Con la recuperación de la democracia en el año 1983, las encuestas - hasta ese momento utilizadas fundamentalmente como una herramienta para determinar el mercado potencial de un determinado producto o servicio, evaluar hábitos de los consumidores o testear una publicidad - comenzaron a ser en nuestro país un insumo cada vez más requerido por candidatos y partidos políticos. Lo que comenzó como una actividad calificada, a la que pocos expertos accedían, con el tiempo se fue masificando en correspondencia con la alta demanda. Este proceso culminó en la explosión que vivimos en los últimos años, con la creciente incorporación de encuestadores y analistas sociales no siempre con la idoneidad y experiencia necesarias y - por qué no - con la honestidad e independencia requeridas.

Se ha tornado habitual despertarnos una mañana leyendo en distintos medios guarismos significativamente diferentes sobre imágenes de candidatos, comportamientos sociales o tendencias electorales futuras. Si bien las encuestas se mueven dentro del campo de las ciencias sociales y - como tales - trabajan con un margen de error, éste nunca puede equivaler a las amplias diferencias que suelen percibirse entre un sondeo y otro. Por ello, una pregunta que he escuchado a repetición es: "¿A cuál encuesta le creo?".

Las encuestas de opinión no van a desaparecer; por el contrario, estamos comenzando un año en el que van a ocupar un rol central. Por lo tanto, es deseable que el ciudadano común conozca a través de las mismas las actitudes e intenciones del conjunto de la población de una manera precisa y no sesgada. Este objetivo solo puede ser cumplido a través de la difusión de estudios hechos con rigurosidad científica.

A pesar de que no demasiados lo conocen, existe un Código Internacional de Prácticas para la Publicación de Resultados de Estudios de Opinión Pública suscripto por ESOMAR (European Society of Market Research) y WAPOR (World Association for Public Opinion Research), al que también adhiere la Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión (SAIMO), y cuyo objetivo es precisamente reducir el riesgo de provocar equívocos en el público mediante encuestas inadecuadas o mal presentadas.

Sería poco realista esperar que los medios mencionen todas las características técnicas de un estudio cuando presentan sus resultados: su espacio es limitado, y deben despertar y mantener el interés del público. Sin embargo, es preciso que los profesionales que han realizado las encuestas proporcionen, y los medios así lo repliquen, cierta información básica propuesta por dicho Código, especialmente cuando se tocan temas sensibles como la intención de voto:

· el nombre del instituto o empresa que ha efectuado el estudio;

· el universo representado (es decir, a quiénes se ha entrevistado en términos de edad, género, nivel educativo, nivel socioeconómico, etc.);

· el tamaño de la muestra o número de entrevistas sobre el que se basan los resultados · Su cobertura geográfica (ciudades y regiones del país que se representan, y número de casos para cada una de las mismas);

· las fechas de realización del estudio;

· el método utilizado para seleccionar la muestra (probabilístico, por cuotas, etc.);

· el método de recolección de la información (entrevistas personales en hogares, entrevistas personales en puntos de afluencia de público, telefónicas con intervención de encuestadores, telefónicas con sistema IVR, combinación de distintas técnicas, etc.); y

· la técnica de procesamiento de los datos (es decir, si se han ajustado las variables según la realidad poblacional).

Obviamente, con esto solo no alcanza. Es muy difícil saber - si no se ha hecho algún curso aunque sea básico al respecto - qué cantidad de casos se necesitan, por ejemplo, para que una muestra sea mínimamente representativa, cómo debe estar repartida en términos de variables sociodemográficas, así como otros elementos que hacen a un diseño de investigación serio.

Se impone, entonces, una doble reflexión: desde los medios, clarificar si lo que se persigue es meramente llenar un espacio sin tener en cuenta la procedencia y calidad del estudio; o bien comunicar información seria, precisa y honesta. Para ello no estaría de más tener en cuenta la trayectoria, expertise e independencia de las consultoras que respaldan los sondeos a ser publicados.

Y desde el punto de vista de los que realizamos la tarea, asumir el compromiso de cumplir con las normas de buenas prácticas profesionales. Llegados a este nivel de alta exposición de los estudios socio-políticos, ambos elementos seguramente contribuirán a tornar cada vez más innecesaria aquella pregunta de "¿A cuál encuesta le creo?".