María Eugenia Vidal reunió hoy a senadores y diputados de Cambiemos a quienes les trasmitió su preocupación por la burocracia del Estado bonaerense al momento de avanzar con una licitación de obra pública.
La Gobernadora y parte de su gabinete se reunieron con sus legisladores en el Salón Francés de la Casa de Gobierno y les planteó la necesidad de avanzar -apenas comiencen las sesiones ordinarias- con la emergencia en Infraestructura. “Entre que tomamos la decisión y adjudicamos una obra tenemos un plazo de once meses. No podemos esperar ese tiempo”, dijo Vidal.
En rigor, esa emergencia había ingresado a la Legislatura junto con las emergencias en Seguridad y del Servicio Penitenciario. Sin embargo, en el marco de la negociación con el Frente para la Victoria para lograr los dos tercios para aprobar el millonario endeudamiento que solicitó Vidal, se decidió dejar el proyecto de lado.
El despacho de Scioli. Durante la reunión con los legisladores, María Eugenia Vidal trazó un panorama de lo que se encontró cuando llegó al despacho de Daniel Scioli. Según contó, no había internet en la oficina (el ex motonauta pasó los últimos meses de su mandato en la sede porteña del Banco Provincia) y entre los cajones encontró un resumen de la tarjeta de crédito del fallecido ex gobernador, Alejandro Armendariz.
La iniciativa es polémica, toda vez que permite al Ejecutivo provincial saltear los complejos procesos de control que tiene el Estado bonaerense y avanzar con adjudicaciones directas por obras millonarias.
Según les dijo Vidal a los legisladores, la emergencia en Infraestructura es urgente y es provisoria hasta tanto se pueda avanzar con una modificación de la Ley de Obra Pública que permita acortar de 11 a 3 meses los procesos de licitación.
La legislación actual establece que cada expediente transcurra varios circuitos los despachos del gobierno y los organismos de control, en viejas carpetas de papel que esperan días y días por la firma de responsables de áreas.
El ministro de Infraestructura, Edgardo Cenzón, ya les planteó esta complejidad a los legisladores a un grupo de legisladores en el marco de la problemática por las inundaciones en el noroeste bonaerense. Palabras más, palabras menos, Cenzón les dijo que con la legislación actual era imposible buscar soluciones rápidas a esa problemática y les pidió que avancen lo antes posible con la emergencia en Infraestructura.
Por eso, con la idea de ganar consensos y evitar cuestionamientos, el vicepresidente de la Cámara Baja, Manuel Mosca, reúne mañana en esa región a un grupo de legisladores de todos los sectores políticos con los intendentes de General Villegas, Trenque Lauquen y Rivadavia. De allí volverá a surgir un pedido para que la Legislatura avance con la emergencia.
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- 319/02/1618:03La mejor experiencia en obras públicas fue el Ente del Conurbano Bonaerense, por supuesto con el Dr. DUHALDE.
- 219/02/1602:05AFANO DE EMPRESAS AMIGAS DEL JEFE EN PUERTA.
- 118/02/1622:18Ordenemos ideas.....Modificar la Ley de Obra Pública ( es lo que dice el título de la nota) no es declarar la emergencia en infraestructura, La declaración de emergencia implica no cumplir con los procesos y plazos previstos en la ley ( a grandes rasgos) y modificar la ley significaría ( en su caso y dependiendo de la modificación que se plantee en ese sentido) que a partir de la ley modificada se respetaría la misma. Como conclusión: Modificar la ley haría estar DENTRO DE LA LEY y declarar la emergencia sería lo mismo que decir que PARTE DE LA LEY ACTUAL NO SE APLICA. NO ES LO MISMO.
Durante la reunión con senadores y diputados de Cambiemos, Vidal confirmó que avanzará con un bono por 8 mil millones de pesos para pagar a proveedores. El monto del bono había sido adelantado por LPO, y el objetivo es hacer frente a la deuda que dejó con ese sector la administración de Daniel Scioli.
Según explicó la Gobernadora, el bono será oficializado en los primeros días de marzo y destacó que “es un bono altamente competitivo que está siendo aceptado y que regularizaría la deuda con los proveedores”.
La estrategia es cancelar compromisos con unas 1.200 empresas grandes, que proveyeron bienes y servicios al Estado bonaerense durante los últimos meses. Aunque 8.000 millones es el monto total de la deuda que el Estado bonaerense mantiene con los proveedores. Al menos, así consta en el informe que el ministerio de Economía envió a la Legislatura durante la discusión por el presupuesto 2016.