Tras haber aplicado a principios de marzo y sin previo aviso un “tarifazo” en los peajes de hasta el 500%, el gobierno macrista decidió ahora extender por un año todas las concesiones de las rutas más transitadas del país que había heredado de la administración kirchnerista.

La prórroga por 12 meses de los contratos de concesión de los corredores viales incluye a empresarios cercanos al actual y pasado poder como Angelo Calcaterra, primo de Macri; Eduardo Eurnekian, concesionario de los aeropuertos; Eskenazi y Cartellone (ver recuadro).

Pero el dato más impactante de esta prórroga que comenzará a regir a partir del 21 de abril, es que uno de los ocho concesionarios privados que vienen operando las rutas desde hace seis años quedará excluido por el elevado nivel de incumplimiento que registra en la ejecución de las obras contractuales.

El gobierno de Macri excluyó de la prorroga de concesiones a la firma Vialnoa de Eectroingeniería que administraba el corredor vial que atravesaba Santiago, Tucumán y Salta.

Se trata de VIALNOA, la empresa controlada por la firma kirchnerista Electroingeniería vinculada al ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. VIALNOA tiene bajo su órbita el corredor número 7. Este corredor vial abarca casi 800 kilómetros de las rutas 9 y 34 que atraviesan las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Salta.

Por la falta de cumplimiento de las obras mínimas y el marcado deterioro de las rutas que estaban dentro de su concesión, el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel resolvió darle de baja a Electroingeniería y poner transitoriamente en su lugar a la concesionaria de corredor número 3 que integran las constructoras Cartellone y Rovella Carranza.

Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, los dueños de Electroingeniería.

Electroingeniería—la empresa cordobesa manejada por Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, que durante la era K tuvo una estrecha relación con la Casa Rosada vía Carlos Zanini y un crecimiento exponencial de sus negocios y contratos con el Estado, viene de perder hace pocas semanas otra concesión vial en Bolivia.

Por atrasos en las obras y falta de pago a los contratistas locales, la administración de Evo Morales le rescindió un contrato de US$ 250 millones para la construcción de la carretera “Santa Bárbara-Caranavi-Río Alto Beni-Quiquibey" que había sido adjudicada a principios de 2010.

Más allá de estos traspiés, la empresa de Acosta y Ferreyra está a la espera de que los funcionarios macristas terminen de avalar la continuidad de las millonarias obras de las represas santacruceñas. Las últimas señales que bajaron de la Casa Rosada indicarían que el proyecto va camino a ser ratificado con una serie de modificaciones que apuntarían a reforzar la protección ambiental y a ampliar las líneas de transmisión que se requerirán para el traslado de la energía de las usinas hasta los grandes centros de consumo.

Roggio y Cristóbal López

Otra concesión vial que quedó en la mira de Vialidad y del ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich, es la correspondiente al corredor número 1 que está a cargo de la constructora CPC de Cristóbal López y Benito Roggio.

Si bien se han verificado se han registrado varias demoras en las obras previstas en las rutas 3, 205 y 226; en este caso el aspecto más crítico es el alto monto de las multas impagas que arrastra la concesionaria.

Las penalidades aplicadas por los inspectores totalizarían alrededor de 250 millones de pesos y si en los próximos días la empresa no se compromete a cumplir un plan de pagos, correrá la misma suerte que Electroingeniería.

Las rutas a cargo del las constructoras de Cristóbal López y Roggio acumulan multas impagas por más de 250 millones de pesos y si en los próximos días no firman un plan de pagos perderán la concesión.

En la última semana, los funcionarios de Transporte advirtieron que la empresa CPC de Cristóbal López también podría perder la concesión del Acceso Riccheri-Ezeiza-Cañuelas. En este caso es por la retención indebida de los recursos específicos de los peajes que debía transferir al Estado.

El modelo kirchnerista de concesiones viales que ahora el macrismo prolonga por un año representó un notable fracaso que se mantuvo por los sucesivos parches contractuales que se fueron aplicando y los crecientes compromisos de pago que fue asumiendo el Estado.

Inicialmente, los contratos que arrancaron en 2010 tenían un esquema muy particular. Mientras el Estado debía pagar todas las obras nuevas y de ampliación de las calzadas, los concesionarios sólo tenían que afrontar con la recaudación de los peajes los “gastos administrativos de las cabinas, el señalamiento y las tareas de mantenimiento de las rutas”.

En 2012, se renegociaron los contratos y los concesionarios quedaron con la única obligación de pagar los sueldos de los empleados y desde los cortes de pastos hasta los postes SOS y los servicios de atención a los usuarios en caso de accidentes pasaron a ser tareas remuneradas por el Estado.

Entre otros trabajos de mantenimiento que las operadoras viales le facturan a Vialidad se encuentran los bacheos y sellados de fisuras; la limpieza de carteles, barandas defensivas y desagües; el barrido de calzadas, banquinas y cordones y la poda de árboles y eliminación de malezas cercanas a las rutas.

A partir de 2013, los funcionarios K. desatendieron la continuidad de las obras en las rutas concesionadas para privilegiar los proyectos viales directos con provincias, municipios y cooperativas del interior.

De esa manera, los corredores viales quedaron con un nivel mínimo de obras de conservación y mantenimiento que ahora queda reflejado en el peligroso estado de deterioro estructural que presentan la mayor parte de las rutas con peajes.