogado Robert Cohen y  de la American Task Force Argentina que nuclea a bonistas defaulteados. Allí hubo fuertes amenazas de investigar en todo el mundo los bines de Báez y burlas por el impactante crecimiento patrimonial de la propia Cristina, como bien reveló la periodista Silvina Sterin Pencil que siguió el debate.

Furiosa, Cristina consideró esas expresiones ampliamente difundidas por los medios Una "amenaza" y un mensaje "casi mafioso" y se cuidó de aclarar que "no es contra esta Presidenta sino contra la Argentina".

"Quieren poner de rodillas al país, no mientras esté esta Presidenta", agregó.

Luego de anunciar en consecuencia que "hemos formulado denuncia penal ante la Justicia federal por alteración al orden económico y financiero", pidiendo por primera vez que se aplique la ley antiterrorista contra Donelly, la Presidenta reveló además que la AFIP se presentó ante el juez de la quiebra para que la revoque y “se extraigan testimonios para el delito de defraudación".

La Jefa de Estado dijo que la empresa no presenta problemas económicos y que, curiosamente, el viernes 8 de agosto presentó un pedido de quiebra en el juzgado comercial 19, secretaría 37, a cargo del juez Gerardo Sandiglia, y que el auto de quiebra salió el lunes 11. "Una quiebra express", afirmó. "Nuestros Griesa son más rápidos que Griesa, que es bastante lento", agregó irónica.

La denuncia del Gobierno quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, casualmente un magistrado especializado en el tema de quiebras fraudulentas.

Cristina también se refirió a las declaraciones del titular del fondo buitre Aurelius, Mark Brodsky, quien dio por cerrada las negociaciones con bancos privados. Enfatizó que "los fondos buitre no quieren arreglar, no solamente por avaricia, sino por una decisión política y geopolítica. Quieren volver a endedudar a la Argentina y que se caiga toda la reestructuración de la deuda".

Y elaboró otra confusa teoría conspirativa, según la cual detrás del intento de reabrir el problema de la deuda externa argentina, está la intención de Estados Unidos de quedarse con las reservas de gas y petróleo de la Argentina, porque "Medio Oriente está viviendo una situación muy complicada" y ya no pueden extraerlo de allí. "Es una nueva ruta de la Seda", agregó, remixando el viejo colonialismo en versión petrolera con objetivo de Vaca Muerta.