Los últimos datos oficiales estiman que solo uno de cada tres alumnos desvinculados de la escuela volvió a las aulas, por lo que unos 700.000 chicos quedaron fuera del sistema educativo, aunque hay estimaciones alternativas que señalan que pueden ser incluso más.

Sin dudas, esta es la peor de las consecuencias de la tragedia educativa. Todos los chicos están afectados, pero los desvinculados totalmente tienen el resto de la vida amenazada. Y precisamente, en esto deben enfocarse las autoridades educativas, en lugar de fogonear el falso par de opuestos escuela-salud.

¿Qué vamos a hacer con esos 700.000 chicos que están fuera del sistema? No tendremos destino como sociedad si no disponemos toda la batería de recursos del Estado a remediar la catástrofe que hicieron el año pasado con el manejo poco inteligente de la pandemia.

Con los que sí permanecen también hay mucho que trabajar. La pérdida de escolaridad les reducirá posibilidades de desarrollo personal y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA proyecta que verán reducida su empleabilidad y sus ingresos futuros en un 8%. Todos los meses serán un poco más pobres, el país entero lo será.

Imaginen, entonces, el porvenir de los que quedaron absolutamente varados. Ellos necesitan la atención de las estructuras del Estado de manera prioritaria.

Hasta ahora, no hay acciones reales sobre el territorio, más allá de las que realizan directivos y equipos docentes de algunos establecimientos que por su cuenta salen a rescatarlos, sin una verdadera política oficial centralizada.