Cristina Kirchner envió al Congreso un proyecto para impedir la venta de acciones que el Estado tiene en decenas de empresas, heredadas de la estatización de las AFJP.

El proyecto que será tratado antes de octubre, crea una agencia presidida por el director de Anses, entidad que maneja hoy las acciones a través del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y será la encargada de continuar haciéndolo.

Pero sea quien sea el presidente, no le será fácil venderla y hacerse de unos dólares: necesitará una mayoría especial de las dos Cámaras, impensada de conseguir para un próximo presidente.

“Para decidir la venta de estos importantes activos de los jubilados y de los trabajadores, ya no bastará con la lapicera de nadie. Tendrá que ser aprobada por las dos terceras partes del Parlamento, para que sea un reaseguro, para que nadie disponga alegremente de los de los bienes de los argentinos”, celebró Cristina, en un acto en Casa Rosada que fue su primer reaparición tras las primarias del 9 de agosto.

“No queremos que nos suceda lo de Grecia”, ironizó la presidenta y puntualizó algunas de las tenencias del Estado, como “9% de las acciones de Aluar, empresa monopólica en la producción de aluminio; del 3,5% de las acciones de Cresud; del 20% de Molinos; del 27% de la productora y exportadora de limones San Miguel; del 26% de las acciones de Siderar; del 11% de Petrobras; del 64% por ciento de las acciones del Banco Hipotecario; y el 31% de las acciones del Banco Macro”.

También están en poder del Estado el 20% de las acciones del Banco de Galicia; el 25% de Nordelta y el 9% del Grupo Clarín”. Todas estas acciones y muchas otras “representan entre el 12 y 15% del total de los 548.000 millones de pesos” que maneja la ANSES a través del Fondo de Sustentabilidad.

El proyecto no cayó del todo bien la UIA, donde por estas horas, además de renovar autoridades, están airosos de participar por debates sobre un aumento de la productividad de creación de empleo. Pero ningún candidato los llama para eso.

“Esto es peligroso porque puede frenar la libertad de decidir de alguna empresa”, advirtió Francisco Gliemmo, miembro del Comité Ejecutivo de la UIA.

Gliemmo asegura que hasta ahora ninguna empresa tuvo problema para tomar decisiones por los directores del Estado, entre otras cosas porque en ningún caso representan más de una minoría.

“Esto no creo que afecte, pero lo que necesitamos es que se preocupen por mejorar la actividad económica. En ver porque no se está creando empleo”, relativizó.